José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios en el Ministerio del Interior, admitió este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que fue él quien se puso en contacto con Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes durante la pandemia, para gestionar un contrato de mascarillas con la empresa que actualmente está bajo investigación por corrupción.
El comisario, apodado ‘Lenin’, confirmó que después de comunicarse con Koldo, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska otorgó un contrato de 3,5 millones de euros para material sanitario a la empresa de Víctor de Aldama, según fuentes del caso.
Cuando le preguntaron quién le sugirió contactar con Koldo, el comisario aseguró no recordar ese detalle. En ningún momento mencionó al ministro ni indicó quién le proporcionó el teléfono del asesor del exministro José Luis Ábalos, además negó haber sido obligado a hacer dicho contacto.
Rodríguez aclaró que fue informado, en el desempeño de su labor, sobre las adquisiciones de mascarillas que estaba llevando a cabo el Ministerio de Transportes durante el año en que el Covid-19 impactó al país. En ese contexto, le facilitaron el número de Koldo, con quien se comunicó; este le proporcionó la información de Íñigo Rotaeche, otro empresario implicado en esta investigación.
Rotaeche trabajaba para la empresa Soluciones de Gestión S.L., que se menciona como el núcleo de la trama corrupta responsable de la venta de mascarillas mediante contratos irregulares, quedándose con comisiones ilegales. Víctor de Aldama, titular de dicha compañía, fue el mayor beneficiario de estas operaciones. Luego de la intermediación de Koldo, ‘Lenin’ informó a Daniel Belmar, un policía retirado y subordinado suyo, de toda la información recabada.
Un alto funcionario del Ministerio ha declarado como testigo, limitándose a validar la información ya presentada en la investigación gracias a los detalles proporcionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La red operaba principalmente en el área de Transportes, donde Aldama tenía un control considerable a través de Koldo y otros vínculos en ese entorno. Con la obtención de la mayoría de los contratos para la compra de mascarillas, la trama se extendió a otros ministerios y Comunidades Autónomas.
De este modo, la empresa Soluciones de Gestión logró firmar acuerdos con el Ministerio del Interior, así como con los Servicios de Salud de Baleares y Canarias. El más reciente informe policial vinculado al caso muestra mensajes afectuosos entre Koldo y Francina Armengol, quien fue presidenta balear y ahora ocupa la presidencia del Congreso.
