Una tras otra. El Gobierno y el PSOE han estado enfrentando una serie de contratiempos que se suceden en días y semanas. La atmósfera entre los socialistas es de inquietud y creciente agitación, sumándose a la tensión generada por el inminente 41º Congreso Federal del partido, programado para dentro de un mes y medio en Sevilla.
El impacto del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que destaca el “papel significativo y responsable” del exministro José Luis Ábalos en la supuesta trama Koldo, se ha visto complicado por la querella presentada por el PP contra Ferraz por presunta financiación ilícita.
Además, el Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de secretos.
Este miércoles por la mañana, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonara la sesión de control en el Congreso, la noticia se desató. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aún estaban presentes en la Cámara. Ambos defendieron la “honorabilidad” y “profesionalidad” de García Ortiz; Montero destacó su integridad y Bolaños subrayó que “cumplió con su deber” al “perseguir el delito y proteger la verdad”.
El Ejecutivo se mantiene firme en la defensa de la “honorabilidad” y “profesionalidad” de García Ortiz, reiterando que “cumplió con su deber” al perseguir el delito y proteger la verdad.
El fiscal general cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno que lo designó. Apoya firmemente la idea de que no debe renunciar, a pesar de las sólidas demandas de parte de los fiscales. No se rendirá fácilmente y se mantiene en su puesto convencido de que su permanencia es lo más adecuado y sensato para la institución a mediano y largo plazo, ya que, según sus propias palabras, «refuerza la independencia» del ministerio público. La Moncloa respalda su postura, calculando que el caso terminará siendo irrelevante y que eventualmente se archivará. Sin embargo, en el Ejecutivo persiste la preocupación de que decisiones como las del Tribunal Supremo generen la percepción de que «la Justicia solo favorece a un lado», es decir, que busca perjudicar al Gobierno de coalición progresista. Esta es la primera vez en la historia democrática que el alto tribunal está investigando a la persona al mando de la Fiscalía General del Estado, lo cual representa un gran cambio.
La respuesta unánime de la Moncloa no era de esperar. El argumento que ha defendido el Gobierno, y que fue reiterado tanto en público como en privado este miércoles, es que la actuación de García Ortiz fue un «desmentido de un rumor». Según Bolaños, este «rumor» fue difundido por «un delincuente confeso», Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por ella y su «círculo político», incluyendo a su director de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
El ministro expuso que, en la disyuntiva entre los delincuentes que admiten sus delitos y los fiscales que son veraces, el Gobierno opta por respaldar a estos últimos. Su defensa del fiscal general en este asunto fue contundente, aunque al mismo tiempo expresó su «respeto» por la decisión unánime del Tribunal Supremo de iniciar una investigación en su contra.
En cuanto a las versiones opuestas que han surgido, el Gobierno parece tener la certeza de que la causa será archivada. Este convencimiento se fundamenta en los argumentos presentados por los jueces al imputar a García Ortiz. La imputación no se basa en la nota informativa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024 a las 10:20 a.m. Este comunicado tenía como objetivo responder a las solicitudes de información de los medios y a los rumores que circulaban, provenientes del entorno de Ayuso. En dicho comunicado, García Ortiz aclaró que la iniciativa para lograr un acuerdo para evadir la prisión surgió de González Amador y no de la Fiscalía. En otras palabras, fue González Amador, a través de su defensa, quien un mes antes había propuesto un entendimiento con el ministerio público a cambio del reconocimiento de dos delitos fiscales, permitiéndole así evitar la cárcel. Por el contrario, la versión que circuló la noche del 13 de marzo, proveniente del entorno de la presidenta madrileña, sostenía que la Fiscalía había propuesto el pacto inicialmente y luego lo había retirado con el fin de perjudicar políticamente a Ayuso.
Los magistrados del Tribunal Supremo han decidido abrir la causa por unanimidad, no debido a la nota de la Fiscalía, sino a la información «indebidamente revelada» en correos electrónicos que se publicaron antes de la difusión de ese comunicado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había acordado iniciar una indagación en contra de la Fiscalía. Al presentar su exposición al Tribunal Supremo, argumentó que una nota de prensa emitida el 14 de marzo podría haber supuesto una filtración de información confidencial. Sin embargo, el TS ha contradicho esta interpretación. En un auto de 21 páginas, el tribunal señala que la polémica nota «especifica la secuencia de las diligencias penales relacionadas con un individuo», González Amador, y concluyen que no hay en ella «datos mal divulgados», dado que varios medios ya habían informado previamente sobre esa versión de los hechos, que indica que fue la defensa de Ayuso la que buscó un acuerdo, no a la inversa. Por ende, la razón por la que el TS decide investigar a García Ortiz no se basa en el comunicado del 14 de marzo, sino en la divulgación anterior de correos entre el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y la defensa de González Amador, que estaban en posesión del fiscal general y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.
En el ámbito del Gobierno, había expectativas de que el Tribunal Supremo acusara a García debido a la nota de prensa, pero no por la divulgación de los correos. Sin embargo, no consideran que haya motivos suficientes para proceder, ya que eso implicaría «suponer que la persona que filtró esos correos fue él». El Ministerio Público ya había argumentado ante el TSJM en julio de 2024 que muchas personas tuvieron acceso a esos correos. En primer lugar, el abogado de la pareja de Ayuso envió su correo a una dirección genérica del Ministerio Público, accesible para 12 fiscales y cuatro funcionarios, quienes podrían haberlo compartido con más personas. En segundo lugar, la filtración podría haber originado en el entorno de la presidenta de Madrid y su pareja. Un miembro destacado del Gobierno comenta: «¿Cómo puede el Supremo afirmar que el fiscal general fue quien filtró esos correos? Desde un punto de vista procesal, no lo veo claro. Cualquiera de las treinta personas que tuvieron acceso a ellos podría haber sido.»
Las probabilidades de que se inicie un procedimiento por filtración son «muy bajas», ya que los periodistas no van a revelar sus fuentes y quien haya hecho la filtración probablemente tomaría «precauciones», según señalan en el Gabinete.
En el ámbito gubernamental se considera que «las chances de iniciar un procedimiento por supuesta divulgación de secretos debido a la fuga de correos son extremadamente bajas». Esto se debe a que «ningún periodista revelará sus fuentes», dado que tiene el derecho constitucional de resguardarlas, y quienes potencialmente compartieron esos correos tomarían medidas para evitar ser descubiertos. «Si la preocupación fuese la nota del 14 de marzo, tendría sentido, porque el fiscal general asumió la responsabilidad. Pero en el caso de los correos, el Tribunal Supremo no debería investigar en este momento. Debería haber remitido el asunto para que se investigue quién es el autor y, si hay pruebas contra alguien con fuero, entonces debería ir al Supremo». «Tanto yo como mi entorno no hemos filtrado ningún correo, es obvio. Esa es una de las razones por las cuales el fiscal general no debería renunciar», comentó García Ortiz en una entrevista en La noche en 24 horas, de Televisión Española, donde reafirmó su postura: «El único objetivo de ese comunicado era desmentir un rumor. No tiene lógica emitir un comunicado y, al mismo tiempo, filtrar correos».
«Un acontecimiento muy serio»
Dentro del Gobierno se opina que la situación «no llegará a nada», como anticipó Bolaños, y concuerdan otros miembros del Gabinete. «Es complicado de comprender y bastante lamentable. Terminará sin consecuencias por el bienestar de la Justicia», señala un ministro. «Sin embargo, para que termine sin repercusiones, se ha realizado un movimiento muy serio», agrega otro integrante del Gobierno, al referirse a la imputación del fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Un tercer miembro del Ejecutivo, no obstante, alerta que si el Tribunal Supremo da «un paso tan significativo como ese», no tendría lógica que el caso se cerrara sin más. Considera que si los jueces han decidido actuar, es porque han verificado previamente que hay fundamentos.
La percepción sobre la Justicia ha quedado bastante deteriorada tras ciertos acontecimientos, según lo expresan tres integrantes del Consejo de Ministros. Se cuestiona si el Tribunal Supremo ha estado influenciado por factores ajenos a lo estrictamente legal, con un ministro señalando que «no hay una buena imagen de la Justicia en este asunto». La opinión de un colega del Gabinete es más sarcástica, afirmando que «parece que la Justicia está en la oposición».
Dentro del Gobierno, hay una falta de «coherencia» respecto a la decisión del TS. Se estiman plazos breves para la instrucción del caso, tal vez cerca de «seis meses», ya que se considera que no es muy complicado y los testimonios que se puedan obtener no aportarán mucho debido a la protección de sus fuentes.
El Ejecutivo continúa su confrontación con el alto tribunal.
Se considera que el TS envía un mensaje riesgoso al investigar al fiscal general por revelar información veraz en contraste con las falsedades diseminadas por Ayuso y su entorno en la Comunidad de Madrid. Para el Gobierno, es inaceptable que «un fiscal termine bajo sospecha por hechos verídicos”. Se remarca que hay correos relevantes en el expediente y que las confesiones del pareja de Ayuso son parte integral del caso, independientemente de su divulgación.
La decisión del TS resulta impactante tras la inminente investigación de Ábalos y la acción legal del PP. Desde la dirección parlamentaria se concluye que, aunque la situación es complicada, se requiere de paciencia para continuar adelante.
En el círculo de García Ortiz se sostiene que el Tribunal Supremo «abre un tema muy delicado». «Si un criminal de poca monta puede poner en entredicho a un fiscal general del Estado, ¿qué no serán capaces de hacer la mafia, los narcotraficantes o un lobbista con cualquier fiscal que los esté investigando? Es una locura. Sin mencionar el mensaje a los medios y a quienes les suministran datos. La cuestión va más allá del fiscal general», indican. En su comunicado, García Ortiz reconoce la magnitud de la repercusión pública tras su imputación y cómo esto podría influir en la labor de los fiscales del país. Sin embargo, es «justamente la evaluación de estas situaciones» lo que le ha llevado a no rendirse y a proseguir con sus funciones «con total respeto a la ley y al Estado de derecho». El Gobierno ha decidido respaldarlo, aunque eso signifique tener otro enfrentamiento con el Supremo, con el que ha tenido desacuerdos recientemente en relación a la legislación.
Sánchez se enfrenta, por ende, a un nuevo desafío. Aunque esperado, no es menos significativo. Y se suma a una nueva fricción con un PP que desde el inicio ha exigido la renuncia del fiscal general. La lista de problemas se acumula en la agenda del presidente en un corto plazo. En el seno del partido se siente una creciente tensión, aunque la consigna es clara: seguir avanzando. «Es abrumador todo lo que tenemos que soportar. Tanta presión. Pero solo nos queda mantener la calma y continuar», expresan desde la dirección parlamentaria en la Cámara baja. Y esperan que la tormenta pase antes de que, posiblemente, se produzca un nuevo revés en una legislatura incierta y, sin duda, complicada para los socialistas.
