Una vez más, ha ocurrido. La denuncia del sector sobre el fraude en la venta de hidrocarburos ha tomado otro giro con un nuevo caso. En esta ocasión, la Agencia Tributaria ha revelado la desarticulación de una organización que supuestamente habría causado un perjuicio de 133 millones a la Hacienda Pública debido al impago del IVA en los años 2020 y 2021.
Esta operación se llevó a cabo recientemente con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Audiencia Nacional, resultando en la detención de seis personas, cuatro en Madrid y dos en Sevilla, además de la inspección de dos empresas en la capital española.
Este caso se suma a otros que han sido desmantelados en los últimos años, considerados por la Agencia Tributaria como fraudes «recurrentes» en el ámbito de la comercialización de hidrocarburos. En mayo pasado, Hacienda envió 400 solicitudes a estaciones de servicio para obtener información sobre las adquisiciones a proveedores que podrían estar relacionadas con esquemas destinados a evitar el pago del IVA. El engaño se produce en diferentes etapas, desde la extracción de combustible de los depósitos hasta su venta al consumidor final. Estas redes a menudo utilizan empresas ficticias y transfieren las ganancias generadas a cuentas bancarias de otras empresas situadas en países extranjeros, como señala la Agencia Tributaria.
La consecuencia de este fraude es una reducción en los precios del combustible ofrecido a las estaciones de servicio, llegando a disminuir entre 40 y 50 céntimos por litro. Esto provoca que, en muchos casos, la venta en las gasolineras se realice en un ámbito de competencia desleal, tal como ha estado denunciando el sector.
Terminación del régimen suspensivo del IVA
Ayer, las principales organizaciones del sector petrolero en el país sostuvieron una reunión con la Agencia Tributaria para discutir fraudes y actividades delictivas relacionadas. Este encuentro se añade a otro realizado en mayo, en el cual las asociaciones petroleras solicitaron que se elimine la suspensión del pago del IVA aplicada en la primera etapa de comercialización: la extracción. Este régimen, que suspende el IVA, es legal y se estableció para prevenir un impacto financiero negativo en las compañías encargadas de comercializar los hidrocarburos. Los ‘depósitos fiscales’ están exentos del IVA hasta que comienza el proceso de comercialización posterior. A partir de ese momento, el combustible pasa por varios intermediarios, y en casos de estructuras fraudulentas, el IVA cobrado a los clientes no se reporta a la Agencia Tributaria. La Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (AOP) en España estima que estas prácticas fraudulentas podrían afectar alrededor del 25% de las ventas de combustible. Datos de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) sugieren que el fraude de IVA desde 2022 podría ascender a aproximadamente 2.000 millones de euros.
