Es oficial: Jacobo Barchín, una figura del cuerpo de la Guardia Civil, ha recibido el aviso que nunca deseó recibir. Este martes se le notificó su pase a la situación de retiro debido a su discapacidad. En 2020, sufrió un accidente en bicicleta que lo dejó en silla de ruedas tras una lesión medular incompleta en la vértebra dorsal 12.
Desde entonces, ha estado lidiando para que tanto el Instituto Armado como el Ministerio de Defensa le ofrecieran un puesto acorde a sus nuevas circunstancias. Antes de su accidente, Jacobo trabajaba en seguridad ciudadana y contaba con cinco años de servicio en la Benemérita.
Su discapacidad se traduce en un 70%, afectando únicamente la parte inferior de su cuerpo, aunque aún puede caminar cortas distancias y mantenerse en pie. Además, le gustaría desempeñarse en un entorno de oficina o en el servicio al público, donde su silla de ruedas no sería un inconveniente. Sin embargo, la Guardia Civil ha decidido su retiro, argumentando su «inutilidad para el servicio», lo que ha sido un golpe muy duro tanto para él como para su esposa, Raquel. Al publicarse su situación, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se puso en contacto con el anterior director del cuerpo, quien prometió ayudar a Jacobo para que no quedara desamparado, incluso asegurando que trabajaría para modificar la legislación. Sin embargo, poco antes de esa promesa, firmó la propuesta para declarar la incapacidad permanente de Barchín, según documentos revisados. A pesar de recibir este duro golpe, Jacobo sigue en tratamiento para mejorar su movilidad, sosteniendo que todavía podría ser de gran utilidad para la organización. Solo requería un entorno adaptado y el apoyo que no ha llegado.
**Últimas manifestaciones**
La mujer argumenta que las recientes aportaciones de Jacobo han sido ignoradas. Además, menciona que el experto que lo evaluó indicó que podría desempeñarse en tareas administrativas. Sostiene que «existe legislación tanto nacional como interna de la Guardia Civil que respalda a Jacobo para otorgarle una declaración de aptitud con limitaciones». Sin embargo, esto no ha tenido impacto. En la actualidad, se está trabajando en la modificación del artículo 49.1 del estatuto de los trabajadores, buscando evitar despidos automáticos cuando una persona enfrenta una discapacidad. “Es cierto que los funcionarios tienen un régimen diferente, pero sería más injusto no incluirlos”, señala Raquel. La pareja está decidida a seguir luchando hasta el final. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y su asesoría legal les han brindado apoyo durante casi cuatro años. El próximo paso que «definitivamente tomaremos» es presentar una demanda a través de la vía contencioso-administrativa.
**Sin antecedentes**
Ni Jacobo ni la AUGC han hallado un precedente en la Guardia Civil de un agente activo en silla de ruedas que haya sido calificado como apto con limitaciones, que es lo que solicitan para él. Curiosamente, tal situación se ha dado en el Ejército de Tierra, donde la soldado Isabel Fernández sufrió un accidente en 2015 que la obligó a utilizar este tipo de vehículo en la academia de infantería de Toledo. Desde que fue dado de alta a principios de 2022, Jacobo y Raquel residen en un alquiler en Barraca de Aguas Vivas, dentro del municipio de Alcira. Debido a su baja médica, él percibe aproximadamente 300 euros menos que su salario habitual. Raquel, por su parte, se encuentra desempleada y sin prestaciones. Iba a comenzar a trabajar en un supermercado justo el día en que su entonces pareja tuvo el accidente, lo que le impidió aceptar el empleo. Aunque aún no ha regresado al trabajo, la situación podría cambiar pronto.
Está a la espera de asumir un nuevo cargo el día 18. Esta entrada económica seguramente les facilitará afrontar la resolución de la Guardia Civil mientras aguardan la vía judicial para que Jacobo regrese a vestir su uniforme.
