La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez encargado del ‘caso Koldo’ que pida al Tribunal Supremo que se impute al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, debido a su presunta participación en una trama corrupta relacionada con contratos millonarios para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Según informaciones de fuentes fiscales, se sugiere que el exministro podría haber cometido delitos relacionados con el soborno, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, después de que empresarios implicados le obsequiaran un chalet en Cádiz y pagaran el alquiler de un apartamento en Madrid a una de sus parejas.
La Fiscalía ha respaldado el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concediendo plena validez a las pruebas aportadas por los agentes. Por ello, ha pedido al juez Ismael Moreno, encargado del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, donde Ábalos cuenta con aforamiento. Este procedimiento será, probablemente, el próximo paso del juez y, una vez que se presente, la Sala de lo Penal deberá remitir un suplicatorio al Congreso de los Diputados a fin de solicitar la imputación formal.
Desde que en febrero del año pasado la UCO detuvo a su asesor ministerial Koldo García, la sospecha de corrupción ha estado presente sobre el exministro, aunque aún no había enfrentado acciones legales. Sin embargo, en el ámbito político, el PSOE lo obligó a renunciar a su cargo, lo que lo llevó a integrarse en el Grupo Mixto, donde permanece actualmente. El informe policial más reciente relacionado con este caso refuerza las evidencias en su contra, revelando que una de las empresas de la red de corruptos, dirigida por Víctor de Aldama, buscó y financió la compra de una vivienda cercana a la playa en 2021 para el exministro.
Durante un periodo de varios meses, él disfrutó de la relación hasta que fue destituido de su puesto en el ministerio, lo que llevó a los empresarios a reconsiderar su apoyo, como revelan las grabaciones obtenidas por la UCO. Asimismo, empresas asociadas a la red pagaron más de 80.000 euros en alquiler a lo largo de tres años por un apartamento en Madrid, donde residía una estudiante de odontología que mantenía una relación con el exministro. Además, la joven fue empleada por Ineco, una entidad vinculada al Ministerio de Transportes.
