Ayer, el Partido Popular interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional contra el PSOE, acusándolo de posibles delitos relacionados con el lavado de dinero, financiación irregular de partidos, soborno y tráfico de influencias, en base a un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto al ‘caso Koldo’.
La acción legal también incluye al empresario Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y Koldo García, quien fue colaborador del exministro José Luis Ábalos, así como a la empresa VILLAFUEL, S.L.
La acusación del PP, a la que tuvo acceso El Independiente, se basa en dos declaraciones anónimas que fueron reveladas en un artículo del periódico The Objetive.
En este se menciona la implicación de un empresario que, según se dice, visitaba la sede del PSOE en la calle Ferraz con efectivo a cambio de favores políticos. «Se ha tomado conocimiento de los testimonios de dos informantes anónimos, relacionados con la investigación y con los acusados D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado y D. Claudio Rivas Ruíz Capillas, en los que se describen nuevos hechos presuntamente delictivos, asociados a los motivos que originaron estas diligencias».
Para el Partido Popular, «la supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político» constituye un indicio significativo que justifica «iniciar una investigación para determinar quién recibió el dinero y su destino». Además, solicitan identificar a las personas que laboraban en la recepción de Ferraz en octubre de 2020 y que guiaban a los visitantes dentro de las instalaciones.
Los miembros del partido Popular opinan que estos pagos en efectivo representan solo una fracción del total de los gastos de la operación, calculados en 600.000 euros. Afirman que están vinculados directamente a la adquisición del título de operador de VILLAFUEL, compañía dirigida por Aldama y Rivas, para desempeñarse como distribuidor de productos petroleros. Ambos se encuentran en prisión preventiva tras haber defraudado a la Hacienda Pública 182 millones de euros en un periodo de dos años.
