Esperar el instante adecuado para evitar un nuevo descenso abrupto es el objetivo de Sumar en el Congreso de los Diputados, especialmente en este período del mandato, que resulta crucial tanto desde el punto de vista social como en la agenda política de los magentas.
Después de estar varios meses marcados por la oposición a la amnistía y por el enfrentamiento entre el PSOE y el PP, junto a Vox, Sumar ha recuperado protagonismo y un poco de espacio en el debate parlamentario. Aunque los representantes señalan que las conversaciones entre los diferentes grupos que forman la mayoría de investidura continúan, incluso con Junts, este martes surgieron rumores, que ya han sido desmentidos, sobre una posible colaboración con el PP para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno.
«Debemos proponer una nueva ley cuando tengamos certeza de que realmente se aprobará», comentan fuentes nacionales de Sumar. Esto refleja una complicada realidad en el Parlamento, caracterizada por una constante incertidumbre en la que «nunca estás seguro» de tener asegurados los apoyos necesarios. Además, consideran que, con los congresos políticos aún por delante, no es el momento más propicio.
Se hace referencia a la Asamblea de diciembre de Sumar, que será clave para la reestructuración del partido tras la baja de Yolanda Díaz en la ejecutiva, quien, sin embargo, seguirá desempeñando sus funciones en el Gobierno y como parte activa en la política interna del grupo. También se menciona al PSOE en noviembre y, en particular, a Junts. Los de Carles Puigdemont se encontrarán en Barcelona a finales de octubre, y es posible que restablezcan su liderazgo y recursos dentro de la Ejecutiva. Una vez que esto ocurra, en Sumar creen que el partido contará con criterios claros. Solo «con las tareas completadas» será posible retomar el debate de manera integral, añaden. Por otro lado, ERC y los Comunes mantienen sus propios planteamientos.
Según fuentes cercanas a los magentas, la manifestación de propietarios en Madrid este fin de semana podría marcar un antes y un después. Creen que las demandas aumentarán en los próximos días, sin que la reciente propuesta del bono de alquiler por parte del sector socialista del Gobierno logre calmar la situación. De hecho, ya se ha señalado que esa medida podría agravar el problema. Con las cambiantes dinámicas internas resueltas y una presión social más evidente, especialmente en Cataluña, quienes forman parte de Junts enfrentarán dificultades para apartarse del acuerdo que se ha establecido con otros aliados de la izquierda en este asunto. Este contexto también se ve reforzado por un Podemos que, aunque no esté en el Gobierno, puede exigir a Sumar mayor firmeza si se quiere ser competitivo en futuras elecciones.
Dentro de Sumar, también se considera que la intensificación de las exigencias debe inducir a un cambio de postura por parte del PSOE. La reciente decisión de Pedro Sánchez de aumentar en 200.000 euros el presupuesto destinado a la ayuda para el arrendamiento a quienes tienen ingresos menores de 21.600 euros (tres veces el IPREM) lanza un mensaje a los afectados y a quienes se manifestaron. Según fuentes de Sumar, los socialistas «no han captado el mensaje». «No esperábamos esta respuesta», añaden. Sin intervenir en el límite de precios de los alquileres, será complicado que dichos fondos reduzcan la carga económica si estos continúan en aumento, argumentan internamente. Señalan que este enfoque solo es válido en un mercado regulado. Desde la formación magenta insisten en que el PSOE necesita clarificar su postura y simplificar las propuestas. «Después de lo sucedido el domingo, no pueden seguir limitándose a los bonos; eso ya no es suficiente», concluyen en Sumar.
La respuesta del Gobierno debe ir más allá de ofrecer bonos para el alquiler. Eso ya no es suficiente.
Las fuerzas socialistas con representación en el parlamento son conscientes de la situación actual. Reconocen que las medidas solo pueden ir más allá de los bonos de alquiler en un futuro. No obstante, defienden que estos bonos son útiles mientras se encuentre un enfoque más amplio. Este martes, durante una sesión parlamentaria, Patxi López, portavoz del PSOE, respondió a Sumar afirmando que estas ayudas son parte del acuerdo de coalición. Aunque admitió que no siempre son bien recibidas, resaltó que son esenciales para «aliviar» la situación de 66,000 personas que se beneficiaron en la anterior edición. Aclaró que el programa es gestionado por las comunidades autónomas con apoyo del gobierno central. También subrayó que no existe una «varita mágica» para resolver instantáneamente el problema de la vivienda, y que es crucial construir nuevas viviendas.
Por otro lado, Sumar sostiene que, aunque la mayoría del PP en 14 territorios limita la implementación de la ley de vivienda de 2023, hay comunidades socialistas, como Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Euskadi, que podrían «dar ejemplo». Creen que esto fortalecería el argumento a favor de la ley, aumentando las demandas sociales en las regiones más populares. En este momento, la atención se centra en la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. A principios de mes, ERC y EH Bildu solicitaron su presencia en el Congreso tras apelar a la «solidaridad» de los propietarios respecto a los alquileres justos. Sumar había amenazado con forzar una votación si Rodríguez no se presentaba voluntariamente. Finalmente, ella ha decidido acudir al pleno, aunque sin muchas opciones.
Se generan altas expectativas en la reunión programada para el miércoles 23 de octubre. Se anticipa que la participación de Sumar presente propuestas concretas que propongan un cambio en la dirección del Gobierno. Más allá de la necesidad de un registro obligatorio para los anuncios en diversas plataformas, este procedimiento implicaría un esfuerzo individual que puede no resultar atractivo dentro del partido. Desde la formación prefieren no emitir juicios adicionales sobre el tema hasta que ocurra dicha comparecencia, aunque algunas fuentes mencionan que estar en su lugar no sería lo ideal. Esto se debe a que «la presión seguirá aumentando» y «las expectativas serán más elevadas». En resumen, se espera un incremento en las demandas sociales.
Sin miedo a un desgaste gubernamental
El comienzo de esta legislatura se caracterizó por una ruptura abrupta tras múltiples negociaciones entre la agrupación liderada por Ione Belarra en el Congreso. Como resultado, actualmente existen cuatro representantes de Podemos en el Grupo Mixto, en comparación con los 27 de Sumar. A diferencia de Sumar, que ha adoptado una postura más reservada y solo ha hecho frente a la prensa con representantes de su grupo parlamentario, este domingo, Belarra se presentó en una manifestación y criticó al Gobierno y a Sumar por no abordar de manera adecuada la problemática de la vivienda.
A pesar de esta presión, Sumar asegura que no teme una posible recuperación de Podemos ni por esta situación ni por otros elementos, dado que consideran que su influencia sobre el PSOE es limitada desde el Consejo de Ministros. En la reunión más reciente, Sumar expresó su desacuerdo con el anuncio del bono de alquiler realizado por Sánchez. Miembros de Sumar sostienen que dentro del Gobierno disponen de «instrumentos para ejercer presión» que se emplearán junto a la creciente presión social prevista.
Por otro lado, no se piensa que el electorado de izquierda vea a Sumar como un actor que está presionando al PSOE o que busca tratar temas como la conciliación. En lo que respecta a la problemática de la vivienda, comentan que desde que presentaron la propuesta que fue rechazada por Junts, el debate y el malestar social, que ya existían, han comenzado a aparecer en «tertulias» y conversaciones diarias. «Eso ya representa un avance», señalan. «El impulso para volver a discutir esto fue la votación que no salió a nuestro favor. Y hemos tenido un papel en ese proceso», concluyen.
