El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha manifestado este miércoles su deseo de continuar en su puesto tras ser señalado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El líder del Ministerio Público afirma que ahora tiene la oportunidad de defenderse y ha convocado para este jueves a una reunión con los altos mandos de la Fiscalía para ofrecer «las aclaraciones pertinentes».
«Soy consciente del impacto que tiene esta noticia en el ámbito público y reconozco cómo afectará el trabajo de las fiscales y fiscales en nuestro país.
Sin embargo, es precisamente la consideración de estas circunstancias lo que me lleva a decidir seguir ejerciendo plenamente mis responsabilidades legales. Como lo he hecho hasta el momento: con total respeto a la Ley y al Estado de derecho», declaró en un comunicado hoy.
El fiscal general reconoce que «ser investigado» por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es una situación sin precedentes en el país, lo que requiere una reflexión profunda sobre los hechos, las circunstancias y las repercusiones que esto podría tener, no solo en la actuación futura de la Fiscalía, sino en toda la Justicia en España.
A su juicio, el análisis que realizará el Supremo no es solo un tema personal, sino que tiene implicaciones para la Constitución Española y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, ya que establecerá límites sobre la libertad de información y la revelación de secretos. «La ley confiere a la Fiscalía la función de informar sobre los asuntos de interés público para asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, especialmente en un caso como este, donde falsedades podrían perjudicar la reputación de la institución», argumenta.
La acusación que enfrenta se basa en un comunicado de prensa y una serie de correos electrónicos que se hicieron públicos en marzo, los cuales buscaban aclarar que la Fiscalía no había frustrado un acuerdo con Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien admitió su participación en un delito de fraude fiscal. Los jueces desean determinar si la divulgación de esos correos internos entre el abogado del denunciado y el fiscal impactó negativamente en el derecho de defensa del mismo.
«La designación del fiscal general del Estado como investigado me permitirá ejercer mi derecho de defensa de manera integral, dado que hasta este momento la investigación judicial se ha llevado a cabo sin mi participación en este aspecto». Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que había recibido dos denuncias tanto de González Amador como del Colegio de la Abogacía madrileño, había manejado el caso sin haberle tomado declaración. Finalmente, los magistrados decidieron remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, que es el órgano pertinente para investigar a García Ortiz en virtud de su estatus de aforado. Este asunto fue resuelto este miércoles.
«Estoy convencido de que continuar en mi puesto es lo más apropiado y menos perjudicial para la institución a mediano y largo plazo, y que esto, en esencia, fortalece la independencia de la Fiscalía en España, por lo que anuncio mi intención de seguir cumpliendo con mis responsabilidades», declara en su comunicado. El líder de la Fiscalía ha convocado para mañana una Junta de Fiscales de Sala a las 9:30 y un Consejo Fiscal a las cuatro de la tarde, con el objetivo de informar a los funcionarios de mayor rango en la carrera y a los representantes designados por las asociaciones fiscales sobre esta decisión.
