La situación relacionada con la convalidación de penas y su vínculo con la Unión Europea ha puesto de manifiesto diversas disfunciones dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, desencadenando una serie de errores y una crisis significativa en el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.
Las últimas informaciones sobre el informe de la UCO en el llamado ‘caso Koldo’ y la inminente imputación del ex ministro y antiguo ‘número dos’ del PSOE, José Luis Ábalos, han desviado la atención pública y moderado los ánimos, aunque las heridas aún no sanan.
La estrategia del partido es no implementar sanciones disciplinarias, aunque esto no implica que las dinámicas internas no vayan a cambiar. El objetivo es organizar los numerosos equipos de asesores que operan en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, consolidándolos bajo un solo mando en la sede del número 13 de la calle Génova, lo que concentrará aún más el proceso de toma de decisiones. Para llevar a cabo esta coordinación, se ha seleccionado a la eurodiputada de Madrid, Alma Ezcurra, considerada una de las aliadas cercanas de Isabel Díaz Ayuso, según han declarado fuentes del partido. La figura de Ezcurra ganó relevancia al convertirse en una de las voces más destacadas del PP de Madrid en oposición a la ley de Amnistía, que permitió a Pedro Sánchez obtener el apoyo necesario de los diputados de Carles Puigdemont para su investidura. Además, fue destacada por Ayuso para la candidatura europea, ocupando el tercer puesto en la lista, solo superada por Dolors Montserrat y la andaluza Carmen Crespo.
Ezcurra ocupa el cargo de coordinadora general en el think tank Reformismo21, una entidad que genera desconfianza dentro del partido, especialmente en los Grupos Parlamentarios, quienes sienten que sus atribuciones se ven amenazadas por la intervención de esta fundación. Su trayectoria incluye asesorías en los gobiernos de Mariano Rajoy y en FAES, donde muchos la consideran una de las mejores. Participó de manera crucial en la elaboración del programa electoral para las elecciones generales de diciembre de 2015 y cuenta con una amplia experiencia en equipos de trabajo.
El propósito de unificar las diversas asesorías en Génova ha sido un antiguo anhelo, aunque representa una tarea monumental y llena de desafíos. La idea de consolidar las distintas asesorías tiene tanto defensores como opositores dentro del PP. Hay quienes creen que organizar los esfuerzos en una estrategia común es beneficioso, facilitando la colaboración entre expertos en diferentes áreas. Sin embargo, también están quienes argumentan que las dinámicas particulares de las tres Cámaras, sobre todo la de Estrasburgo, son contrastantes.
Además, se sostiene que, a pesar de seguir este modelo, podría no haberse evitado la enmienda que permite a los presos de ETA descontar el tiempo que han pasado en prisión en Francia de sus condenas. Actualmente, el Partido Popular ya cuenta con un método centralizado para la toma de decisiones y el control sobre sus Grupos en el Congreso y el Senado, donde la labor legislativa se canaliza a través de los vicesecretarios correspondientes, intentando así prevenir los históricos enfrentamientos que ocurrieron entre Génova 13 y el Grupo Popular en la Cámara Baja, especialmente durante las gestiones de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Actualmente, se promueve un enfoque de ‘coordinación jerárquica’, aunque ha habido desacuerdos entre figuras como Cuca Gamarra y Miguel Tellado, algo que desde Génova se ha tratado de minimizar.
Los recientes sucesos relacionados con la propuesta de Sumar, que busca eliminar una normativa establecida durante la era de Mariano Rajoy para impedir que los etarras accedan a reducciones de penas, evidencian una falta de supervisión en todos los niveles implicados. Ni los asesores del Parlamento ni los legisladores que integraban la ponencia y la comisión de Justicia, ni el coordinador de comisiones, ni el portavoz del Grupo Parlamentario, Miguel Tellado, se percataron de la situación. También resulta preocupante que asesores externos, incluidos académicos especializados en estas cuestiones, no hayan advertido el problema. Según información recabada por El Independiente, la AVT, que representa a las víctimas del terrorismo, fue citada, pues esta organización y sus abogados suelen mantener un seguimiento constante sobre asuntos legislativos que pueden afectarlos. Cabe mencionar que María Jesús Moro, una de las diputadas, primero se opuso a todas las propuestas durante la discusión de la ponencia a finales de julio, en una sesión convocada de manera apresurada, pero luego cambió su voto a favor en la comisión. Para avanzar, el Gobierno debe retirar el proyecto antes del lunes, fecha en que se concluye el proceso en el Senado, el cual se considera meramente procedimental, aunque el PP tenga una mayoría suficiente para rechazarlo. Según reportó el medio digital Demócrata, el PP cuenta con 101 asesores en el Congreso, aunque esta cifra podría aumentar a 137, en línea con el número de diputados que ocupan los asientos en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. En el Senado, se reportan 53 asesores, aunque esta cifra se refiere a datos de febrero pasado.
En el Parlamento Europeo, la situación se vuelve un tanto más compleja, ya que cada eurodiputado tiene la capacidad de contar con asistentes, ya sean acreditados, locales o remunerados, además de aquellos que son asignados a los Grupos Parlamentarios.
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