En la última semana, el mensaje del Gobierno y del PSOE ha sido claro, especialmente tras el casi juicio de José Luis Ábalos: diferenciarse de la derecha. «La noche y el día», subrayan. Ante un escándalo de corrupción, los socialistas afirman actuar con «firmeza», «decisión» y «claridad», colaborando con la Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado, como señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el martes.
También enfatizan que el caso Ábalos no involucra a Pedro Sánchez. Esa es precisamente la argumentación que el PP intenta refutar. El partido de Alberto Núñez Feijóo se refiere directamente a la situación de Sánchez y está buscando amplificar la gravedad de los acontecimientos.
Este lunes, interpuso una querella contra el PSOE ante la Audiencia Nacional, acusándolo de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, basada en testimonios anónimos. Además, para el miércoles, intentó que el pleno del Congreso se centrara en una sesión dedicada a la «corrupción socialista». Aunque no logró formalmente su objetivo, ya hay consenso en el Gobierno de que la sesión se convertirá en un «circo», especialmente tras un exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que resalta la «importancia y responsabilidad» de Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
El Gobierno no se opondrá a que todos los ministros comparezcan ante el Congreso cada semana si así lo solicitan los miembros de la oposición. Sin embargo, existe una diferencia notable entre una sesión de control al Ejecutivo, que será breve, y una convocatoria específica del presidente para comparecer en el hemiciclo. Desde La Moncloa, se ha decidido que Sánchez no asistirá de manera formal para hablar sobre el caso Ábalos. Para lograrlo, confían en el apoyo de sus aliados parlamentarios, quienes, al menos en este momento, consideran que están «asegurados», según indican fuentes del gobierno de alto nivel. La intención del Ejecutivo es resguardar lo máximo posible al presidente, aunque no pondrán trabas para que los ministros se presenten en la Cámara Baja y expliquen su trabajo cuando lo exija la oposición.
Por su parte, el PP intenta intensificar la presión sobre el Gobierno a causa de los escándalos de corrupción. Han dejado atrás rápidamente su error al apoyar enmiendas a la ley de antecedentes penales, que beneficiarán a algunos, incluyendo a condenados de ETA, y ahora enfocan su atención en los distintos casos que salpican al Ejecutivo. Recientemente, presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional contra el PSOE y buscaban reformular las preguntas de sus representantes en la sesión de control de este miércoles, con el fin de crear un pleno específico sobre «la red de corrupción socialista». Sabían que el Gobierno podía evitarlo y, efectivamente, este martes, durante la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, ocurrió: el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas, rechazó las modificaciones solicitadas por el PP.
Desde el Ejecutivo se observan las intenciones del PP, que parece buscar instaurar un ambiente de desánimo generalizado en torno a la corrupción. Afirman que «han llegado a la conclusión de que este tema provoca una desmovilización mayor en la izquierda, y no carecen de razón». El rotundo rechazo del Gobierno no impedirá que Feijóo y su grupo ajusten sus preguntas, que serán diez, durante la sesión plenaria del 16 de octubre. Esto es posible ya que los parlamentarios no están obligados a ceñirse a las interrogantes que han presentado previamente. Desde el Gobierno anticipan que el PP intentará apretarles en la sesión de control del miércoles. «Se prevé un espectáculo, lo sabemos —comentarios desde Moncloa—. El PP busca inducir un sentimiento de cansancio ante la corrupción. Han establecido que este tema desmoviliza más a la izquierda, y tienen cierto fundamento en eso».
Además, los populares cuentan con otra opción para intensificar la presión sobre Sánchez: solicitar su presencia en el pleno del Congreso. Hasta el momento no han llevado a cabo esta acción, según indican fuentes del Grupo Popular. Si deciden registrar esta solicitud, requerirán no solo el apoyo de Vox, sino también el de otros grupos. Necesitan, al menos, el respaldo de alguno de los partidos que apoyaron la investidura del presidente hace casi un año. Sin embargo, el Gobierno se muestra confiado en que no conseguirán ese apoyo, manteniendo que sus aliados están de su lado en este asunto. Esto incluye a Podemos, PNV e incluso a Junts, considerado el más inestable, según afirman con certeza desde el equipo del líder socialista.
Desde la Moncloa se comunica que el presidente no asistirá a la sesión plenaria en relación al asunto Ábalos. Aseguran que se tomarán medidas para evitar su comparecencia, aunque reconocen que el PP aún no ha demandado oficialmente su presencia. Sin embargo, Sánchez tiene la obligación de presentarse en el hemiciclo para rendir cuentas sobre las cumbres europeas; precisamente, este jueves y viernes se llevará a cabo la reunión ordinaria de octubre en Bruselas. Por ello, es posible que el tema de Ábalos acabe dominando su intervención, ya sea de su voluntad o no.
La semana pasada, el presidente estuvo en el Congreso para abordar en profundidad la crisis migratoria, a solicitud del PP. Durante su intervención, que duró menos de una hora, se centró por completo en detallar su política migratoria, mientras que Feijóo apenas mencionó este tema en su respuesta, dirigiendo la atención hacia la legislación que modifica las penas para los reclusos de ETA. Así que, en Moncloa, la preocupación radica en que Sánchez no tenga que comparecer únicamente para tratar el caso Ábalos y hablar abiertamente sobre corrupción. Confían en el apoyo de sus aliados en esta situación.
En la comisión de pesquisa del Senado, el PP hizo una modificación hace un año al artículo 182 del reglamento senatorial, aprovechando su mayoría absoluta, para facilitar las comparecencias extraordinarias del presidente y su gabinete ante el pleno. Este mecanismo podría ser activado ahora. A lo largo de esta legislatura, podría haberlo utilizado para otros temas, pero no ha optado por esa opción. Además, parece improbable que lo haga en esta ocasión, ya que la respuesta a Sánchez la daría la portavoz del PP en la Cámara alta, una casi desconocida Alicia García, lo que representaría un objetivo más accesible para el presidente. En Moncloa, aseguran que el PP no buscará llevar a Sánchez al pleno del Senado, y por el momento, no se planea que él se someta a una sesión de control allí: puede evitarlo sin dificultad y, de hecho, no se presenta en la Cámara alta desde el 12 de marzo. Lo que sí ha sido confirmado por Génova es que se le convocará para la comisión de investigación sobre el caso Koldo, aunque aún no se ha establecido una fecha para su comparecencia. Feijóo también planteará este tema en la reunión del Partido Popular Europeo que se celebrará este jueves en Bruselas.
Los miembros del Partido Popular podrían solicitar, en principio, una sesión extraordinaria en la Cámara Alta para que el presidente comparezca. En este contexto, su adversaria sería la portavoz de dicho partido, Alicia García. Sin embargo, el Ejecutivo no objeta que los ministros se presenten ante el Congreso en sesiones plenarias, uno tras otro. Este miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tendrá su turno, seguido de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el próximo 23 de octubre. Según fuentes de Moncloa, a los grupos les agrada atribuirse el mérito de hacer que un ministro acuda a la Cámara, lo cual no es mal visto, aunque anticipan que el interés por estas sesiones podría ir disminuyendo, al no tener la misma repercusión mediática que las comparecencias en otros contextos, ya que se producen tras la sesión de control.
De todos modos, Pedro Sánchez se verá obligado a responder a las interpelaciones de la oposición por primera vez tras el surgimiento del caso Ábalos la semana pasada. Desde el Gobierno, afirman que la estrategia discursiva se mantendrá constante con respecto a las declaraciones emitidas en los últimos días, resaltando la diferencia entre las respuestas del PSOE y del PP ante los escándalos de corrupción que han surgido en sus filas. La ministra portavoz resaltó que los socialistas son y continuarán siendo «firmes» en su oposición a la corrupción, mientras que el PP ha mostrado una actitud «históricamente permisiva» hacia este problema.
Según Alegría, los socialistas se mantendrán firmes en su lucha contra la corrupción, a diferencia del PP, que ha mostrado una actitud «históricamente permisiva». En una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, Alegría mencionó la noticia del día: la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia al exministro y ex presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, quien deberá cumplir 10 años y cinco meses de cárcel por delitos como cohecho, blanqueo de capitales, falsificación y prevaricación. Además, la ministra de Educación observó que Feijóo tiene «una gran oportunidad para ofrecer explicaciones», señalando que hace una semana que no responde a las preguntas de los periodistas y que accede al Congreso por la entrada trasera.
La ministra acusó al líder del PP de tener una actitud evasiva frente a las acciones del Gobierno y del PSOE, enfatizando que estas deben ser llevadas a cabo «con firmeza, claridad, transparencia y en colaboración desde el inicio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia». También subrayó la necesidad de reclamar responsabilidades cuando sea apropiado. Para el Ejecutivo, es «el máximo ejemplo de la ironía» que el PP decidiera el domingo presentar una denuncia contra el PSOE por supuesta financiación ilegal, viniendo «de un lugar que está sustentado por dinero ilícito». Alegó que esto ilustra «la manera en que operan los populares», a partir de los datos que emite «una página web» —en este contexto, mencionó a The Objective— que se basa en «testimonios anónimos», los cuales son luego «magnificados» por el partido y llevados ante la Justicia. «Es el PP vinculado a Gürtel, Púnica, Kitchen, y a la Perla Negra, sumando hasta 38 causas judiciales. Lo que es evidente es la manera en que reaccionan unos y otros ante diferentes escándalos de corrupción», reafirmó Alegría, alineándose, como también lo había hecho 24 horas antes la portavoz del partido, Esther Peña, con el argumento del ‘y tú más’.
Ferraz rechaza de manera contundente las acusaciones sobre la llegada de dinero ilícito a su sede. Desde la Organización afirman: «Nunca ha entrado dinero en bolsas». En una declaración realizada este martes, se desmintieron rotundamente todas las alegaciones de financiación irregular, donde se alegaba que se habían recibido sobres con efectivo en la sede federal, tal como informó The Objective y fue llevado al conocimiento de la Audiencia Nacional por el PP. La aclaración provino de la Secretaría de Organización, liderada por Santos Cerdán: «Hemos estado en Ferraz desde el 39º Congreso del PSOE, donde ganó Sánchez, y jamás hemos recibido dinero en bolsas. En Ferraz no hay dinero negro, nunca. Esta es una acusación anónima que requiere que quien acusa explique a quién, supuestamente, le entregó ese dinero. Quien acuse tendrá que presentar pruebas para que podamos defendernos».
Una discrepancia en las versiones sobre el ‘Delcygate’. En la sesión de control al Gobierno programada para este miércoles, se prevé que resurja el caso Delcygate, correspondiente a la reunión que Ábalos tuvo en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020. Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno en ese momento no coinciden con las declaraciones actuales, dado que un informe de la UCO indicó que el exministro informó a Sánchez cuatro días antes de la llegada de la dirigente chavista a España. El presidente admitió el viernes que había recibido información previa, pero que, al enterarse de que Rodríguez tenía una sanción individual de la UE, se decidió cancelar la visita. Esta narrativa fue reafirmada por Alegría cuando respondió a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, lo que el Ejecutivo sigue sin aclarar es en qué momento se dio cuenta de que Rodríguez tenía prohibido entrar a la zona Schengen y cuál fue la razón detrás de la presencia de Ábalos en Barajas.
Los socialistas tienen confianza en que Junts no regresará a situaciones de 2017 «junto a PP y Vox». Se burlan diciendo que «conocemos lo que piensa Ayuso», aludiendo a que la presidenta descarta una moción junto a los posconvergentes porque «no son de fiar». Durante la conferencia de prensa en la Moncloa este martes, se vieron influidos por declaraciones de Laura Borràs, presidenta de Junts, en Telecinco, quien mencionó que su partido «no cierra la puerta a ningún escenario», incluido presentar una moción de censura con el PP. Alegría comentó en primer lugar que observaba poco probable que los posconvergentes «quisieran regresar al pasado, a 2017», en el pico del procés, «unidos a Vox y al PP». Afirmó que «la mayoría de la sociedad catalana» ha expresado su opinión en las últimas elecciones, favoreciendo al PSC. Sin embargo, antes de concluir su intervención, Junts matizó las palabras de Borràs, aclarando que no está «aliado con el PP» y argumentó que sus declaraciones habían sido «malinterpretadas».
Alegría comentó que las charlas con los independentistas avanzan «de manera discreta» con el objetivo de establecer un nuevo camino que garantice la estabilidad y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, lo cual sería fundamental para consolidar la legislatura. Los líderes socialistas confiaban en que el partido de Carles Puigdemont continuaría apoyándolos. Se respaldaron en las declaraciones posteriores del secretario general de Junts, quien afirmó que «una moción de censura junto al PP y Vox es pura fantasía», así como en pronunciamientos de Borràs y de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien indicó que «no negociaría con quienes menosprecian a España» y que «no se puede confiar en ellos». «Estamos convencidos de las palabras de Ayuso», afirmaban con ironía en la sede central del PSOE.