El sector de las estaciones de servicio sigue en constante expansión, algo que es evidente. En España, hay un aumento notable en su número, abarcando una amplia variedad. Desde aquellas que cuentan con un gran equipo de trabajo y ofrecen múltiples servicios, hasta las más económicas, algunas sin personal, o en modalidad de autoservicio, e incluso las tradicionales y las que tienen precios notablemente bajos, muchas de ellas involucradas en prácticas poco transparentes relacionadas con el IVA.
Actualmente, nuestro país alberga 12,346 de estas instalaciones, según los datos de la Asociación de Operadoras de Productos Petrolíferos. Esta cifra representa un aumento significativo en la última década, ya que el año pasado se registraron 1,729 gasolineras más en comparación con 2013.
El crecimiento del número de establecimientos ha sido casi ininterrumpido en años recientes, con incrementos anuales de entre 200 y 250. Sin embargo, este desarrollo no oculta el fenómeno de los cierres, que están incrementándose debido a lo que muchos en el sector consideran competencia desleal. Algunas gasolineras adquieren combustible a precios que levantan sospechas, lo que permite que ofrezcan tarifas de entre 40 y 50 céntimos por litro más baratas. Esta situación ha sido objeto de denuncia por parte del sector desde hace años.
La mayoría de las gasolineras en España son propiedad de grandes empresas petroleras. Repsol lidera el sector, teniendo una de cada cuatro gasolineras, lo que equivale a 3.275 hasta finales del año anterior. Le siguen Cepsa con 1.514 estaciones, BP con 750 y Galp con 560, cerrando así la lista de los principales competidores. Además, hay otras 5.309 gasolineras que pertenecen a compañías más pequeñas, así como varias cadenas de supermercados y cooperativas que han ingresado al mercado de combustibles. En total, hay 327 hipermercados y supermercados que cuentan con su propia gasolinera, además de 611 puntos de recarga asociados a cooperativas.
El sector enfrenta un desafío debido a la aparición de prácticas irregulares, como la evasión del IVA por parte de algunas empresas, lo que ha permitido que algunas estaciones aumenten sus márgenes de ganancia, mientras que la mayoría ha visto una notable disminución. Hoy en día, entre el 37% y el 42% del precio que paga un consumidor por cada litro va destinado al proveedor del combustible. Los impuestos, que incluyen el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos, representan una gran parte de estos costos, siendo del 46% para la gasolina y del 42% para el gasóleo. Además, parte del precio por litro se utiliza para cubrir gastos como el transporte, las reservas estratégicas, el costo adicional del biocarburante y las contribuciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Solo después de cubrir todos estos costos se obtiene el margen de beneficio para el propietario de la gasolinera.
En cuanto al consumo de carburantes, se estima que en 2023 se consumieron 21.686 miles de toneladas, destacando que el consumo de gasóleos fue tres veces superior al de las gasolinas. En cifras, esto significa 15.937 miles de toneladas de gasóleo frente a 5.749 miles de toneladas de gasolina.
Un ámbito que suministra a un parque automovilístico que se encuentra cada vez más envejecido y que muestra resistencia a adoptar la electrificación. En 2023, en Europa, el 14,6% de los coches matriculados fueron eléctricos, mientras que en España, solo el 5,4% de los 949.000 vehículos vendidos pertenecen a esta categoría.
La actualización del parque móvil tampoco avanza adecuadamente. La media de antigüedad de los vehículos sigue creciendo, alcanzando hoy los 14,2 años, comparado con los 9,2 años de 2010. La compra de automóviles nuevos representa un desafío, y la venta de automóviles de segunda mano continúa superando a la de los nuevos. Además, el número total de vehículos sigue aumentando. Actualmente, existen en España 33,5 millones de coches, cinco millones más que hace diez años.
El fraude dentro de este sector representa un serio riesgo para las estaciones de servicio y los proveedores. Este problema no solo afecta al IVA, sino también a la necesidad de disminuir el impacto ambiental mediante biocombustibles, al apoyo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, las reservas mínimas de seguridad y las importaciones. De acuerdo a información de KPMG, mencionada en el informe de la AOP, estas redes fraudulentas habrían manejado un volumen de ventas que asciende hasta 26.000 millones de euros entre 2013 y 2022, siendo el fraude relacionado con el IVA estimado en 588 millones de euros.
Se pone fin a la exención del IVA.
Desde hace varios años, las principales organizaciones han solicitado medidas que frenen estas prácticas. En los últimos meses, han llevado a cabo reuniones con la Agencia Tributaria, siendo la más reciente ayer, con el objetivo de implementar acciones que impidan fraudes de este tipo. Calculan que cerca del 25% de los combustibles vendidos en España están vinculados a este tipo de esquemas delictivos. La principal propuesta es que el IVA no esté exento en los distintos tramos de la cadena de comercialización. En la actualidad, la exención se limita al primer eslabón, que corresponde a la extracción de los depósitos de almacenamiento.
Entidades como la Asociación de Operadores de Productos Petroleros (AOP), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) instan a las autoridades a eliminar este régimen suspensivo. Hacen hincapié en que Italia aplicó una medida similar y el fraude se redujo al 1% o 2%.
