Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ofreció una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados poco después de que el Tribunal Supremo anunciara la imputación del fiscal general del Estado. Este hecho es sin precedentes en la historia de la democracia en España.
La imputación está relacionada con el caso del compañero de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por un supuesto delito de revelación de secretos, vinculado al empresario Alberto González Amador. La Sala de lo Penal ha considerado que hay elementos que sugieren que Álvaro García Ortiz pudo haber filtrado información sobre los correos internos de González Amador, en el marco de una investigación por fraude fiscal.
Ante esta insólita acusación hacia el máximo responsable de la Fiscalía, que surge a raíz de la querella interpuesta por la pareja de Ayuso, Gamarra exigió su renuncia en el Parlamento. La representante del PP en el ámbito nacional enfatizó que esta imputación «se suma al goteo de escándalos» relacionados con el PSOE de Pedro Sánchez. Gamarra recordó que, como había solicitado Alberto Núñez Feijóo por la mañana, García Ortiz debería dimitir. «Feijóo pidió la renuncia del principal implicado en la trama Koldo», manifestó, refiriéndose al reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que indica la existencia de un líder superior a José Luis Ábalos, a quien los acusados mencionan de esta manera y que el PP relaciona con Sánchez.
«Así que ahora exigimos la dimisión del fiscal general, quien no debería continuar ni un minuto más, ya que está afectando la integridad de la Fiscalía de este país» y su papel en el fortalecimiento de «la acción de la justicia» en España. Mientras tanto, el propio fiscal general del Estado anunció su intención de mantenerse en su cargo.
El anuncio se realizó a través de un comunicado, en el cual se afirmaba que mantener la misma figura en el cargo era lo más sensato y menos perjudicial para la entidad a largo plazo. También se convocaba a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para informarles sobre esta resolución, así como para ofrecer las aclaraciones necesarias y escuchar las opiniones de los miembros de esos cuerpos que asesoran al fiscal general del Estado. Gamarra, quien desconocía la postura de García Ortiz, insistió en que este debía actuar conforme a los principios de legalidad y neutralidad que deben regir sus funciones. Además, extendió su crítica al gobierno, señalando una «degradación absoluta que afecta a las instituciones». En clave política, la secretaria general del partido popular sostuvo que «España tiene otra opción, algo mejor que la situación actual». Expresó su convicción de que «más pronto que tarde» habrá un cambio de gobierno que «reparará» el «daño a las instituciones». «No lo duden», aseguró.