Este lunes, José Antonio Rodríguez, quien ocupa el puesto de director general de Coordinación y Estudios en el Ministerio del Interior, reconoció ante un juez de la Audiencia Nacional que fue él quien se comunicó con Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Su objetivo era formalizar un contrato para la compra de mascarillas con una empresa que actualmente es objeto de investigación por corrupción. Conocido como ‘Lenin’, el comisario admitió que, después de su comunicación con Koldo, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska adjudicó a la firma de Víctor de Aldama un contrato por valor de 3,5 millones de euros en material sanitario.
Cuando se le preguntó quién le había sugerido establecer contacto con Koldo, el comisario manifestó no recordar esa información. Según las fuentes, en ningún momento señaló al ministro ni reveló quién le proporcionó el teléfono del asesor del exministro José Luis Ábalos, negando haber recibido alguna presión para llevar a cabo dicha comunicación.
José Antonio Rodríguez comentó que, «dentro de su función», recibió noticias sobre la adquisición de mascarillas por el Ministerio de Transportes en el año en que la Covid-19 impactó en el país. En ese contexto, se le proporcionó el número de Koldo, con quien tuvo una conversación en la que este le mencionó a Íñigo Rotaeche, otro empresario que enfrenta cargos en la Audiencia Nacional en relación a este asunto.
Rotaeche trabajaba en la empresa Soluciones de Gestión S.L., presuntamente el núcleo de la red corrupta que vendió mascarillas mediante contratos irregulares, quedándose con comisiones ilegales. Víctor de Aldama, propietario de la firma, fue el principal beneficiario. Tras intermediar con Koldo, ‘Lenin’ comunicó toda la información a uno de sus colaboradores, Daniel Belmar, un policía ya retirado.
Un funcionario de alto nivel del Ministerio ha sido llamado a declarar como testigo, y su intervención se ha centrado en corroborar la información que ya está en el expediente, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha logrado especificar los detalles.