El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha enviado al Tribunal Supremo el caso de Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, debido a la divulgación en redes sociales de una falsificación de una prueba PCR del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, según ha confirmado El Independiente.
Además, Pérez, líder del grupo Se Acabó La Fiesta (SALF), ha聘ado a uno de los abogados de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, para manejar sus asuntos legales.
La investigación en Barcelona comenzó tras una denuncia de la Fiscalía en 2021, cuando Alvise empezaba a hacerse un nombre en Twitter.
Durante un debate televisivo en la campaña electoral de ese año, distribuyó un documento de Covid falsificado con el propósito de desacreditar al candidato socialista, lo que le llevó a ser acusado de falsedad documental e injurias. Poco después, Salvador Illa se presentó como parte perjudicada en la investigación.
El Ministerio Público argumentó que la imagen de la prueba, que contenía el logo de la clínica QuirónSalud y se atribuyó a Illa, había sido «totalmente» fabricada por el influencer. Alvise Pérez fue citado a declarar como investigado en septiembre de ese mismo año.
Según fuentes legales, a lo largo de estos años se han realizado diversas diligencias, como solicitudes a Twitter para verificar la veracidad de lo difundido por el acusado. Sin embargo, al haber sido Alvise elegido para el Europarlamento, el juzgado ha perdido su competencia para concluir la investigación. Por esta razón, el 25 de septiembre se remitió el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde Alvise ahora tiene aforamiento.
Recientemente, Alvise ha incorporado a su nuevo abogado, Yegor Varela, quien, según algunas fuentes cercanas a él, será el encargado de manejar todos sus asuntos penales de aquí en adelante. Varela también estuvo al frente del último juicio en el que participó el conocido como ‘Pequeño Nicolás’, relacionado con un incidente en un restaurante que resultó en una multa de 350 euros para el joven debido a un corte causado a un empleado en 2019.
En las últimas horas, se ha especulado que esta decisión implica la salida de Luis de las Heras, el anterior abogado de Alvise, aunque las mencionadas fuentes aclaran que De las Heras se encuentra ahora en la Cámara europea y, por esta razón, no puede ocuparse de las investigaciones que afectan al político en suelo español.
Alvise se enfrenta a múltiples problemas legales en el Tribunal Supremo. La Fiscalía está evaluando una denuncia presentada por Álvaro Romillo, quien dirige el Madeira Invest Club, un supuesto «chiringuito financiero» que le proporcionó 100.000 euros en efectivo para su campaña electoral, lo que podría calificar como un delito de financiación ilegal de partidos. Además, se está investigando si ciertos mensajes publicados por Alvise en sus redes sociales constituyen amenazas hacia una jueza de Sevilla. Esta jueza abrió una causa contra Vito Quiles, colaborador de Alvise, tras una querella por calumnias del secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Al conocerse que Quiles debía declarar, el eurodiputado le dio a la magistrada un ultimátum de «24 horas» para cambiar su decisión.
Recientemente, la Audiencia Provincial de Sevilla decidió retomar un caso relacionado con la difusión de imágenes de la hija de Pedro Sánchez, las cuales fueron sustraídas de su perfil de Instagram. Además, el Juzgado de Instrucción número 4 en Madrid sigue avanzando con unas investigaciones por la revelación de secretos. Esto se debe a una demanda presentada por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, quien ha señalado a Alvise por compartir en su cuenta de Telegram el contenido extraído de su móvil, que estaba bajo la custodia de la Audiencia Nacional.
