¿Qué ocurrió en el Grupo Popular del Congreso, liderado por Miguel Tellado, que hizo que nadie se percatara de la relevancia de una enmienda que podría facilitar la liberación anticipada de presos altamente peligrosos de ETA? ¿Fue acaso un descuido generalizado?, ¿no lograron dimensionar sus consecuencias? ¿O quizás creyeron que, a pesar de las advertencias, los efectos no serían tan severos como se plantea? Es posible que una combinación de todas estas circunstancias haya provocado una reacción en cadena, llevando a la conclusión oficial de «lamentamos el error», una postura que no cuenta con el consenso interno, aunque se considera una estrategia para salir del embrollo.
En la cima del Grupo se encuentra una de las personas más cercanas al líder del PP, una elección directa de Alberto Núñez Feijóo, quien ha optado por no señalar a los responsables en una cuestión tan delicada para el principal partido de la oposición.
En ese contexto, algunos miembros habían hecho del lema «que te vote Txapote» un símbolo característico. Tellado decidió no aceptar las renuncias de los tres diputados de la comisión de Justicia que apoyaron la ley, y en relación al portavoz, quienes lo rodean mencionan que «Feijóo es consciente de que Miguel siempre está dispuesto a dejar su puesto por el partido».
Desajustes dentro del Grupo Parlamentario.
La figura de Tellado ha sido afectada debido a su rol como líder de los diputados del Partido Popular. Esto no se debe solo a su falta de conocimiento sobre lo que se aprobó disfrazado de una simple adaptación de una directiva europea, según opinan algunos de sus colegas críticos, sino también a las disfunciones dentro del Grupo Parlamentario que llevaron a un error del que, como indicó el mismo Tellado, “todos somos responsables”. La mayoría siente que si el Gobierno intenta jugar con ellos, la vigilancia debe ser aún mayor, según expresan muchos. Un exparlamentario comentó que es conocido que, tras el proceso de una directiva europea, se suele introducir legislación nacional, lo que puede ser una trampa.
Tellado ha llamado la atención a sus diputados, como han mencionado a El Independiente varios de ellos, enfatizando que la responsabilidad es «colectiva» y que se debería instar al Gobierno a retirar la propuesta de Ley, que está a punto de concluir su paso por el Senado, aunque Moncloa no tiene planes de hacerlo.
Muchos de los más experimentados, incluidos aquellos que ya no están en la política, recuerdan cuando el Grupo Popular contaba con asesores como Miguel Pizarro, Loyola de Palacio, Federico Trillo o Fernando Bécquer, quienes eran figuras destacadas en política y administración. Actualmente, los críticos señalan que hay muchos “hijos de” y que los favores políticos y personales han reemplazado la experiencia y el conocimiento, un cambio que aseguran comenzó con Pablo Casado al sustituir a los más capacitados por generaciones más jóvenes.
Se ha elegido un modelo de gestión parlamentaria que es altamente centralizado. Cada asunto debe ser revisado por los nueve vicesecretarios de área de Génova, lo que frecuentemente provoca retrasos en el trabajo. En relación con el Proyecto de Ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales y el reconocimiento de resoluciones judiciales en la Unión Europea, la supervisión estaba a cargo de los asesores en materia de Justicia, junto a los diputados de la comisión pertinente y Esteban González Pons, el vicesecretario que maneja estas competencias y también se encarga de temas de política exterior. Además, su posición como vicepresidente tercero del Parlamento Europeo le limita la presencia en España, lo que ha generado cierta inquietud en el Grupo, ya que consideran que esto le impide tener un control adecuado sobre los asuntos tratados.
Se ordenó que se votara a favor de la proposición, ya que se trata de la transposición de una directiva de la Unión Europea.
Por su parte, bajo la dirección de Pons se encuentra la diputada María Jesús Moro, reconocida como una de las legisladoras más capacitadas en la Cámara Baja. En una reunión extraordinaria que se llevó a cabo a finales de julio, durante el receso parlamentario, Morena se opuso a todas las enmiendas que se presentaron, no tanto por su contenido como por la urgencia del proceso. Moro reemplazó a su colega Ana Belén Vázquez y, en la comisión, la indicación «del jefe» —cuyo nombre prefieren no revelar— fue apoyar la iniciativa debido a que es una transposición de una directiva europea. Este «jefe» podría ser Tellado, González Pons o incluso Feijóo.
Este modelo de coordinación jerárquica, que busca reunir todas las asesorías parlamentarias bajo la dirección de la eurodiputada Alma Ezcurra, pretende también evitar los frecuentes conflictos entre la secretaría general del partido y la persona que ejerce la portavocía parlamentaria.
Este tipo de situaciones se vivieron en el pasado entre Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato durante la presidencia de José María Aznar. También sucedió en la etapa de Mariano Rajoy entre Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, llegando a extremos durante la gestión de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. La presidencia de Pablo Casado también tuvo sus conflictos, evidentes en la tensión entre Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo. El enfoque de Feijóo busca minimizar los roces entre Cuca Gamarra y Miguel Tellado, centralizando las decisiones, aunque algunas tensiones son inevitables.
Desde la cúpula del PP se comenta que lo sencillo habría sido «dirigirse contra alguien específico» para encontrar un chivo expiatorio que resolviera la crisis. Sin embargo, Feijóo decidió asumir la responsabilidad del error «injustificable» personalmente, evitando culpar a otros, incluso al principal responsable del Grupo Parlamentario, quien también manifestó su descontento y nerviosismo por la situación.
El portavoz ha atravesado esta situación con algunos rasguños y moretones, reconocen miembros del partido. Es muy probable que el político gallego intentara redimirse durante la intensa sesión de control al Gobierno del miércoles pasado, donde mostró un cartel con las imágenes de 11 líderes socialistas asesinados por ETA. Entre ellos se encontraban Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, y Froilán Elespe, exconcejal de Lasarte-Oria, en una táctica parlamentaria que no fue bien recibida por varios representantes del PP presentes en la sala.
Se espera que las nuevas informaciones sobre el «caso Ábalos», que está cerca de resultar en imputaciones, y el tema relacionado con «Delcy Rodríguez» ayuden a que se olvide ese desagradable momento. “Y lo que aún falta por revelarse”, advierten desde el PP, más allá del impactante informe de 233 páginas de la UCO. El tiempo dirá si realmente será así.