No hay lugar a dudas. El Gobierno mantiene su apoyo al fiscal general del Estado a pesar de la investigación que ha iniciado el Tribunal Supremo, la cual probablemente llevará a su imputación. Álvaro García Ortiz no tiene intención de dimitir y recibe el «pleno respaldo» del Ejecutivo, ya que «cumplió con su deber» de «perseguir el delito» en relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la vez que «defendía la verdad» ante el «bulo» procedente de la Comunidad de Madrid que insinuaba que fue la Fiscalía quien propuso un acuerdo, cuando en realidad fue justo lo contrario.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, manifestó el apoyo incondicional del Gobierno durante una breve intervención en el Congreso. Este respaldo vino después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendiera a García Ortiz en declaraciones a los medios en la Cámara baja, resaltando su «profesionalidad» y «honorabilidad».
Según ella, quienes critican las acciones del ministerio público «intentan constantemente desacreditarlo o interponer denuncias». «Lo esencial es que la Fiscalía reaccionó únicamente ante una falsedad lanzada por la señora Ayuso, con la Comunidad de Madrid como telón de fondo». Montero enfatizó que la presidenta madrileña había afirmado que la Fiscalía «ofreció un acuerdo» y que «además, Hacienda le debía dinero». «Eso es lo que realmente ocurrió, y lo que la Fiscalía hizo fue defenderse de una mentira, cuando en realidad fue la defensa la que solicitó el pacto».
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Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país