Vox ha dejado en manos del PP y de su sede nacional en Génova la elección de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta sería la tercera moción planteada por Vox, luego de las dos anteriores en 2020 y 2023.
Una fuente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha señalado a El Independiente que «no contamos con la mayoría» necesaria en el Congreso para llevarlo a cabo, y de ser así, ya habríamos actuado. Si los populares deciden dar el paso, existen dos condiciones imprescindibles que serán imprescindibles para el apoyo de Vox.
La primera condición es que no se otorguen concesiones a fuerzas independentistas como Junts o el PNV, lo que complicaría la situación. La segunda, se refiere al compromiso de Alberto Núñez Feijóo, a quien consideran como candidato principal, en el sentido de convocar elecciones generales «de inmediato», sin ofrecer un perfil independiente, como el que fue presentado el año pasado por Ramón Tamames.
Santiago Abascal, líder de Vox, también mencionó esta segunda demanda durante una charla en Radio Libertad la semana pasada. Sin embargo, este lunes, en la sede del partido, las opiniones fueron más reservadas tras la declaración del vicepresidente Ignacio Garriga al finalizar el Comité de Acción Política (CAP). Garriga indicó que el PP, el encargado de presentar la moción, ha manifestado que aún está deliberando. «En ocasiones anteriores, no nos guiaba la aritmética, sino los principios frente a un ‘autócrata y corrupto’. El tiempo nos ha dado la razón», comentó Garriga en respuesta a preguntas. Hasta que el PP tome una decisión, Vox se enfocará en la movilización ciudadana, señalando que evaluará cada momento para actuar según las circunstancias, según afirmó Garriga.
Como ya se informó en este medio el 28 de septiembre, Garriga comunicó su participación en la movilización programada para el 20 de octubre en Plaza Castilla, Madrid. Esta manifestación se organiza en contra de las concesiones al independentismo y en oposición a Sánchez y su gestión, promovida por la Plataforma de la España Constitucional. Garriga expresó: «Saliremos a las calles y esperamos que otras fuerzas se sumen», dirigiéndose al PP, que aún no ha confirmado su participación. Es importante señalar que las organizaciones detrás de esta iniciativa no son especialmente cercanas a Génova, como es el caso de Pie en Pared o DEANES.
En Bambú, se defiende la acción basada en su efectividad, a diferencia de lo sucedido en 2020 y 2023, cuando quedó claro desde el inicio que no contarían con el apoyo de Pablo Casado ni de Feijóo. Así, el PP opta por adoptar una postura cautelosa, evitando movimientos que pudieran beneficiar a Sánchez y permitirle salir ileso de otra votación similar. Además, se espera que Feijóo, a menos que surja alguna novedad, sea el candidato para la presidencia. La falta de claridad el domingo por parte de la secretaria general, Cuca Gamarra, y del portavoz nacional, Borja Sémper, indica que los populares prefieren asegurarse de tener el respaldo del PNV, al menos. Este partido sería el socio más probable en comparación con Junts. Se piensa que la revelación de un nuevo informe de la UCO podría influir en la decisión de los jeltzale ante la presunta corrupción vinculada al PSOE, similar a lo que ocurrió en 2018 contra Rajoy. Sin embargo, el PNV está en coalición de gobierno en Euskadi, lo que complica su apoyo.
Garriga, durante su declaración, destacó que «Vox es el único partido que tiene un compromiso escrito de no pactar con independentistas». Además, presentó una situación en la que fuerzas como Junts «han optado por respaldar a un Gobierno corrupto». Añadió que «entre corruptos se está a gusto», sugiriendo que no espera que se atrevan a romper ese vínculo. Aun así, si se produjera un apoyo incondicional por parte del PNV o Junts, voceros de Vox indican que no se violaría ese compromiso de veto. En caso de que el PP hiciese una propuesta, se dialogaría exclusivamente con ellos. «Siempre existiría una coincidencia de voto», explican desde Vox, refiriéndose a una posible colaboración con esos grupos soberanistas en el Congreso.
Si el PP decide actuar, afirmó Garriga en una conferencia de prensa, «veremos cuáles son las condiciones». Además, criticó a los populares por «no involucrarse» en las dos iniciativas que Vox presentó anteriormente. «Si las hubieran respaldado», ahora «estaríamos en una posición más favorable» y con Sánchez fuera del poder. También opinó que la demanda que el PP ha interpuesto contra el PSOE por financiación ilegal, corrupción y tráfico de influencias debería extenderse a una ruptura de relaciones a nivel nacional y en Bruselas con los socialistas. Este punto fue defendido por el portavoz nacional, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa especial este domingo, junto a la responsable jurídica Marta Castro. En esa ocasión, se anunció una demanda contra Francina Armengol debido a las nuevas revelaciones del informe de la UCO sobre el caso de las mascarillas en Baleares. «Confiamos en que el PP actúe con coherencia», concluyó Garriga.
En su discurso, Garriga expresó su rechazo hacia la política del Gobierno, que continúa incentivando lo que él llama «efecto llamada» en el ámbito migratorio. También mencionó la manifestación por la vivienda asequible que tuvo lugar en Madrid durante el fin de semana, donde estuvo presente Sumar. «El Gobierno quiere que la ciudadanía olvide que lleva seis años en el poder», comentó sobre la participación del partido magenta en la movilización. Criticó que se estrangule a los propietarios y que la oferta de vivienda pública sea escasa, a pesar de la promesa de 260.000 unidades. Garriga abogó por la liberación inmediata de terrenos para edificación y por poner fin a las regulaciones masivas de precios que, según él, promueven el «coliving». Además, exigió la eliminación del impuesto sobre la compra de vivienda y subrayó que las ayudas a la vivienda social deberían beneficiarse a los españoles antes que a inmigrantes en situación irregular, algo que, según su afirmación, sucede en Cataluña. En respuesta a las protestas, este lunes, Sánchez anunció un incremento de 200.000 euros para los bonos de alquiler.
