El intercambio de acusaciones y el recurso al «tú más» son protagonistas en el actual conflicto. El PSOE está destacando su respuesta «enérgica» y veloz ante los escándalos de corrupción, especialmente en el caso que podría afectar a José Luis Ábalos, su antiguo secretario de Organización.
Aunque el partido no planea ofrecer más aclaraciones ni asumir responsabilidades adicionales por el momento, no descartan dicha posibilidad en el futuro, «caiga quien caiga». La táctica de Ferraz es contraatacar al PP, manifestando que no aceptan «lecciones» sobre la lucha contra la corrupción, e insinuando acciones legales contra Alberto Núñez Feijóo si no justifica los contratos de la Xunta relacionados con su familia.
Por otro lado, el PP ha presentado este lunes una denuncia formal en el Juzgado de Instrucción número 5 por presunta financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias, a raíz de un «escándalo de proporciones aún no esclarecidas» que, según el portavoz conservador, Borja Sémper, «se irá ampliando». El origen de esta denuncia se basa en la declaración de un empresario, divulgada por The Objective, quien asegura haber entregado diversas veces dinero en efectivo en la sede de Ferraz a cambio de beneficios políticos.
Esther Peña, portavoz del PSOE a nivel federal, destacó que el PP se presenta ante los tribunales con un comunicado de prensa, a pesar de saber que la legislación vigente en España no permite iniciar procedimientos de esta forma. Sin embargo, para ellos, el foco mediático parece ser lo primordial. La dirigenta subrayó que no existe «ni una prueba» que sustente las alegaciones del PP, las cuales corresponden a un «asunto ya en curso judicial» relacionado con un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos. Este caso está siendo investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia, y el empresario Víctor de Aldama fue detenido la semana pasada. Para los socialistas, es extremadamente cínico que se anuncie una demanda por corrupción desde unas instalaciones remodeladas con fondos ilícitos.
Peña también hizo mención a ciertos «fantasmas» que presumían de conexiones que en realidad no poseían, afirmando que algunos empresarios pueden fingir ser amigos del PSOE mientras que, en realidad, solo es una apariencia. El PSOE no puede verificar estas afirmaciones, ya que la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a las organizaciones a eliminar los registros de entrada mensualmente, lo cual es precisamente lo que se realiza en Ferraz. «Quien debe presentar la evidencia es aquel que hace la acusación», manifestó, desafiando a aquellos que han afirmado haber estado en su sede a demostrarlo. En resumen, se trata de que no corresponde al PSOE aportar información ni refutar lo que «algunos dicen»; serán ellos quienes deberán justificar sus acusaciones, mientras el partido se muestra perplejo ante estas afirmaciones.
Según los socialistas, Feijóo «no engaña a nadie». Lo describen como un experto en crear conflictos, señalando que ya lo hizo en Galicia y ahora lo reproduce a nivel nacional. En contraste con un «Gobierno transparente», que cuenta con un presidente decidido a enfrentar cualquier irregularidad, el PP «se mantiene oculto». La portavoz criticó a Feijóo, llamándolo «vago de siete suelas», ya que, en lugar de realizar una oposición digna, «subcontrata la oposición a los tribunales», una afirmación previamente hecha por los ministros Óscar López y Óscar Puente. Adicionalmente, mencionó que buscan instrumentalizar la Justicia para fines partidistas.
Peña no se pronunció desmintiendo la información, ya que, según aclararon en la sede central del partido, la dirección no puede refutar cada noticia que sale a la luz. En este caso particular, porque la declaración de un empresario cercano a Aldama no proporciona «ningún detalle» relevante. «No hay fecha específica, ni a quién visitó, ni nada por el estilo». En Ferraz, explican que toda persona que ingresa debe presentar su DNI y notificar a quién va a ver, mientras que la persona involucrada debe bajar al vestíbulo para recibirla. Solo quienes acceden por el garaje —como el presidente del Gobierno o los ministros— quedan exentos de este procedimiento. Sin embargo, todos los registros de entrada, así como las grabaciones de seguridad, «se destruyen a los treinta días, conforme a la normativa», recalcan. Peña se quejó al respecto, indicando que se trata de una información en la que un anonónimo menciona una posible visita a Ferraz sin proporcionar datos concretos ni fuentes adicionales. «No hay nada más que decir», concluyó.
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Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país