El programa informático creado, supuestamente, de manera desinteresada por Google, Telefónica e Indra para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense se promocionaba como un recurso destinado a asistir a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la gestión de proyectos vinculados con los ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible- y en la captación de financiamiento para llevarlos a cabo.
Aunque la plataforma dejó de estar disponible hace unos días, este medio ha podido acceder a toda su información y ha verificado que ofrecía a sus usuarios algo que denominaba “retornos”, además de contar con una sección exclusiva para corporaciones grandes.
La denuncia presentada por Hazte Oír, que menciona este aspecto en su demanda inicial, ha destacado también este apartado, ya que considera que puede representar una vía de financiamiento oculta que podría reforzar el delito de tráfico de influencias. Los usuarios registrados en el sitio web contaban con una «guía de usuario» donde se detallaba en qué consistían realmente los «retornos». “Son apoyos y financiamientos que esta Plataforma proporciona”, aclara el punto 11, y añade: “Hay cuatro categorías: inversiones (de empresas privadas), crowdfunding, entidades bancarias (créditos y ayudas) y licitaciones públicas (subvenciones y ayudas estatales)”.
“Estos retornos” -señalaba- “pueden ser muy beneficiosos para financiar tus proyectos, sean nuevos o en curso. Es una sección en constante evolución, ya que la Plataforma renovará estos recursos periódicamente”, enfatiza.
Esto demuestra que el sitio relacionado con el máster de Gómez no solo estaba diseñado para ayudar a las empresas a obtener financiamiento de actores del mercado financiero privado, sino también para facilitar el acceso a ayudas públicas, es decir, aquellas proporcionadas por distintas Administraciones del Estado.
Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid ha abierto la puerta para que el juez Juan Carlos Peinado continúe con sus pesquisas. La denuncia inicial relacionada con el ‘caso Begoña Gómez’ señalaba que Juan Carlos Barrabés, empresario involucrado en la investigación, podría haber obtenido múltiples contratos de la administración pública tras recibir cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también reportó un aumento significativo en los ingresos de las empresas de Barrabés desde que Pedro Sánchez asumió el cargo en La Moncloa.
Como consecuencia, el juez Peinado ha formalizado cargos contra Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción en el ámbito empresarial. Además, podría haber más delitos que se sumen en los próximos días, ya que el magistrado está evaluando temas relacionados con un software en particular. Las acusaciones populares consideran que este caso podría incluir delitos de malversación o apropiación indebida, entre otros.
Referente a las grandes empresas, informantes vinculados a esta investigación han destacado una opción de la plataforma que aún no se había implementado. Esta opción permitiría el acceso a ‘grandes empresas’, evidenciando que la web no estaba únicamente dirigida a pequeñas y medianas entidades, como se había indicado inicialmente.
El software en cuestión se promocionaba como una herramienta para la sostenibilidad, brindando a las empresas la posibilidad de «gestionar, medir y comunicar» su impacto. Se destacaba también la capacidad de conocer la normativa reciente en sostenibilidad y de transformar los negocios mediante retos y proyectos, buscando generar un impacto social y medioambiental significativo.
Los usuarios que estaban registrados podían crear un tipo de informe que, según lo informado por este diario, llevaba los logotipos de la Universidad Complutense y de la Cámara de Comercio, lo que le otorgaba un aire de formalidad.
El registro de esta plataforma, que comparte su nombre con la cátedra co-dirigida por Begoña Gómez en la Complutense, emerge como uno de los aspectos que necesita aclaración en la investigación judicial. La universidad complicó la situación de la esposa del presidente al presentar un documento en el tribunal que sugería que ella había registrado la plataforma a finales de 2023 sin el conocimiento del centro. Las compañías –Google, Indra y Telefónica– habían trabajado en su desarrollo como un proyecto para la universidad, que enfatizaba que Gómez la inscribió en la Oficina Española de Patentes, lo cual consideraban un uso indebido del material.
La eliminación del sitio web generó dudas entre las acusaciones populares, que sospechaban que se estaban destruyendo pruebas relevantes para el caso. No obstante, su abogado aclaró que Begoña Gómez había puesto en conocimiento de la universidad que la licencia de la plataforma estaba por expirar y que no planeaba renovarla. La Complutense, por su parte, no asumió los costos, lo que ha llevado a la eliminación del software para sus usuarios.
