El Ejecutivo no tiene intención de retroceder. No se desmarca de las propuestas del grupo parlamentario Sumar relacionadas con su normativa sobre el intercambio de información de antecedentes penales, modificaciones que permitirían la excarcelación anticipada de hasta 44 internos vinculados a ETA.
Sin embargo, desde la Moncloa evitan profundizar en el asunto; no explican qué motivó la promoción de estos cambios ni se detallan los posibles impactos, ni aclaran si hubo comunicación con Bildu, aunque el PSOE ha abordado el tema con un poco más de detalle.
Por ahora, el Gobierno se enfoca en el PP y le critican por alzar la voz ahora, cuando no mostró reparos durante todo el proceso legislativo y apoyó las alteraciones sin problemas. La presión se centra en los populares, quienes afrontan la situación debido a sus errores consecutivos, pero el Ejecutivo no se esfuerza por educar acerca de su propia reforma. Esta modificación pronto será oficial, ya que solo queda la reunión del pleno del Senado prevista para el lunes. Aunque el PP votase en contra, poco importaría, ya que el proyecto no recibió objeciones ni enmiendas en la cámara alta, por lo que se podría considerar aprobado por las Cortes Generales. Dado que el Gobierno no tiene planes de retirar la propuesta, su aprobación se vuelve inevitable.
De hecho, hasta que El Confidencial destacó las modificaciones en el proyecto de ley sobre la interoperabilidad de información acerca de antecedentes penales, el asunto había pasado desapercibido en las instituciones. Esto sucede frecuentemente con las adaptaciones de normativas europeas. Según comentó Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros de este martes, la situación es «indiscutible», dado que fue respaldada por los populares en el ámbito europeo. Para respaldar su postura, la ministra recordó que la actualización aprobada —que solo necesita ser ratificada en el pleno del Senado el próximo 14 de octubre— tiene un contenido «idéntico» y «literal» al que fue validado en 2014 por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Mariano Rajoy. También mencionó que el Consejo de Estado dio su visto bueno a ese documento en un informe fechado el 16 de diciembre de 2013 (y no en 2023, como se había afirmado inicialmente), es decir, nada menos que once años antes de que se registraran las modificaciones de Sumar en junio de 2024. Además, la portavoz subrayó que, el 3 de enero de 2024, la Audiencia Nacional presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando información sobre las «posibles medidas correctivas» que pudieran evitar la «falta de proporcionalidad de las sanciones en relación con los delitos, en el caso de sentencias extranjeras concurrentes».
Luego, Alegría opinó sobre el trayecto parlamentario de la propuesta del Gobierno: el proyecto fue «discutido, dialogado y votado» en el Congreso sin recibir objeciones. La ponencia obtuvo una aprobación mayoritaria, y el dictamen de la Comisión de Justicia contó con el respaldo de todos los grupos, salvo por la abstención de tres diputados de Vox, quienes justificaron su decisión como una forma de protestar contra un Gobierno «liderado por un autócrata», refiriéndose a Pedro Sánchez. En el pleno del 18 de septiembre, se ratificó el texto de manera unánime, sumando 346 votos a favor. Es importante destacar que no participaron en la votación ni el presidente ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.
Este desenlace ha generado un intenso clima de disputa política y ha agitado el panorama dentro del PP, que exige al Gobierno que retire la propuesta. Desde Moncloa, se espera que la controversia persista en Génova y afecte a Feijóo.
De hecho, tras recibir un mensaje de Cuca Gamarra, la portavoz del PP, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, realizó una llamada. Contactó con Gamarra para indagar sobre el «repentino» e «inesperado cambio de postura» del PP, lo cual resulta «complicado de aclarar», dado que la ley «facilita la implementación del Derecho europeo en el país»; ya que en el Congreso los populares habían respaldado la norma, al igual que otros grupos, y en el Senado no se presentaron ni vetos ni enmiendas; además, la ley cuenta con el apoyo de un informe del Consejo de Estado de 2013, y la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE sobre la «conformidad de la legislación vigente con el Derecho comunitario».
Según fuentes de la Moncloa, los documentos que se mencionan son «públicos y ampliamente conocidos». Argumentan que es inverosímil que el PP no estuviera al tanto de ellos, por lo que corresponde a este partido ofrecer las explicaciones necesarias ante su cambio de postura. Desde el equipo de Bolaños subrayaron que no ha habido deslices ni equivocaciones por parte del PP, instando a que deje de engañar y mentir. Para la portavoz, la «instrumentalización política» del terrorismo por parte del PP, trece años después de la disolución de ETA, resulta «totalmente vergonzosa», y lo señala como un intento de «ocultar su falta de propuestas, proyectos y liderazgo».
Alegría evitó discutir la creación de la enmienda de Sumar o cómo esta reforma legal podría llevar a la liberación anticipada de etarras que cumplieron parte de sus penas en Francia y posteriormente fueron extraditados a España. En resumen, no defendió los cambios realizados, simplemente dirigió su atención hacia el PP. Las fuentes de la Moncloa enfatizaban que lo que se está aprobando ahora es la misma redacción que fue presentada por Rajoy para la transposición de la directiva en 2014, destacando que ese era el punto clave, y que cualquier modificación que se realizó durante su tramitación parlamentaria se debió a la presión que ejercieron otros.
¿Qué sucedió en 2014? El Gobierno de Rajoy elaboró un artículo 14 en el proyecto de ley orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales, que finalmente intentaba transponer (aunque de manera tardía) las decisiones marco 2008/675/JAI y 2009/315/JAI del Consejo. El texto aprobado en el Consejo de Ministros tomó en consideración las recomendaciones contenidas en el informe del Consejo de Estado —el principal órgano consultivo del Gobierno— de diciembre de 2013.
El proceso continuó, pero en el Senado, en el último momento, el Partido Popular presentó varias modificaciones que fueron aceptadas y que actualmente están en vigor. Estas modificaciones afectaban al artículo 14 e incluían una disposición adicional relevante, que estipulaba que «en ningún caso se considerarán» para la implementación de la ley las «sentencias emitidas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea antes del 15 de agosto de 2010». Esto implicaba que la mayoría de los prisioneros de ETA que comenzaron a cumplir sus penas en Francia no podían descontar ese tiempo al ser extraditados a España. En otras palabras, no tenían la opción de beneficiarse de la reducción o validación de sus sentencias. La fecha del 15 de agosto de 2010 fue elegida porque era el plazo límite para aplicar la decisión marco.
¿Qué ocurrió tras esos eventos? La aprobación de la directiva comunitaria 2019/884, por el Parlamento Europeo y el Consejo, trajo consigo modificaciones a la decisión marco 2009/315/JAI. Esto implica que la nueva normativa de la UE exigió al Gobierno adaptar su legislación nacional, incorporando las nuevas directrices impuestas desde Bruselas. En el documento que el Ejecutivo de Sánchez presentó al Congreso en marzo de 2024, no se realizó ninguna modificación al artículo 14 de la ley de 2014, ni a la disposición adicional única que había sido incluida apresuradamente por el Senado. Sin embargo, tres meses más tarde, las enmiendas propuestas por Sumar sí alteraron el artículo 14, restableciéndolo a su redacción original, la cual había sido establecida por el Gobierno de Rajoy una década atrás, y eliminaron la disposición adicional única. Durante las discusiones en las comisiones y en el pleno del Congreso, los registros reflejan que no se mencionó que estos cambios podrían favorecer a los reclusos de ETA, acortando sus condenas. Ni el PSOE ni Sumar hicieron mención a este punto, y los representantes del PP y Vox también se abstuvieron de señalarlo.
El 31 de julio se aprobó el informe de la ponencia, con la firma de todos los diputados presentes que, como es habitual, indicaron haber analizado detenidamente la iniciativa y las enmiendas correspondientes. El 10 de septiembre se visó el dictamen de la Comisión de Justicia, y poco después, el 18 de septiembre, el pleno del Congreso dio su aprobación al texto. Ese mismo día, el diputado del Partido Popular, José Manuel Velasco, destacó que la propuesta que se discutía en el hemiciclo era únicamente una «trasposición de una directiva» que, antes de llegar a la Cámara, había recibido más observaciones técnicas que modificaciones. Velasco comentó que esta directiva «debió haberse traspuesto hace dos años», resaltando que su implementación se ha demorado «dos años», a pesar de ser un asunto relativamente sencillo. En el Senado, no se presentó ninguna enmienda ni veto, por lo que el texto avanzó sin contratiempos a la deliberación del pleno, que está programada para el 14 de octubre, aunque inicialmente se esperaba que fuera el 8 de octubre, antes de la complicada situación política.
Los argumentos presentados por la Moncloa ese martes resultaron notablemente débiles, ya que el Consejo de Estado había emitido su informe en 2013, es decir, 11 años antes de que Sumar propusiera sus enmiendas, y la consulta previa de la Audiencia Nacional a la que se referían también antecedía esos cambios sugeridos por el socio minoritario del Gobierno.
El representante del PSOE en el Parlamento, Patxi López, explicó de manera detallada el significado de lo aprobado. Durante una conferencia de prensa en el Congreso, insistió en que esto no implica «reducciones de penas» ni para reclusos de ETA ni para otros prisioneros, sino que busca rectificar la «falta de proporcionalidad» en las condenas «cuando hay sentencias similares en otros países». Según sus palabras, esta iniciativa es «un componente clave para la colaboración y cooperación en el ámbito de la justicia europea» que se «necesitaba trasladar» a España, lo que había puesto a los ciudadanos en una situación de desventaja. «Estamos implementando esta directiva europea que solventa ese vacío y se ha hecho aquí también con consenso, incluso el Partido Popular llegó a señalar desde el estrado que nosotros llegamos tarde. No se puede apelar a ello ahora», lamentó López, según reporta EFE.
El líder socialista subrayó que el documento ha estado en proceso durante seis meses y solo recibió 13 enmiendas (distribuidas en 14 páginas), «y no cientos como para haber generado confusión». También mencionó a las víctimas y expresó su comprensión por su «sensibilidad y emoción en este momento». «Todo lo que se ha hecho [en favor de las víctimas del terrorismo] proviene de un Gobierno socialista, mientras que el Partido Popular no ha hecho nada». López instó a los seguidores de Feijóo a «dejar de manipular los sentimientos» de las víctimas, advirtiendo que «no se está excarcelando a nadie sin haber cumplido la pena, ya que eso no es cierto». La medida asegurará que no se imponga una pena desproporcionada.
La cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional, efectivamente, es el núcleo del debate. El 26 de octubre de 2023, la Sección Segunda de lo Penal emitió un auto que planteaba al TJUE una pregunta sobre el caso de Soledad Iparragirre, alias Anboto, quien fue líder de ETA. Tras haber cumplido dos décadas en prisión en Francia, enfrenta la posibilidad de pasar, «con alta probabilidad», otros 30 años en España por un ataque a una comisaría de policía en Oviedo en 1997. Esto implicaría un «mínimo de 50 años de detención efectiva» a menos que se logre «unir las condenas impuestas en Francia y en España en una sola pena limitada en el tiempo». La respuesta del TJUE aún está pendiente.
Por su parte, Sumar ha respaldado firmemente sus enmiendas. Enrique Santiago, su portavoz en materia de Justicia e Interior, destacó el lunes que la intención es subsanar una discriminación. El martes, el diputado Gerardo Pisarello expresó que «no resulta creíble que el PP ignorara lo que estaba votando». Su escepticismo radica en que es un partido con «abogados de Estado y juristas», y que «cuando no permiten algo, simplemente no sucede». «El PP está generando mucho ruido hoy porque no sabe cómo justificar su postura o no desea revelar la verdad», argumentó. Javier Sánchez Serna, de Podemos, consideró incomprensible la controversia en torno a una «sencilla trasposición» que busca uniformar las penas en todos los países de la UE, sosteniendo que «si a los diputados de derecha no les parecía bien, debieron expresarlo en ese instante». «Si no pueden desempeñar su labor, lo que deben hacer es arreglarlo», concluyó.
Sumar enfatiza que las enmiendas presentadas son completamente de su autoría. Por su parte, el PSOE no aborda el tema en profundidad y no aclara si hubo algún pacto con Bildu. Esta última organización afirma de manera categórica que no estuvo involucrada. «Nosotros no solicitamos nada, ya que esta enmienda había sido presentada previamente por Sumar, cuando aún era Unidas Podemos, en mayo de 2021», explican desde su grupo, señalando la propuesta legislativa que los morados hicieron hace tres años con un objetivo similar al de las enmiendas actuales. «De hecho, nosotros no registramos ninguna enmienda respecto al proyecto de ley del Gobierno —agregan en Bildu—. Este tema ha estado pendiente durante años. Esta legislación ha estado en funcionamiento en varios países europeos durante más de una década. La excepción era precisamente España. La interrogante es por qué Rajoy introdujo esa particularidad. Lo que se está haciendo ahora es corregirlo».
Este miércoles, Sánchez comparecerá en el pleno del Congreso para discutir la crisis migratoria. Sin embargo, todos coinciden, especialmente el PP que ya lo ha anticipado, en que el asunto de ETA volverá a ser tratado en la cámara. Esta vez, a través de unas enmiendas de Sumar que el PP no ha cuestionado y que son respaldadas por la Moncloa, aunque no se ofrezcan detalles sobre su contenido.