El secreto reside en el IVA que permanece oculto frente a Hacienda. Este es el factor que permite a ciertas operadoras ofrecer precios muy competitivos, distanciándose del resto del mercado. Lo cierto es que esto es producto de un fraude que ha estado ocurriendo durante años, con especial énfasis en los últimos dos, dentro de una parte de la cadena de distribución.
La no repercusión del IVA que se cobra al cliente en algunos puntos del proceso —desde la extracción del combustible de los tanques hasta su venta en las estaciones— puede resultar en diferencias de hasta 40 céntimos por litro al llenar el depósito.
Según Nacho Rabadán, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), este tipo de fraudes ha afectado al sector por un largo tiempo. Destaca que las gasolineras no son las que cometen estos delitos, ya que ellas pagan el IVA al comprar los carburantes a sus proveedores, sino que son estos últimos quienes incurren en incumplimientos fiscales. En España hay alrededor de 12.000 estaciones de servicio, y solo una pequeña fracción trabaja con este tipo de proveedores irregulares.
Rabadán opina que sería suficiente con eliminar el régimen suspensivo que todavía se aplica a los hidrocarburos en España. Esta regulación permite omitir el pago del IVA en la etapa inicial del proceso, es decir, en la extracción de los hidrocarburos. Además, menciona que en Italia se implementaron medidas efectivas para erradicar esta clase de prácticas: «Allí acabaron con el fraude del IVA; ahora tenemos a los delincuentes aquí».
Pregunta: El fraude relacionado con los hidrocarburos no es algo reciente. Ha persistido por años. ¿No existe una manera de enfrentarlo?
Respuesta.- Hemos estado alertando sobre esto desde hace tiempo. Este tipo de fraude ocurre en la parte mayorista del sector de hidrocarburos. Las petroleras y las estaciones de servicio hemos llegado a un entendimiento claro porque reconocemos que este problema nos impacta a todos los involucrados en el mercado. En tiempos recientes, el fraude se ha incrementado. A los operadores que cumplen con sus obligaciones fiscales les afecta significativamente, ya que les reduce la cuota de mercado. Por otro lado, las estaciones de servicio nos ven desplazadas del mercado.
P.- Es insostenible competir con una diferencia de hasta 40 céntimos por litro para una estación de servicio…
R.- Así es, algunas gasolineras adquieren productos de estos operadores fraudulentos que, al no pagar sus impuestos, pueden ofrecer precios hasta un 21% inferiores. Esto resulta en estaciones vendiendo gasolina a un euro o poco más y, de este modo, eliminan a aquellas que compran a proveedores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo se puede competir si están adquiriendo a precios mucho más altos?
P.- ¿Cuántas gasolineras creen que en España están comprando a este tipo de operadoras fraudulentas?
R.- En España, hay aproximadamente 12.000 gasolineras, pero es complicado determinar cuántas de ellas utilizan estos proveedores. Seguramente, la cifra es muy baja. La mayoría opera dentro de la legalidad. En mayo, la Agencia Tributaria contactó a 400 estaciones para solicitar información. Nosotros opinamos que estos requerimientos deben ser el inicio para investigar quiénes son los que venden y dónde obtienen la mercancía, así como verificar si cumplen con sus obligaciones tributarias. Recordemos que el verdadero delito ocurre en el tramo mayorista, no en las gasolineras.
P.- ¿Cómo operan estas redes fraudulentas?
R.- En esencia, se trata de operadores que manejan la cadena desde el origen del combustible hasta su venta en las estaciones, y que no trasladan a Hacienda el IVA que reciben de sus clientes. Allí reside el fraude. De alguna manera, se adueñan del 21% que no reportan. Detrás de esta actividad hay estructuras delictivas. Empresas que solicitan aplazamientos en sus pagos y luego desaparecen, o que no poseen nada a su nombre, utilizando testaferros u otras sociedades como pantalla. Al final, se esfuman sin dejar rastro. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, junto a otras entidades, hacemos un llamado al Congreso para que aprueben ‘la solución italiana’, que implica eliminar el régimen suspensivo de hidrocarburos en los depósitos fiscales. Esto garantizaría que, al momento de salir del depósito fiscal, se pagara automáticamente el impuesto desde el principio de la cadena.
P.- ¿En la industria, tienen identificadas a las operadoras fraudulentas? Cuando adquieren combustible a esos precios, ¿no son conscientes de que puede ser un fraude?
R.- Hay algunos que son conscientes de la posibilidad de fraude, mientras que otros no lo son. Existen cadenas que, en teoría, deberían estar al tanto, pero lo importante no es eso. No es justo cargar la prueba sobre las estaciones. Ellas cumplen con el pago del IVA, es el comportamiento del proveedor lo que se debería fiscalizar. La Administración tiene la responsabilidad de dotar de herramientas para identificar quién está cometiendo fraude y quién no.
P.- Cuando el costo de un combustible es extremadamente bajo, ¿deberíamos sospechar?
R.- Podría ser un indicio, pero entonces, ¿qué hacemos?, ¿compramos a un precio más elevado? Como empresario, naturalmente trataré de adquirir el combustible al proveedor que ofrezca más confianza, calidad y el mejor precio posible entre aquellos que cumplen.
P.- ¿Tienen miedo de que les acusen de colaborar con actividades fraudulentas?
R.- Eso es lo que sostiene la Administración. Pero me surge una duda: ¿acaso la Administración no opta por la opción más económica al licitar un suministro? ¿No tiene permitido hacerlo una empresa privada? La Administración debería combatir el fraude mediante normas y las fuerzas del orden, así como los jueces, y no dejar en manos de un sector en el que un 70% son pequeñas y medianas empresas, y advertirles que si el precio es anormalmente bajo no deben comprar. Entonces, ¿qué debo hacer, abandonar el mercado? No se puede dejar la lucha contra el fraude en un sector donde el 70% son Pymes. Que se regule y es suficiente. No podemos desempeñar el rol de policía para la Administración.
P.- Este tipo de fraude ha causado una competencia feroz entre estaciones, con precios muy dispares. ¿Se han visto obligados a cerrar muchas gasolineras en los últimos años debido a esta competencia desleal?
R.- Sí, algunas, sobre todo en áreas rurales. Es un proceso de desangrado. Las instalaciones se vuelven menos rentables, se reduce el personal y, al fin y al cabo, se disminuyen servicios y horarios. Es un cierre paulatino. Muchas gasolineras están en esa situación. En núcleos rurales, varias están cerrando.
P.- ¿En qué consiste exactamente esa ‘solución italiana’ que consideran para poner fin a este fraude?
R.- En este contexto, insistimos en que es necesario liquidar el IVA en el momento correspondiente, sin contemplar la opción de un régimen suspensivo. Después de esto, el proceso de IVA debería continuar como correspondería para cualquier otro tipo de bienes. En otras palabras, primero se abona el IVA y luego se carga al cliente, quien a su vez lo venderá al consumidor final con el IVA incluido. La situación actual permite que, al salir del almacén –ya sea un puerto o un depósito–, no se abone IVA, gracias a lo que estipula la ley. Así, el operador obtiene el producto sin IVA, pero lo comercializa con dicho impuesto. ¿Qué ocurre con el IVA cobrado al cliente pero no pagado por el vendedor? Tiene que transferirlo a la Agencia Tributaria, pero muchos de estos operadores deshonestos no lo hacen. De esta forma, se generan beneficios indebidos. Esta estrategia se denomina ‘solución italiana’, puesto que Italia enfrentó un problema similar y al implementar la medida lo resolvieron. Como consecuencia, todos aquellos que delinquen en el mercado italiano han comenzado a operar en el español, atraídos por una legislación que les favorece.
P.- ¿Por qué en España se mantiene un régimen suspensivo, eximiendo a los hidrocarburos del pago del IVA en la inicial fase del proceso?
R.- Cuando se introdujo esta normativa, la intención era proteger las finanzas de los operadores y evitarles dificultades económicas. Sin embargo, esta no debe ser la opción elegida. Lo que estamos viendo es las consecuencias de ello. Si bien comprendo que se intentó actuar con buenas intenciones, se les dejó a los delincuentes una brecha por la cual ingresar, y es habitual que lo aprovechen…
P.- ¿Qué está impidiendo que se lleve a cabo un cambio en esta normativa?
R.- No logro entenderlo del todo. Es cuestión de voluntad política. Hay una enmienda que se presentó en el Congreso, pero debido a la inacción del Parlamento y la dificultad para alcanzar consensos, permanece sin avance en el Congreso.
