El Grupo Popular en el Senado se limitó a gestionar un proyecto de ley que, supuestamente, solo incorporaba una directiva de la UE relacionada con la armonización del cumplimiento de condenas en prisión. Sin embargo, el texto incluía una enmienda que posibilitaba a los terroristas más violentos reducir las penas al contabilizar los años cumplidos en Francia.
No hubo alarma porque este documento llegó con la advertencia explícita del Grupo en el Congreso de que no se modificaría ni se vetaría, contando, además, con el apoyo unánime de la Cámara Baja, según fuentes del propio Grupo reveladas a El Independiente.
Los medios apuntan que esta táctica es común para evitar discrepancias en la estrategia, permitiendo que el Grupo en el Senado no cuestione las decisiones tomadas en el Congreso. Así, no se presentaron enmiendas ni veto alguno, lo que significa que, en la práctica, el proyecto ya estaba aprobado, a pesar de que la votación en el pleno senatorial se pospuso para la próxima semana, donde se discutirá la postura de los diferentes Grupos Parlamentarios. Esta vez, se anticipa el rechazo de la mayoría del PP, pero sin efectos concretos.
En la dirección del Grupo Popular en el Senado ha habido sorpresa, e incluso algunos de sus miembros afirman no haber estado al tanto del contenido de la enmienda de Sumar hasta que surgió la controversia tras una noticia de El Confidencial. De esta manera, minimizan su responsabilidad y la atribuyen al Grupo en el Congreso liderado por Miguel Tellado. El Independiente también mencionó que Génova no se percató de la supuesta gravedad de lo aprobado hasta el viernes, aunque sus asesores legales pusieron en duda la posibilidad de que los etarras se beneficiaran de la reducción de penas sumando años cumplidos en otros países de la UE.
En efecto, parece que los asesores del Parlamento tampoco fueron capaces de identificar el problema, lo cual ha llevado a muchas críticas internas. A estas alturas, la situación es clara: el Ejecutivo no retirará el proyecto de ley, como dejó claro la ministra de Educación, Pilar Alegría. Retirar la iniciativa no parece una opción viable en este momento. Por otro lado, la propuesta del Partido Popular para solicitar la eliminación de las enmiendas de Sumar en el Senado, siguiendo el artículo 125 del Reglamento, no prosperó. A pesar de tener una mayoría absoluta, el PP está intentando todas las estrategias posibles para bloquear la legislación, a pesar de que llegó a la Cámara Alta ya aprobado por el Congreso, tras pasar por su correspondiente revisión. Cabe señalar que la oposición del PP no habría podido detener la aprobación del proyecto de ley, ya que el margen de acción en el Senado es muy limitado. Al final, están enfrentando el desgaste de tratar de cambiar esta situación. Un pequeño alivio para el principal partido opositor es el hecho de que también Vox fue engañado en este asunto, lo que evita que la responsabilidad recaiga únicamente sobre ellos. Núñez Feijóo ha criticado al Gobierno, señalando que se trata de una «indignidad», y volvió a pedir disculpas. En una conversación reciente con la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ésta lamentó que la reforma de la ley no puede ser revertida. Durante un evento relacionado con su legislación sobre conciliación, Feijóo instó al Gobierno a que no reduzca las penas. «Hago un llamado -afirmó- a la sensibilidad de todos los socialistas. Aún pueden evitar tener que agachar la cabeza ante las familias de los asesinados».
El representante del PSOE advirtió que si el partido continúa con esta «indignidad», será el único que responderá ante la historia. Hoy, durante su debate en el Parlamento con el presidente, se enfocará en la necesidad de retirar al menos la enmienda que permitiría la liberación anticipada del asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote, cuya excarcelación está programada para el próximo año en lugar de en 2031.
La conversación sostenida ayer entre Félix Bolaños, presidente del Gobierno, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no contribuyó a encontrar un entendimiento. El ministro reafirmó que no se eliminará la ley y cuestionó a Gamarra sobre el «inesperado» giro de postura del PP. Al recordar el recorrido parlamentario del proyecto, mencionó que contaba con el respaldo de un informe favorable del Consejo de Estado, aunque excluyendo la enmienda que Sumar añadió después. Afirmó que «es imposible que el PP no supiera» lo que se incluía en el texto, dado que todos los documentos eran accesibles al público, y que ahora corresponde a los populares justificar su cambio de postura.
Desde Sumar, se eleva la duda sobre el desconocimiento del PP respecto a lo que estaban votando. El socio del PSOE sostiene igualmente esta afirmación, convencidos de que la principal fuerza de oposición estaba completamente informada sobre su voto, y que solo la controversia generada les ha llevado a retroceder, aunque ya resulta en vano. Además, desde Sumar rechazan cualquier tipo de colaboración con Bildu, pese a que acortar las penas de los terroristas en prisión ha sido históricamente una solicitud de su entorno, argumentando que se trata únicamente de «derechos humanos».
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