Una sombra oscura ha caído sobre la Guardia Civil en la semana dedicada a su patrona. El asunto Koldo, que involucra a un comandante, ha dejado al Servicio de Información, conocido por su lucha contra la corrupción, en una situación comprometida.
Rubén Villalba, quien estaba vinculado con el caso de las comisiones por mascarillas, ha sido señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) como una figura clave. Se le acusaba, supuestamente, de proporcionar comunicadores seguros. Su principal contacto es Víctor de Aldama, conocido por su implicación en diversas irregularidades en años recientes.
Este comandante percibía un extra de 2.000 euros mensuales a cambio de facilitar teléfonos móviles al intermediario. Según él mismo comentó, llegó a ofrecer «tres o cuatro» dispositivos en un solo mes. Cada móvil tenía un coste máximo de 150 euros y con las recargas podía alcanzar los 200 euros. Los investigadores han hablado con alrededor de diez subalternos de Villalba en el Servicio de Información. Se reveló que el comandante les pedía realizar ingresos en efectivo en su cuenta, llevar los dispositivos a la oficina de Aldama, e incluso servir como chófer de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, trasladándolo de Malasaña a Atocha. La impresión general es que Villalba manejaba el equipo de élite como un dominio privado, utilizando a guardias civiles, desde tenientes hacia arriba, para sus propios encargos dentro de una trama corrupta. «Estamos soportando la tormenta», menciona un agente colega del comandante. «Es una situación bastante incómoda, pero mantenemos la calma», añade. La inquietud que se siente entre los altos mandos de la Guardia Civil es sobre hasta dónde ha llegado esta intrusión.
En las grabaciones presentadas en el caso, se puede oír a Rubén Villalba charlando con tres superiores, entre ellos su jefe. Todos ellos eran conscientes de su vínculo con Aldama. Fuentes del ámbito legal indican que Villalba era un colaborador de la unidad encargada de combatir el terrorismo. Aún se desconoce cómo una agrupación delictiva logró infiltrarse en uno de los cuerpos más prestigiosos y capacitados del Instituto Armado.
El informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revisado por El Independiente, indica que Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, le comunicó a Villalba, el comandante que fue detenido en la operación Delorme, que el antiguo director del Instituto Armado, Leonardo Marcos, le había informado sobre la investigación en curso contra la organización. Este documento, que abarca 87 páginas, examina el rol de Villalba, quien se encontraba asignado desde octubre de 2023, aunque había trabajado previamente en los Servicios de Información, en una estructura que supuestamente recibía comisiones ilegales por contratos para la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.
Villalba comentó que el gran asesor del exministro José Luis Ábalos le había formulado varias preguntas respecto a la UCO que estaba llevando a cabo la pesquisa. Sin embargo, el 25 de enero, en un intercambio de mensajes por WhatsApp, Koldo le confirmó que sí estaban siendo investigados y que el exdirector Marcos le había proporcionado esa información. En su informe, la UCO menciona que no ha podido validar esta afirmación y critica la «irresponsabilidad» con la que Koldo presumía de sus conexiones, sugiriendo que lo hacía para incrementar su propia relevancia.
Por otro lado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado su intención de presentar una denuncia contra Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, por la posible filtración de información a Koldo García.
En un aviso oficial, la organización ha acusado a Marcos de un posible delito relacionado con la mala gestión de documentos y la violación de secretos, lo que les impulsa a llevar a cabo «las medidas legales pertinentes» para evitar que «sucesos de este tipo se repitan» y para preservar la imagen de la Guardia Civil y sus miembros. Según AUGC, la situación alrededor de este presunto aviso indebido es «aún más inquietante, considerando que, después de su destitución, Marcos fue designado a un cargo destacado en la Embajada de España en Washington, donde percibe un sueldo que supera los 20.000 euros al mes». Leonardo Marcos cesó como director general de la Guardia Civil el 17 de septiembre y el Gobierno nombró nuevamente a Mercedes González para este importante puesto, tras su corto mandato de tres meses al frente del Instituto Armado, que se interrumpió al ser incluida en las listas del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
