No habrá pausa, si es que alguna vez existió. El PSOE sostiene que el PP ha decidido emprender una lucha total en torno a la corrupción, intentando impartir «lecciones» sobre un asunto en el que posee un «pasado» claramente desventajoso.
Su objetivo parece ser despojar al Gobierno de Pedro Sánchez de una de sus principales banderas, una que surgió tras la moción de censura al entonces presidente Mariano Rajoy, en reacción a la sentencia de la Gürtel que implicó al PP como beneficiario.
La ejecutiva socialista y el propio Gobierno creen firmemente que la demanda presentada por Alberto Núñez Feijóo ante la Audiencia Nacional no tendrá éxito, dado que se basa en información de prensa sustentada en el testimonio de un informante anónimo. Una «demanda al estilo de Manos Limpias», similar a la que se interpuso contra Begoña Gómez, basada en «recortes periodísticos». Desde Ferraz se interpreta que el PP está dispuesto a emplear todos los recursos a su disposición para atacar al presidente, por lo cual advierten que están listos para responder: «Si buscan llevar esto a los tribunales, lo haremos». O, como se señala de manera más contundente en el Gobierno: «Si buscan una guerra sucia, la tendrán».
El domingo, el comité del Partido Popular llegó a un acuerdo que se llevó a cabo el lunes. Presentaron una denuncia contra el PSOE por cuatro cargos que consideran graves: financiación ilegal, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Este movimiento marca un avance significativo en comparación con la situación de Koldo y con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cual fue remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional la semana pasada, impulsando así la posible imputación del exministro José Luis Ábalos. Aunque los miembros del PP decidieron no compartir el escrito con los medios durante el día, por la noche, tanto elDiario.es como la SER confirmaron que el equipo de Feijóo no añadió más evidencias salvo las mencionadas por su portavoz, Borja Sémper, en sus declaraciones: se basan en la confesión de dos informantes anónimos que fueron divulgadas por el diario The Objective, donde se menciona que se trasladó una suma de 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, colocados en bolsas. El empresario que proporciona esta información no fue identificado y la grabación presentada como prueba tiene la voz alterada.
Los populares fundamentan los cuatro cargos mencionados en testimonios anónimos.
La acusación de financiamiento ilícito no está incluida en el informe de la UCO que respalda el caso relacionado con Ábalos. El Partido Popular presentó su demanda en el Juzgado Central de Instrucción número 5, bajo la dirección de Santiago Pedraz, quien el jueves pasado ordenó la prisión de Aldama debido a su conexión con una investigación sobre un supuesto fraude fiscal por IVA en hidrocarburos, que asciende a 182 millones de euros, abarcando no solo las deudas tributarias, sino también el blanqueo de capitales.
El PSOE reaccionó con fuerza ante la querella del PP. Los ministros de Transportes y Transformación Digital, Óscar Puente y Óscar López, junto con Esther Peña, diputada por Burgos y portavoz del partido, expresaron su rechazo. Coincidieron en criticar a los populares por «subcontratar» su oposición a los jueces. En otras palabras, Feijóo, a quien la líder de la ejecutiva federal describió como «un vago de siete suelas», optó por permitir que la Justicia haga su labor en su lugar. Puente calificó esta actitud como «un auténtico despropósito» y enfatizó que el Partido Popular carece de la autoridad moral para acusar a otros de financiación ilegal, mencionando que actualmente enfrentan treinta casos de corrupción, incluyendo el asunto que involucra a Ana Millán, la vicepresidenta de la Asamblea regional y número tres del PP de Madrid, quien sigue bajo investigación.
La portavoz mencionó en Ferraz las 39 causas que todavía están pendientes para el PP, enumerándolas una a una. «¿Quién se atreve a exigirnos cuentas? ¿Acaso ‘Los Soprano’?», bromeó.
Treinta no, sino 39. Peña, durante una conferencia de prensa en Ferraz, enumeró las 39 causas pendientes que enfrenta el Partido Popular en distintos tribunales del país. Lo hizo una por una. «Ayer [en referencia al domingo] se nos exigen explicaciones desde una sede financiada con dinero ilegítimo [la de la calle Génova en Madrid]. Y el líder de ese partido tenía vínculos con un narcotraficante. ¿Quién es el que realmente nos demanda explicaciones? ¿Acaso Los Soprano? Todo esto parece un chiste», comentó con ironía la portavoz. El PSOE desplegó toda su artillería política, incluso retrocediendo a una imagen que incomoda particularmente a Feijóo: sus fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado en su yate, una conexión que el partido ha sabido aprovechar en diversas ocasiones. Sánchez hizo mención de esto en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, y ahora vuelve a retomar el tema.
Peña no rechazó de manera categórica la noticia. «Si alguien afirma que estuvo aquí, que presente pruebas», demandó la dirigente, subrayando que no se puede cambiar la carga de la prueba. Según ella, no es el PSOE el que debe «presentar o demostrar nada», porque ellos están en una «posición pasiva», «asombrados» ante las acusaciones. Hasta ahora, afirmó, solo hay «una información anónima que menciona una supuesta visita a Ferraz sin ningún detalle concreto ni fuentes adicionales. No hay más información disponible».
«Una demanda ‘al estilo de Manos Limpias'».
En la cúpula se siente que hay una gran cantidad de «fantasmas» que «se jactaban de conexiones que no existían» y que «decían hablar con personas que realmente no lo hacían», todo con el fin de «mostrar una imagen que no corresponde a la realidad». Peña recordó que, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, el partido debe eliminar las grabaciones de videovigilancia y los registros de acceso «cada mes». Desde Barcelona, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, calificó como «lamentable» que el PP utilice «constantemente rumores y noticias falsas que difunden ciertos pseudomedios» en lugar de realizar una oposición constructiva, buscando judicializar temas sin «ningún nuevo elemento».
Montero subrayó que es «lamentable» que el PP «esté usando de forma permanente» rumores y noticias engañosas de algunos pseudomedios. El PSOE sostiene que la dirección de Feijóo «externaliza» su función de oposición a los jueces.
El PSOE ha mantenido que su actuación ante las denuncias de corrupción se diferencia notablemente de la del PP, evidenciando que ha respondido con «firmeza», «transparencia» y «colaboración con la Justicia». Además, ha exigido responsabilidades claras, tal y como ocurrió con Ábalos, a quien le solicitó su acta solo cinco días después del inicio del caso Koldo. Al negarse a cumplir, se le suspendió de militancia, un proceso que aún no ha concluido pero que probablemente derive en su expulsión definitiva del partido.
En el seno del PSOE, la decisión del PP de presentar una denuncia similar a la de Manos Limpias ha generado gran descontento. Sostienen que esta acción carece de fundamento, ya que se basa únicamente en información de prensa que no proporciona detalles relevantes. En conversaciones con este medio, enfatizan que no se menciona el nombre del empresario implicado, los beneficiarios de las supuestas reuniones en Ferraz, ni las fechas de esos encuentros, además de no contar con pruebas documentales que corroboren la acusación.
Se considera que el PP está exagerando la situación para desviar la atención de un error cometido la semana anterior, al respaldar enmiendas de Sumar que favorecen la reducción de penas para los presos de ETA en el extranjero. Unas fuentes gubernamentales han declarado que están dispuestos a luchar con todas sus fuerzas si el PP opta por mantener una estrategia de ataques. En Ferraz, la postura es clara: «Si deciden llevar el asunto a los tribunales, lo haremos también». Esto indica que el PP no se quedará callado ante los retos.
Varios miembros del Gobierno están convencidos de que la denuncia del PP no tendrá éxito, aunque advierten que situaciones similares pueden repetirse, recordando lo sucedido en el ‘caso Begoña’.
Los socialistas opinan que el objetivo de Génova es «crear un nuevo caso Begoña», una acusación basada en «recortes periodísticos». Sin embargo, la investigación judicial sigue en marcha. La Audiencia de Madrid ha restringido el ámbito de acción del juez Juan Carlos Peinado, aunque no ha cerrado el caso. Ministros consultados por este medio creen que la denuncia del PP no tendrá la misma suerte, principalmente porque está bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. No obstante, algunos miembros del Gobierno y del PSOE no descartan la posibilidad de que la denuncia sea admitida. «Tanto la demanda del PP como la causa contra Begoña [Gómez, esposa del presidente] carecen de fundamento, pero creo que la del PP no será siquiera admitida a trámite. No le veo viabilidad, aunque podría estar equivocado», señala un miembro del Consejo de Ministros que tiene amplios conocimientos en asuntos judiciales.
«Hay una clara «preocupación» en el partido y el Gobierno
«Las querellas siempre son inciertas. Esta me parece poco sólida, aunque lo mismo se dijo de la de Begoña, y aquí estamos», comenta otro ministro. Un tercer miembro del gabinete considera que, «en el mejor de los casos, se sumará a la investigación que ya está en curso», pero «no hay nada en el informe de la UCO que mencione financiación ilegal».
«No es posible que ellos tengan carta blanca y nosotros nos limitemos a reírles las gracias», enfatizan desde el Ejecutivo. «Si desean llevar el asunto a los juzgados, también lo haremos», señalan desde Ferraz.
Según fuentes de Ferraz y de la Moncloa, el argumento de que no se debe caer en el «tú más» no es aceptable. Este lunes, la portavoz utilizó esta idea al mencionar las 39 causas abiertas contra el PP. «Ellos nos han llevado ante la Audiencia Nacional. O jugamos todos o no hay juego. A ellos no les importa. Vamos a ir con todo. No podemos quedarnos callados. Debemos defendernos», afirman fuentes del gobierno. «Cada uno apela a su público. A nuestros votantes les molesta el asunto de Ábalos, pero les molesta aún más que nos mantengamos en silencio», añaden.
Dentro del partido reconocen que el informe de la UCO sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE es devastador y va mucho más allá de lo que la dirección había imaginado. Este documento sugiere que Ábalos pudo haber recibido un chalé en La Línea de la Concepción, Cádiz, y que se pagaron casi 90.000 euros por el alquiler de un piso de lujo en Madrid para su pareja, Jessica, a un costo de 2.700 euros mensuales. También se menciona su supuesta participación en la organización de la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020. «El informe sobre Ábalos proviene de la misma UCO y su validez es comparable al de Begoña, que no mostraba indicios creíbles. Se trata de la misma unidad de élite de la Guardia Civil», indican desde el Gobierno.
Es evidente que el asunto de Ábalos genera incomodidad. No sería lógico afirmar que estamos contentos con la situación. Sin embargo, creemos que está bajo control», concluyen las fuentes gubernamentales.
En el seno del PSOE y dentro del Ejecutivo se manifiesta una clara «inquietud» respecto al caso de Ábalos. A pesar de que aún falta información y que el exministro no puede ser investigado debido a su situación de aforamiento, consideran que el asunto está controlado y que no pondrá en riesgo a Sánchez. Sin embargo, alertan que no dudarán en tomar decisiones. El presidente ya había declarado desde Roma el viernes que «no habrá impunidad», y este lunes, la portavoz del Gobierno reafirmó que se tomarán medidas «caiga quien caiga», subrayando que «quien deba asumir las consecuencias, lo hará». Reconocen que el tema no es nada placentero; claramente admiten que no están alegres por la situación, pero consideran que está bien delimitada.
Como una muestra más del distanciamiento del PSOE respecto a Ábalos, la dirección del partido confirmó este lunes lo previsible: si el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio al Congreso para investigar al exministro, el partido apoyará dicha solicitud sin dudar. En ningún momento se opondrán a que se le acuse.