El Ministerio del Interior, representado por la Abogacía del Estado, ha decidido intervenir en el procedimiento judicial que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla (Madrid) contra el teniente coronel David Oliva y otros dos miembros de la Guardia Civil, quienes formaban parte de OCON-Sur, la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.
Estos tres funcionarios enfrentan acusaciones por un delito de cohecho y otro de revelación de secretos, y la jueza ya los ha colocado en una situación cercana a un juicio.
Según el documento al que tuvo acceso El Independiente, la Abogacía del Estado actúa como acusación particular en nombre del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, considerando a estas entidades como las afectadas.
Este movimiento se produce cuando la instrucción está casi finalizada, lo que hace que algunos observadores interpreten este paso como un claro interés por parte de la administración, liderada por Fernando Grande-Marlaska, de asegurar que los tres guardias civiles sean condenados.
El medio citado intentó obtener una declaración oficial del Ministerio del Interior, pero no tuvo éxito. Fuentes dentro de la Abogacía del Estado señalaron que, normalmente, su participación se da en situaciones donde hay un perjuicio económico para la Administración. Sin embargo, en este caso particular no se presenta tal circunstancia, aunque mencionaron que si se considera que el asunto es de alta relevancia para el Gobierno, los abogados del Estado pueden involucrarse en el proceso. Se argumenta que la revelación de secretos podría haber afectado los intereses del Ejecutivo.
Las imputaciones contra Oliva y sus dos compañeros giran en torno a la necesidad de aclarar si uno de ellos, que formaba parte de los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil, proporcionó información al teniente coronel sobre pesquisas internas que lo involucraban debido a su asociación con grupos de narcotráfico, a cambio de recibir un puesto en OCON.
Por su parte, ellos presentan una narrativa diferente. Aseguran que las observaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Central y Operativa (UDyCO) fueron manipuladas y que ni el teniente coronel ni su colaborador más cercano tenían conexiones con un clan de narcotraficantes en Cádiz. Argumentan que detrás de estas investigaciones hay una intención de ciertos sectores del Ministerio del Interior por desmantelar el grupo especializado que se había formado para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho.
Así, han iniciado una serie de acciones en tres frentes: solicitar en el juzgado la declaración de agentes de policía, pedir la reapertura del caso en la Audiencia Nacional (donde iniciaron sus acusaciones) y presentar una demanda contra los agentes encargados de la investigación, incluidos los de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Sin embargo, hasta ahora no han triunfado en ninguno de estos intentos.
La juez de Parla ha denegado las últimas solicitudes que los agentes habían presentado, después de que se realizara la vista preliminar del juicio el pasado mes de julio, según reporta elDiario.es. El teniente coronel Oliva ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que, a la espera de esta decisión, el juicio se aproxima cada vez más. Este proceso será con jurado, dado que la legislación establece que los casos de cohecho de funcionarios públicos deben ser juzgados por ciudadanos.