La Mesa del Congreso, dominada por los partidos PSOE y Sumar, con la única oposición del PP, tomó la decisión este martes de no aceptar el ‘veto’ propuesto por el presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP. Esta decisión se produce tras el rechazo en la Cámara de una ley destinada a favorecer a los reclusos de ETA mediante la convalidación de condenas que hayan sido cumplidas en el extranjero, como en Francia.
Esta norma deriva de una enmienda presentada por Sumar a la adaptación de una directiva europea relacionada con los antecedentes penales en la Unión Europea. Al no haberse formalizado el veto al inicio del proceso legislativo en el Senado, la Mesa argumenta que los procedimientos adecuados no se han respetado.
Se indica que la situación es lo suficientemente importante como para no posponer la decisión mediante otra votación en el pleno del Congreso, por lo que será enviada directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) con la aprobación de los asesores legales de la Cámara Baja.
El máximo órgano legislativo dio cuenta de esta resolución tras una reunión este martes. «Tras evaluar las recomendaciones de los servicios jurídicos, la Mesa del Congreso ha decidido que debe acatar los procedimientos establecidos y considera válida la Ley Orgánica 7/2014, que trata sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones jurídicas en la UE, la cual será remitida al BOE para su publicación», informaron fuentes del Parlamento. Otras fuentes de similar nivel comentan que no se ha recibido un informe por escrito de los letrados del Congreso, ya que las comunicaciones con la Mesa han sido orales. «La Secretaría General no ha evaluado por escrito lo que señala el Senado. Lo aprobado está fuera de plazo. Por ende, se enviará al BOE», subrayan a El Independiente.
Aunque Rollán consideró que la votación negativa del lunes a la norma era un veto, reflejando un deseo de rechazo, legalmente no se puede interpretar de esa forma. De acuerdo con el artículo 90.2 de la Constitución, cuando una ley se presenta a la cámara de segunda lectura, esta tiene la obligación de hacer enmiendas o rechazarla por completo. Este fue el caso de la amnistía, que requirió una nueva votación en el Congreso para su aprobación final en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo de la situación actual era postergar el proceso de tramitación con la necesidad de realizar una votación. Sin embargo, el texto constitucional establece que, al llegar la ley al Senado en un procedimiento urgente, deben incluirse enmiendas o un veto antes de proceder a la votación en pleno, cumpliendo plazos específicos. No se puede hacer esto retroactivamente, como hizo el PP al aprovechar su mayoría absoluta en la Cámara Alta. El problema se agravó porque no hubo un registro formal de veto, ya que se dieron cuenta de la situación cuando ya era demasiado tarde.
Un caso similar ocurrió en 1995, enfrentando nuevamente las dos cámaras de las Cortes Generales. En ese momento, el Congreso envió una ley destinada a proteger las Salinas de Ibiza, pero el Senado rechazó la propuesta por mayoría simple, sin realizar un veto ni enmiendas. Pese a ello, la Mesa del Congreso determinó que la ley debía ser aprobada. Esta discrepancia se llevó ante el Tribunal Constitucional, que en 2002 respaldó la decisión del Congreso, declarando así la proposición de ley como aprobada.
En esta situación, el Partido Popular se aferra al contenido de la normativa, que favorecerá a miembros de ETA al derogarse la medida del Gobierno de Mariano Rajoy de 2014. Esta disposición limitaba la aplicación de la normativa a casos posteriores a 2010, con el objetivo de proteger a las víctimas de la organización terrorista. También se señala la importancia de contar con una mayoría absoluta en lugar de una simple.
Desde el Congreso, se anticipa que en las próximas horas se emitirá una «respuesta formal al Senado» y se informará al Gobierno sobre la aprobación del asunto.
Por otro lado, los grupos que se oponen a la ley, como Vox, representado por su portavoz Pepa Millán durante la comparecencia, han expresado su descontento. Millán instó a Armengol y a la Mesa para que «dejen de jugar con el Reglamento». Vox busca que los diferentes grupos se manifiesten con una votación nueva en el Congreso, dejando constancia de su rechazo, al igual que el PP y UPN. Este respaldo a pasar por alto la enmienda propuesta por Sumar ha generado desagrado dentro de las filas populares y de Vox, así como entre sus bases y las asociaciones de víctimas del terrorismo. Consideran que el veto del Senado es válido y creen que se está violando el artículo 132 del Reglamento. No descartan acudir al Tribunal Constitucional, aunque sólo pueden hacerlo mediante un recurso de amparo, ya que no disponen de los votos suficientes para optar por la inconstitucionalidad, situación que sí puede aprovechar el PP. Se prevé que el Partido Popular se manifieste en breve.
