El Gobierno de Canarias se muestra abierto a la posibilidad de trasladar la atención de menores migrantes a otros países, basándose en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Esta medida busca imitar el enfoque adoptado por Giorgia Meloni.
En relación a la invitación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para que los Estados miembros sigan el modelo italiano de deslocalización de la atención a inmigrantes y solicitantes de asilo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), expresó su disposición a considerar esta opción.
Estas declaraciones se produjeron tras un encuentro con la presidenta balear, Marga Prohens (PP), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), quien confirmó que tanto CC como PP están «coordinados» en este y otros temas. Esta postura contrasta con la oposición del Gobierno español a establecer centros fuera de la Unión Europea para tratar a los inmigrantes que ingresan de manera irregular. El Ejecutivo canario se apoya en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite a las comunidades autónomas suscribir convenios con países de origen para asegurar que la atención y la integración social de los menores se lleven a cabo en su entorno de origen. Además, se especifica que dichos acuerdos deben garantizar la protección de los intereses de los menores y prever mecanismos para un adecuado seguimiento por parte de las comunidades autónomas sobre su situación. Manuel Domínguez también subrayó que el Gobierno español debería «prestar más atención» a las instituciones europeas y a su disposición para ofrecer apoyo económico, seguridad en fronteras, asilo político y la derivación de menores.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha mostrado su apoyo a su compañero de partido al enfatizar la necesidad de una mayor participación del Gobierno español en temas migratorios, tal como lo ha señalado Von der Leyen. Prohens destacó que corresponde a la administración central asumir el liderazgo, la responsabilidad y el compromiso necesarios para afrontar el fenómeno migratorio, ofreciendo soluciones efectivas. Afirmó que la situación en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no es solo una cuestión de solidaridad, sino de capacidad. En este sentido, cuando se enfrenta una sobrecarga en recursos y en el presupuesto, se espera que el Gobierno actúe con responsabilidad.
Además, mencionó que en lo que va de este año, ha aumentado en un 50% el número de personas que han llegado en embarcaciones a las Baleares en comparación con todo el año anterior, incluyendo 400 menores. La capacidad del sistema de acogida alcanza ya el 850%. Por ello, Prohens ha exigido una transformación en la política migratoria, y no limitarse solo al «reparto» de menores entre las diferentes comunidades. Hizo hincapié en el «pronunciamiento claro» de la Fiscalía de Menores en Baleares, que establece la responsabilidad del Gobierno en el contexto migratorio, subrayando que no se pueden desvincular a los menores de este fenómeno.
Por su parte, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha solicitado que se «separe la política de las instituciones» y ha expresado su descontento porque todas las iniciativas para modificar la Ley de Extranjería hayan surgido del Gobierno regional. Clavijo argumentó que la inmigración, junto con la vivienda, es un asunto que «justifica» una Conferencia de Presidentes y, aunque desearía que el Estado asumiera esa función de coordinación, si no lo hace, las comunidades autónomas deben actuar.
