La empresa asociada a la ‘trama Koldo’, que financió parcialmente la vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) donde el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, vacacionó en 2021, mantiene una obligación financiera con Hacienda que asciende a 65 millones de euros, según informes de El Independiente.
En junio pasado, el organismo recaudador exigió a esta compañía, relacionada con los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, quienes se encuentran en prisión preventiva por un fraude significativo en el sector de hidrocarburos.
La empresa en cuestión, denominada Have Got Time S.L., proporcionó el 9 de junio de 2021, según datos de la Guardia Civil, una considerable suma necesaria para formalizar el contrato de alquiler con opción a compra, lo que permitió a Ábalos disfrutar del verano junto a su familia en la costa andaluza.
Según el documento de compraventa, esta entidad, bajo el control de Aldama, aportó 526.500 euros. Fundada en enero de 2021, se estableció como una compañía dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos similares, como se detalla en el registro mercantil consultado por este medio.
A pesar de haber estado operativa más de tres años, la empresa no presentó estados financieros en el registro, lo que impide conocer su volumen de negocio, aunque se sabe que contaba con un capital social de 3.000 euros. Además, es una de las compañías con mayor deuda con la Agencia Tributaria y ha sido incluida en la última lista de morosos del fisco. Su obligación de 65 millones de euros se ha mantenido durante 2022 y 2023, siendo clasificada como el decimocuarto mayor deudor según el listado que se renueva cada seis meses y que incluye a aquellos que deben más de 600.000 euros a la Hacienda pública.
Una deuda difícil de recuperar. La compañía que financió el chalé de Ábalos tuvo su sede inicial en la calle Juan Bravo de Madrid, pero posteriormente se mudó a Las Rozas. Sin embargo, al no poseer activos, fue disuelta este verano. En agosto se hizo pública su disolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Esto sugiere que el dinero adeudado probablemente no se recuperará. «Lo que sucederá es que esa deuda aparecerá en la lista de morosos y eventualmente desaparecerá de allí, no porque haya sido saldada, como podría parecer, sino porque se dará de baja por insolvencia definitiva», señala Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha). La administradora única, Leonor María González Pano, es hija de Carmen Pano, quien, según la Guardia Civil, fue conectada por Aldama, a través de Koldo, con el director del gabinete del ministro de Industria. Durante el tiempo en el que la red de corrupción se beneficiaba de contratos millonarios de mascarillas, también surgía una empresa de hidrocarburos destinada a defraudar al Estado. Tanto Aldama como Claudio Rivas—ambos comprometidos en la búsqueda del chalé de Ábalos—deseaban que el Gobierno otorgara a una de sus empresas el estatus de operadora para empezar a diseñar un negocio de gasóleo con el fin de eludir impuestos. Con este propósito, admiraron y favorecieron a sus contactos en Transportes para llegar de la forma más rápida posible a Industria. Leonor María González Pano fue reemplazada por un administrador concursal en abril del año anterior, es decir, apenas dos meses tras el estallido del ‘caso Koldo’ y la detención de sus principales implicados.
La Unidad Central Operativa del Instituto Armado capturó a Koldo García, quien había sido asesor del ministro, y a Víctor de Aldama, que se ha identificado como el líder principal de la supuesta red criminal. Se sospecha que Aldama, junto con otros empresarios, sobornaban a Koldo, tanto con dinero en efectivo como a través de apartamentos destinados a Ábalos y su pareja, a cambio de obtener importantes contratos públicos durante la crisis sanitaria. Además, la semana anterior, Aldama fue nuevamente arrestado, esta vez por el fraude relacionado con hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción estima que han defraudado al Estado alrededor de 182 millones de euros, evadiendo el pago del IVA. Creaban empresas intermedias para comprar y vender combustibles, y cuando la agencia tributaria intentaba cobrar, la empresa ya había desaparecido.