El Ministerio del Interior continúa llevando a cabo deportaciones de solicitantes de asilo saharauis de manera gradual en el aeropuerto de Barajas. Recientemente, el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska ha enviado a Marruecos a otros seis activistas que estaban en la sala de inadmitidos.
Estos individuos fueron forzados a abordar un vuelo comercial hacia Marruecos la noche del domingo. Hasta ahora, más de 40 activistas provenientes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental han sido deportados por las autoridades españolas, a pesar de los reportes positivos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), así como de recomendaciones del Defensor del Pueblo y solicitudes de partidos, organizaciones sociales y grupos jurídicos.
Según el equipo legal de los activistas, todavía hay dos saharauis en Barajas. La semana pasada, otros dos fueron enviados a Marruecos tras recibir denegaciones de protección internacional, en un proceso que los solicitantes consideran automático, sin un análisis detallado de cada caso, situación que podría dar pie a una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde julio, solo se ha permitido la entrada en España a ocho activistas saharauis, siempre luego de una negativa initial. Grupos como Juezas y Jueces por la Democracia han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de estas expulsiones en las vidas de los afectados, lo que podría llevar de nuevo a España ante el mencionado tribunal, que ya la condenó en 2014 por circunstancias similares.
Recientemente, el Ministerio que encabeza Grande-Marlaska ha rechazado en dos ocasiones la visita de parlamentarios de la Comisión de Interior del Congreso a las áreas de Barajas donde se encuentran los solicitantes, impidiendo previamente el acceso a algunos diputados de Sumar y Podemos. La semana pasada, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó a Grande-Marlaska que revisara su política de rechazos masivos hacia los saharauis y que permitiera la entrada a aquellos que todavía se encuentran en la sala de inadmitidos. En un comunicado dirigido a la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Gabilondo indicó que había propuesto a la dirección de Protección Internacional que se permitiera el ingreso al país de todos los originarios del Sáhara Occidental que están actualmente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esto, conforme al artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, dado que se había iniciado un procedimiento oficial para el reconocimiento del estatus de apátrida en dicho aeropuerto. Gabilondo subrayó la importancia de garantizar que este procedimiento se lleve a cabo bajo los términos establecidos por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, así como por el Real Decreto mencionado y la Sentencia número 1091/2020 del Tribunal Supremo. Hasta el momento, la dirección correspondiente del Ministerio del Interior no ha respondido al Defensor del Pueblo.
El ministerio liderado por Grande-Marlaska desestimó hace años la sugerencia del Defensor del Pueblo, que proponía no designar intérpretes de nacionalidad marroquí o que hablen dariya, el dialecto árabe de Marruecos, para los solicitantes de asilo saharauis. Esta recomendación se fundamenta en el delicado contexto de enfrentamiento entre las dos regiones, así como en la obligación legal de asegurar que los solicitantes puedan declarar en un ambiente de confianza y con todas las garantías necesarias.
