Treinta minutos después de que la secretaria del PP, Cuca Gamarra, realizara una rueda de prensa extraordinaria este domingo para detallar una demanda contra el presidente del Gobierno y el PSOE debido a supuestas irregularidades en la financiación, así como cohecho y tráfico de influencias, el partido Vox hizo un anuncio similar desde su sede en Bambú, Madrid.
Ambos grupos políticos convocaron a la prensa de manera urgente tras la difusión de un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se espera sea presentado al final de la semana. Este informe menciona, según un colaborador de Víctor de Aldama, la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.
Además, se ha revelado que Pedro Sánchez estaba al tanto de la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, gracias a un mensaje vía WhatsApp del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien, cabe recordar, tenía prohibido su ingreso en territorio europeo. Se sugiere que Ábalos fue uno de los beneficiarios de la red corrupta, que ha sido supervisada por su exasesor Koldo García, lo que podría llevar a su posible imputación. Este jueves, Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación, solicitó información al Congreso acerca de la condición de aforado de Ábalos.
Sánchez ha sostenido que ni él ni su partido tienen relaciones con los hechos en cuestión y ha enfatizado su disposición para colaborar con la justicia, marcando un distanciamiento con etapas políticas pasadas, especialmente con el PP de Mariano Rajoy. Durante su visita al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco el sábado, también admitió que Ábalos le anunció la visita de Rodríguez, aunque calificó este viaje como «privado» y afirmó que solo después se enteró de las sanciones impuestas por la Unión Europea a ciertos líderes venezolanos.
En la sede de Vox, durante una conferencia de prensa junto al portavoz nacional, José Antonio Fúster, y la responsable jurídica del partido, Marta Castro, se expusieron los detalles sobre el enfoque judicial que adoptarán en breve. Fúster expresó su apoyo hacia el reciente movimiento del PP, aunque dudó que esto derivara en una cooperación real entre Génova y Bambú en lo que respecta a Sánchez. «El PP nos ha dejado a un lado y no ha mostrado interés en involucrarse en las acciones. No puede ser solo una demanda en los juzgados. Es necesario que rompan cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, tanto en España como en Bruselas», subrayó Fúster.
Durante el turno de preguntas, enfatizando la actuación de los populares, el portavoz de Vox comentó que le parecía «excelente», aunque advirtió que podría no ser suficiente ante lo que él considera «una degradación de las instituciones».
«Confiamos en que valoren la experiencia acumulada», a raíz de la constante «ofensiva» de Vox en los tribunales contra la figura de Sánchez y su círculo cercano, instó Fúster, quien también reclamó que se desista de cualquier tipo de colaboración con los socialistas. A pesar de no hacer referencia a la posible presentación de una moción de censura, Fúster solicitó la salida de Sánchez y la rápida convocatoria de elecciones generales, subrayando también la «responsabilidad» de todos los grupos en no facilitar «irregularidades» en relación al Gobierno.
En lo que respecta a Vox, su anuncio más relevante consiste en la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo contra Francina Armengol. Según Fúster, esto se debe a las nuevas revelaciones del informe de la UCO relacionado con el caso de las mascarillas y «los contratos realizados en Baleares» durante su mandato como presidenta regional. El portavoz mencionó que se han aportado pruebas de su implicación. En el documento, se indica que la actual presidenta del Congreso proporcionó a Koldo García el contacto de la Consejería de Salud para la adjudicación de pruebas PCR por un monto de 1,1 millones de euros. Por su parte, Armengol sostiene que el informe «avalado» su defensa hasta ahora, incluyendo su declaración ante la comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas en el Congreso.