Dentro del Partido Popular, no todos comparten la convicción sobre la efectividad de la decisión de recurrir a la Audiencia Nacional para presentar una denuncia contra el PSOE por supuesta financiación ilegal. La medida sorprendió a muchos, incluso a algunos integrantes del comité de dirección, que se reunió de manera extraordinaria el domingo.
A raíz de la difusión del extenso informe de la UCO, que supera las 200 páginas, se ha difundido un material suficiente «para que la justicia actúe», especialmente cuando los líderes del partido insinúan tener información de nuevas «revelaciones» por venir.
Un miembro prominente del comité nacional ha comentado que este enfoque «parece más una reacción de ‘hay que hacer algo’ que un plan estratégico sólido», y otro añadió que las acusaciones de financiación irregular del PSOE se basan en las declaraciones de un empresario anónimo vinculado a Víctor de Aldama, que sostiene haber entregado dinero en efectivo a Ferraz. Sin embargo, este aspecto no aparece en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por lo tanto, esta estrategia es considerada «bastante arriesgada», a menos que los altos mandos del PP conozcan la identidad del informante y confíen en su veracidad. Este lunes, la Fiscalía de Madrid comunicó su desacuerdo en dar curso a la denuncia de Begoña Gómez contra el juez Peinado, lo que representa un obstáculo para la defensa de la esposa del presidente del Gobierno. La decisión final recae en el TSJ, y aún está activa la denuncia presentada por Sánchez contra el mismo magistrado por el mismo motivo.
La estrategia adoptada por Moncloa mediante la Audiencia Provincial de Madrid no ha resultado eficaz. Este organismo, a diferencia de lo que afirmó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en una rueda de prensa, no solo autorizó a Peinado a continuar con su investigación, sino que también anticipó un proceso largo.
Considerando esta situación, junto con la ausencia de respuesta a la solicitud para que Pedro Sánchez comparezca en el Senado sobre el ‘caso Koldo’, se argumenta que aún hay detalles por descubrir. Tanto líderes territoriales como parlamentarios consideran que presentar una querella ante la Audiencia Nacional es, al menos, una decisión «prematura», con el riesgo de que esta pueda ser «desestimada».
El PP encuentra especialmente tentadora la posibilidad de una financiación irregular dentro del PSOE, pues el motivo de la moción de censura que los despojó del poder en 2018 fue precisamente por recibir una condena «a título lucrativo» por este mismo tema. Borja Sémper, portavoz del PP, ha subrayado que esta situación tiene particularidades que justifican una investigación a fondo. En su visita a la Audiencia Nacional, Sémper dio su apoyo al denunciante anónimo, un empresario vinculado a la trama, señalando que la gravedad de la información merece ser investigada por la justicia.
Sémper recordó las advertencias provenientes de Génova en relación con su plan de actuar en múltiples frentes, abarcando lo institucional, judicial y político. Esto implicará también un intento de reformular las preguntas para la sesión de control al Gobierno de este miércoles, transformándolas en un debate centrado en la corrupción, lo que requerirá el apoyo de otras fuerzas políticas. Esta decisión, según Sémper, «desvía la atención». Afirmó que «eventualmente, todo saldrá a la luz, por fortuna. Esto continuará creciendo a medida que obtengamos más datos de las investigaciones de la UCO, ya que más implicados comenzarán a hablar. Esto resultará en un debilitamiento del Gobierno y del PSOE», añadió. Sémper solicitó al Ejecutivo que diera un paso al frente y que fueran transparentes, proporcionando a los ciudadanos información en el Parlamento y ante los medios de comunicación. Otro líder popular, al ser consultado, interpretó que esta elección «desvía la atención», ya que considera que al PSOE y al Gobierno solo les llegan «noticias desfavorables» de los tribunales, sin que sea necesario que el PP se involucre directamente en el presunto escándalo de corrupción originado en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, con José Luis Ábalos como figura clave. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, salió en defensa de Moncloa. Con un enfoque conciliador, comentó que «tener un asunto así sin aclararse en el gabinete no es en absoluto placentero. Siempre existe el riesgo de que afecte al Gobierno». Se alineó con la postura socialista, afirmando que «se han tomado medidas. Por ahora, todo queda ahí».
El debate en torno al ‘caso Ábalos’ ha generado diversas reacciones en el panorama político. Algunos, especialmente desde el Partido Popular, dirigen sus críticas hacia el PNV por su aparente falta de contundencia ante las recientes revelaciones. Desde Podemos, se considera difícil de creer que el presidente Sánchez no estuviera al tanto de lo que sucedía, mientras que Compromís defiende la idea de que quienes hayan cometido irregularidades deben asumir las consecuencias.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aunque acusó al PP de exagerar, expresó que resulta improbable que Sánchez no conociera este asunto, dado que Ábalos fue su mano derecha. En paralelo, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano, llamó a seguir la investigación hasta el final. Subrayó que la corrupción es un problema que afecta a toda la sociedad, independientemente de las ideologías, y destacó la necesidad de que los responsables, sin importar su posición, enfrenten las consecuencias. Además, criticó al PP, señalando su hipocresía, y sugirió que sus intentos de desgastar al Gobierno han fracasado.
