El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien fue arrestado en el marco del ‘caso Koldo’, informó a sus superiores que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, había hecho uso de teléfonos móviles que él facilitaba a su asesor en el Ministerio, Koldo García, así como a un grupo de empresarios bajo investigación por la Audiencia Nacional debido a posibles actos de corrupción.
En una grabación, Villalba afirmó haber visto a Ábalos utilizando uno de esos dispositivos encriptados. Según documentos a los que tuvo acceso El Independiente, el comandante intentó aclarar a su jefe la conexión que mantenía con Koldo y con el empresario Víctor de Aldama, quienes habían sido detenidos recientemente por la Guardia Civil, acusados de recibir comisiones ilegales millonarias relacionadas con contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria.
Ambos estaban registrados como confidentes del Servicio de Información de la Benemérita, donde Villalba era empleado. Se alega que la función del comandante en esta supuesta red corrupta consistió en ofrecer teléfonos encriptados a cambio de un salario mensual de 2.000 euros, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Villalba intentó explicarle a su superior que Koldo y Aldama pagaban por estos «teléfonos en B» y trataba de justificarlo como parte de la normalidad en su relación con los confidentes. Rubén Villalba expresó: «Ellos han estado pagando, durante todo este tiempo, tanto Koldo como Aldama, siempre han abonado, por ejemplo, cuando les proporcionábamos teléfonos en B, Koldo eso lo ha pagado, siempre ha pagado». Agente 1: «¿Te refieres a sus teléfonos?» R: «Sí, ellos pagaban. Koldo y este…»
Víctor Gonzalo de Aldama era conocido por cubrir sus gastos de manera particular. Un informe de la Guardia Civil señala que las grabaciones han sido depuradas para eliminar información que, según los investigadores, está protegida por los acuerdos del Consejo de Ministros, así como datos que no son relevantes para el caso. Esto explica que en ocasiones el audio se escuche fragmentado.
En una conversación, se menciona que, al acumular gastos por su seguridad telefónica, cada nuevo dispositivo costaba alrededor de 200 euros. Se hablaba de un precio de 140 euros por el teléfono, pero al sumarle la tarjeta y la recarga, el total ascendía. En ocasiones, Aldama solicitaba varios teléfonos al mes debido a su paranoia con respecto a la privacidad. Así, sus gastos alcanzaban los 2.000 euros en total, algo que sorprendió a su superior, quien le cuestionó la magnitud de esas sumas.
Aunque el comandante intentaba justificar los pagos por los dispositivos, los investigadores sospechan que esa cantidad fija beneficiaba directamente al comandante, lo que ha derivado en acusaciones de corrupción. Además, se menciona que Aldama, obsesionado con su propia seguridad, llegó a solicitar a la Guardia Civil que revisara su vehículo, lo que llevó a su superior a cuestionar la conveniencia de financiar su comunicación.
El comandante ha afirmado que es imposible rastrear cuántos dispositivos entregó a la red porque él mismo se aseguraba de que no quedara ningún rastro. «Son desechables. Es más, cuando los utilizaba, se los pedía, me los daba y los destruía. No hay huellas de esos teléfonos», explicó. Según el informe de la UCO, Villalba mencionó que Koldo le había interrogado sobre si los teléfonos de Ábalos y del presidente Pedro Sánchez estaban intervenidos. Esto fue negado rotundamente por el exministro en su última intervención pública, donde argumentó que tal suposición revelaba un desconocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno. Sin embargo, en esta grabación, Villalba admite haber ingresado al Ministerio de Transportes y haber pasado estos móviles seguros a través de la seguridad para entregárselos a Koldo. «He visto al ministro con algunos de los teléfonos que nos solicitaba Koldo. En ocasiones, él nos bajaba y no pasábamos el escáner. Pero ha habido ocasiones en que he pasado un terminal por la seguridad. No sé si en ese momento queda algún registro», le pregunta a su superior, quien le dice que no hay ningún tipo de registro. «Entonces eso es todo, una preocupación menos», concluye Villalba, aliviado. Unas semanas más tarde, fue arrestado por la UCO. Aún queda por determinar cuál fue el papel del exministro en esta red de corrupción que podría involucrarlo. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el miércoles al juez de la Audiencia Nacional que presente una exposición razonada para pedir al Tribunal Supremo la imputación formal de Ábalos.
Según el Ministerio Público, se le podrían atribuir tres delitos: primero, el tráfico de influencias, por haber facilitado a los empresarios de la red la obtención de contratos lucrativos en el área de Transportes; segundo, el cohecho, al recibir sobornos en especie, como un chalet en Cádiz o el alquiler de un apartamento para su pareja; y tercero, la creación de una organización criminal al estar supuestamente involucrado en esta red delictiva.
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