Categorías: Política
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9 octubre, 2024 11:07 pm

Génova dirige su atención hacia Moncloa para mitigar el descontento dentro del PP debido a la serie de fallos relacionados con la reducción de las penas a terroristas

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Hay un sentimiento de indignación y descontento en el Partido Popular, que algunos altos dirigentes describen como «dolor interno». Esta reacción surge por los múltiples fallos que llevaron al partido a apoyar una enmienda de una directiva europea. Dicha enmienda permite la convalidación de penas cumplidas en Francia por ciertos individuos relacionados con ETA, incluyendo a Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote, quien fue responsable de la muerte de Miguel Ángel Blanco.

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Este tema es especialmente delicado para el principal partido opositor. Aunque su voto no habría cambiado el resultado, ya que la enmienda fue aprobada gracias al apoyo de PSOE, Sumar y otros aliados, parece que nadie evaluó adecuadamente las implicaciones de dicha enmienda.

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Por otro lado, dentro del Grupo Popular se observa un esfuerzo por mantener la unidad. «Lo último que faltaría es que el Gobierno libere a presos etarras y que la que deba renunciar sea María Jesús Moro», comenta un veterano parlamentario refiriéndose a esta diputada, reconocida por su formación jurídica y su compromiso. Ella había ofrecido su escaño al portavoz del Grupo, Miguel Tellado, quien no aceptó la propuesta. La misma fuente aclara que las cuestiones más técnicas suelen ser asignadas a los asesores, «a veces pueden ocurrir errores», y este es un caso en el que Vox y UPN también subestimaron el impacto de la enmienda integrada en la trasposición de la directiva europea.

Se viven, por tanto, tensiones internas que están a la vista.

Los miembros del Partido Popular reconocen su error, siendo Alberto Núñez Feijóo, el líder, quien primero lo admite. Sin embargo, según informaciones de otras fuentes parlamentarias citadas por El Independiente, no hay culpables específicos identificables en esta situación. Otra fuente desmiente el tan comentado «ruido» interno, aunque este tipo de circunstancias a menudo facilitan conflictos internos. Las quejas no son nuevas, pues se ha cuestionado si Núñez Feijóo se rodea excesivamente de su equipo de ‘gallegos’ o si Esteban González Pons, quien ocupa múltiples cargos como vicesecretario de Institucional y vice presidente tercero de la Eurocámara, está asumiendo más responsabilidades de las que puede manejar, lo que afecta su disponibilidad para abordar los temas cotidianos.

La actual táctica consiste en decirle al Gobierno que tiene la opción de cancelar la ley, dado que cuenta con cinco días —hoy solo quedan cuatro— para hacerlo antes del lunes. Este fue el tema central en las intervenciones de los populares en el Parlamento. Feijóo exigió a Pedro Sánchez que retire una ley que podría anular más de 300 años de penas para etarras, al iniciar su intervención, la cual versaba sobre inmigración. Nuevamente, asumió la culpa por la situación, mencionando que muchos ciudadanos están decepcionados con su grupo y tienen motivos. Sin embargo, resaltó que no es lo mismo la decepción que la «bajeza» de promover una ley consciente de sus repercusiones, un aspecto que no ha abordado ningún integrante del gobierno, excepto el portavoz socialista, Patxi López.

Se vivió un tenso enfrentamiento entre Álvarez de Toledo y Bolaños.

El enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, resultó ser muy tenso. Álvarez de Toledo no logró ver la importancia de la enmienda presentada por Sumar, mientras los miembros del partido popular estaban concentrados en una propuesta de Junts, la cual creían que tenía como objetivo favorecer a Carles Puigdemont. Esto fue una de las razones que condujeron a que ignoraran el documento de los magentas, tal como reconoció Tellado. Álvarez de Toledo expresó: «Cometimos un error grave que no cambió el resultado, y por eso pedimos disculpas. En cambio, usted, señor Bolaños, ha cometido un crimen en el ámbito político, jurídico y moral, del cual no muestra arrepentimiento ni intención de rectificar. Otegi dio órdenes sobre los presos y usted actuó de acuerdo».

A esto, el ministro respondió: «¿Cree usted que es un logro o un fracaso que ETA dejara de actuar en España hace 13 años? Para la sociedad española fue un triunfo, pero un fracaso para el terrorismo y para aquellos que aún insisten en hablar de ETA». Asimismo, previamente había criticado a Cuca Gamarra por su «inesperado cambio de postura» respecto a un proyecto de ley enmendado, que previamente había apoyado.

En Madrid, se escuchó: «El que debería dimitir es Sánchez por liberar a los etarras».

Desde la periferia, los líderes regionales del PP adoptan una postura cautelosa. Varios consultados por El Independiente aseguran no haber discutido con Feijóo sobre el grave error ocurrido en el Grupo Parlamentario, aunque consideran que esta es una situación que corresponde gestionar al líder del partido, sin señalar a nadie específicamente. En otros círculos, como los cercanos a la presidenta de Madrid, se menciona a un culpable, pero se refieren a Pedro Sánchez como el responsable. Argumentan que él debería renunciar «por sus manipulaciones y por liberar a los etarras» y que hay «más ruido que realidad» en las noticias que sugieren demandas de dimisiones y purgas internas, apuntando que, incluso si hubieran identificado lo que escondía la conocida enmienda, «no habrían podido detenerlo».

En el Senado, centran su atención en que simplemente siguieron las órdenes provenientes del Congreso, aunque eso no ha evitado que sea la Cámara Alta la que haya agotado todos los recursos parlamentarios para intentar frenar la enmienda que modifica la situación de los etarras encarcelados que cumplen condena en Francia.

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