Víctor de Aldama no era solo el anterior presidente del Zamora Club de Fútbol, sino que también jugó un papel clave en el escándalo conocido como ‘caso Koldo’. Actuaba como intermediario para la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en España.
Recientemente se descubrió que lideraba una red de fraudes fiscales relacionados con los impuestos sobre hidrocarburos, causando un perjuicio al Estado que asciende a 182 millones de euros. Debido a esto, el juez de la Audiencia Nacional decidió ayer su ingreso en prisión provisional.
Sin embargo, una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Aldama también tenía la responsabilidad de conseguir una vivienda de lujo para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este exdirigente del PSOE está actualmente al borde de ser imputado, ya que ha salido a la luz su implicación en una supuesta red de corrupción relacionada con la venta de mascarillas.
El informe de 233 páginas de la UCO indica que Ábalos permitió a Aldama y a su exasesor, Koldo García, manejar diversas operaciones dentro del Ministerio, durante su mandato de enero de 2020 a julio de 2021, a cambio de beneficios en forma de favores. Esto incluye un presunto pago de 500.000 euros destinado a un chalet en Cádiz que usó el exministro y, además, hasta 32 mensualidades de un apartamento en Madrid donde vivía una mujer que en ese momento era su pareja.
La historia se remonta a una serie de contratos lucrativos relacionados con mascarillas que fueron asignados a la firma Soluciones de Gestión SL, dirigida por Víctor de Aldama. Entre el 21 y el 27 de marzo de 2020, justo cuando se decretó el Estado de Alarma, tanto Puertos del Estado como ADIF (que pertenecen al ámbito de Transportes) realizaron acuerdos de provisión de material médico con dicha empresa. Sin embargo, no fue la única ocasión, ya que en abril consiguió un contrato adicional del Ministerio del Interior y en mayo otros dos del Servicio Canario de Salud y del Servicio de Salud de las Islas Baleares. En total, la compañía obtuvo ingresos por 54 millones de euros, lo que le generó a Aldama un beneficio personal de 6,6 millones.
La UCO ha descubierto un desglose de los gastos realizados por el empresario en esta transacción, donde aparecen anotaciones como «El Gran 2.000.000» y «Goblins 500.000 – Casa». Se sospecha que «El Gran» podría referirse a una transferencia hacia Koldo, mientras que «Casa» estaría relacionado con Ábalos. ¿El motivo? Meses después, el exministro envió a Koldo numerosos enlaces de propiedades similares: chalés en Málaga y Cádiz. Esto podría asociarse con la referencia a «casa».
Ábalos delegó a Koldo la tarea de seleccionar la vivienda. Uno de los anuncios que compartió fue de una propiedad valorada en 599.000 euros, una cifra que coincide notablemente con la anotación y que terminó siendo comprada por Aldama.
Aldama asume el rol principal en la gestión de la compra, utilizando intermediarios que negociarían aspectos como las condiciones de la transacción, el depósito inicial y la firma del contrato correspondiente, según informan los agentes. Al principio, el empresario elige a un venezolano asociado a Suelopetrol S.L., una firma del sector petrolero y gasístico en América Latina. Sin embargo, «por motivos desconocidos», señala la UCO, decide no continuar con este contacto y finalmente encarga la tarea a Claudio Rivas, dueño de Villafuel S.L., una empresa comercializadora de energía.
En este punto, surge una segunda red de corrupción relacionada con los hidrocarburos. Aldama, que ya había sido arrestado en febrero por el ‘caso Koldo’, fue nuevamente detenido el lunes pasado. La Fiscalía Anticorrupción reveló la existencia de una red de fraude fiscal vinculada a empresas intermediarias en el sector de los combustibles, que desaparecían cuando la Agencia Tributaria les exigía el pago de impuestos. La noticia impactó al descubrir que entre los detenidos se encontraban Aldama y Claudio Rivas. La UCO ha estado investigando ambas organizaciones criminales, una relacionada con las mascarillas y la otra con hidrocarburos, de manera simultánea.
Durante el proceso de selección del chalet, en diciembre de 2020, se organizó una reunión con el Director de Gabinete del Ministerio de Industria, a la que asistieron Claudio Rivas y otras cinco personas. Este encuentro, «fue liderado y coordinado por Aldama, quien los puso en contacto con Koldo para que fueran recibidos por el Director mencionado», informa el Instituto Armado. El propósito de Rivas, en su calidad de empresario del sector, era conseguir la certificación como operador mayorista de productos petrolíferos.
El 19 de abril de 2021, Claudio Rivas formalizó el acuerdo de arras por un monto de 52.500 euros para la compra de una vivienda destinada a Ábalos, utilizando una de sus empresas. Luego, el 9 de junio, otra compañía enfocada en el sector de combustibles, Have Got Time S.L., transfirió los fondos requeridos para la compra de la propiedad en La Alcaidesa, Cádiz. Según el contrato de compra, esta empresa, que estaba bajo el control de Aldama, efectuó un pago de 526.500 euros. En síntesis, fue Aldama quien llevó a cabo la adquisición de la vivienda, utilizando presuntamente sociedades vinculadas a Claudio Rivas para garantizar que Ábalos tuviera el uso efectivo del inmueble.
La destitución de Ábalos complica la situación
El 10 de julio de 2021 ocurrió un acontecimiento significativo: el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció la destitución de Ábalos como ministro. Esto también puso fin a la labor de Koldo García. «En este nuevo contexto, ya en diciembre de ese mismo año, Koldo envió a Aldama una imagen de un documento que parecía ser un burofax». Este mensaje iba dirigido a la firma que había adquirido la propiedad y contenía una solicitud de pago a Ábalos por las mensualidades de agosto, septiembre, octubre y noviembre correspondientes a la vivienda en La Alcaidesa.
Para la UCO, resulta interesante que la queja de Koldo fuese dirigida a Aldama, lo que sugiere que la responsabilidad real del pago de esas mensualidades impagas podría recaer no en Ábalos, sino en Aldama a través de alguien bajo su control. Además, hay otra comunicación que capta la atención de los investigadores: una conversación entre Aldama y su ‘socio’ Claudio Rivas.
El último comentario que recibió fue: «Buenos días, amigo. Te pido disculpas, pero tengo una noticia que no es nada grata, o quizás sí. Es crucial que el mencionado grandullón se aleje del ministerio. Estas son las palabras exactas del Director de Servicios de Industria, es decir, del máximo responsable. Se requiere que ese individuo deje de intervenir y causar molestias, eso es lo que se ha comunicado, y no entraré en insultos. En cuanto a Villafuel, les pido que simplemente lo dejen en paz, que no realice ninguna acción. Si no, el título no se obtendrá, ya que hemos establecido un nuevo protocolo para aclarar todas las dudas que ha generado el grandullón en el ministerio».
El propietario de la compañía de hidrocarburos percibía que Koldo (el grandullón) estaba obstaculizando las gestiones necesarias para obtener la licencia para operar. Finalmente, en diciembre, la solicitud para Villafuel fue rechazada. «Esto va a causar serios problemas», le comentó Claudio Rivas a Aldama después del rechazo. «Además, no están respondiendo al burofax, será necesario iniciar el proceso de desahucio antes de que las cosas se compliquen».
Estas conversaciones cierran el círculo para los investigadores. Cuando el Ministerio de Industria rechaza la solicitud de autorización para operar de los empresarios del combustible, una autorización esencial para llevar a cabo el posible fraude, Rivas le advierte a Aldama que es hora de empezar el proceso de desalojo de Ábalos. «Esto establecería una relación directa entre el rechazo de Industria y el desalojo de Ábalos del chalet», confirma el Instituto Armado.
Claudio Rivas y Aldama, en prisión
Este jueves, Rivas y Aldama han sido puestos a disposición del juzgado. El juez Santiago Pedraz, encargado de la investigación sobre el caso de los hidrocarburos en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha decidido enviar a ambos a prisión provisional. Se les imputa un posible delito contra la Hacienda Pública, participación en una organización criminal y lavado de dinero.
La manera de operar era bastante sofisticada. Utilizaban un sistema empresarial y testaferros para formar compañías que actuaban como intermediarias, para luego disolverse rápidamente antes de que la Hacienda pudiera cobrar el IVA. Según el juez, se han detectado transferencias al extranjero que suman cerca de 74 millones de euros, lo que sugiere que Aldama y otros involucrados podrían tener activos ocultos en lugares como Portugal, Colombia y China. Aunque la empresa Villafuel S.L. aparentaba ser sólida, la verdad es que, cuando la UCO realizó las pesquisas, solo tenía dos empleados.
Pedraz argumenta que la gravedad de los delitos y la cantidad de material pendiente de estudio justifican la necesidad de que ambos estén en prisión preventiva, además de señalar la posibilidad de que se destruyan documentos clave.
