El refrán sugiere que cada mal puede acarrear un bien. En el contexto de Vox y la ley que ha generado controversia en la oposición desde principios de semana, relacionada con el intercambio de datos sobre antecedentes penales y resoluciones judiciales en la UE, la percepción general dentro del partido es que el efecto es profundamente negativo.
Esto lo enfatizó la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, quienes expresaron sentirse «asqueados» por la situación que afecta a la organización. Sin embargo, algunos miembros de Vox apuntan que, desde una perspectiva política, la negativa del PSOE a retirar el proyecto de ley en el Senado podría marcar un «punto de inflexión» en la dinámica entre el PP y Pedro Sánchez.
«Sus líderes deben entender que no pueden llegar a acuerdos adicionales» con él, mencionan fuentes de Vox a nivel nacional.
Actualmente, el Gobierno ha optado por implementar una directiva europea que busca homologar las penas por delitos similares en los diferentes Estados miembros. Esto es algo que España aún debe resolver, aunque de forma parcial. En esencia, si una persona es condenada y cumple parte de su pena en un país miembro, y se permite su extradición, se procederá a contar los años restantes de condena sin necesidad de imponer una nueva pena por el mismo delito. En resumen, se trata de reconocer y validar las condenas ya impuestas.
La legislación prevista para cualquier tipo de delito también se aplica a los miembros de ETA que han cumplido penas en Francia relacionados con crímenes similares en España. En 2014, el Ejecutivo de Mariano Rajoy inició un proceso hacia la homologación con estándares europeos, aunque excluyó los delitos de sangre de ETA, frenando así la posibilidad de acumular penas anteriores al 15 de agosto de 2010 a través de una disposición complementaria. Ahora, ante la necesidad de alinearse con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS), se reaviva la discusión.
En este contexto, el Gobierno sostiene que sigue la línea establecida por el PP. De hecho, los representantes populares respaldaron esta iniciativa en comisión hace unos meses. El diputado del PP, José Manuel Velasco, quien asumió la ponencia, argumentó que «siendo una adaptación sencilla, debería haberse implementado correctamente para el 28 de junio de 2022». Otros miembros del PP, como Rafael Benigno y María Jesús Moro, así como todos los integrantes de la comisión, confirmaron haber analizado «con detalle la propuesta y las enmiendas presentadas». Sin embargo, no se dieron cuenta de que la enmienda de Sumar, que enfatizaba la convalidación de penas, implicaba cuestiones relacionadas con los miembros de ETA.
Específicamente, la enmienda de Sumar anula la disposición complementaria del PP de 2014, mientras que para los socialistas representa la única manera de aplicar adecuadamente la directiva europea en su totalidad. Fuentes del PSOE destacan que «justamente esa enmienda es la que corrige la desigualdad» para aquellos que enfrentan condenas previas a 2010. Por tanto, ni para ellos ni para la oposición, esta enmienda es vista como una jugada rápida.
Se registraron 13 enmiendas de fácil comprensión, contrastando con las posibles 800 que podrían aparecer en los presupuestos. Según los informantes, todos estuvieron de acuerdo después de medio año de proceso. La incertidumbre ha sido notable dentro del partido popular. A pesar de que el viernes se conocieron los detalles de la enmienda, surgieron interrogantes y divisiones sobre si la interpretación ofrecida era adecuada, tal como informó El Independiente.
Vox anticipa un cambio en la postura del PP
A esta situación en el ámbito parlamentario se añade un nuevo elemento: la presión ejercida por Santiago Abascal y su partido sobre el PP para que se aprueben los próximos presupuestos autonómicos en al menos seis comunidades, incluyendo Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Baleares. Se espera que, dada la negativa del PSOE a eliminar esta reforma legislativa y las discrepancias persistentes entre los populares y el Gobierno después de meses de negociaciones interrumpidas por la crisis migratoria, pueda existir un pequeño acercamiento entre Génova y Bambú. Aunque sea mínimo. No pasó con la cuestión de la amnistía, y lo mismo ocurre con el tema de la financiación y el cupo catalán.
Sin embargo, esta posibilidad es complicada debido a las exigencias poco flexibles que rigen los acuerdos tras las recientes decisiones del PP: la necesidad de restaurar leyes como la de Concordia en Castilla y León, su aplicación en Extremadura, y evitar recortes en Valencia. También demandan que no haya una distribución de menores extranjeros no acompañados. Desde el PP se defiende que debe haber acogida, pero que ésta debe ser gestionada de manera adecuada y ordenada, y que el Estado asuma responsabilidades, actuando de manera proactiva y cubriendo costos cuando la presión supere el 150% en alguna comunidad. Además, se espera que esta gestión vaya en conjunto con la Unión Europea. Actualmente, el PP se encuentra distante del enfoque que Vox desea.
Fuentes cercanas al partido popular indican que, al menos durante las próximas dos semanas, se intensificará la «presión» hacia Sánchez y el PSOE para que ofrezcan aclaraciones y reconsideren la normativa del Senado, haciendo uso de su autoridad legal. No se contempla una ruptura total entre ellos, ya que ambos partidos se ven a sí mismos como fundamentales dentro del sistema político. A pesar de las críticas mutuas sobre la falta de compromiso o la «colonización» de las instituciones, siempre surgirán temas que exijan amplios consensos.
Por ahora, el PP no se encuentra en la posición esperada por Vox.
Esta semana es crucial, y es vital no perder de vista lo esencial. Se debe insistir en encontrar una solución, ya que distraerse con otros asuntos solo beneficiaría al Gobierno ante las exigencias de EH Bildu, algo que ya se había solicitado en el pasado al Ejecutivo. Aún hay oportunidad y es indispensables que reconsideren su postura, sostienen las fuentes del PP consultadas. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, mencionó el 14 de octubre como una fecha determinante, que marca los 20 días obligatorios para una tramitación legislativa urgente. Es importante señalar que, si se produjera un verdadero distanciamiento entre el PP y el PSOE, Vox podría resultar el más afectado, ya que busca posicionarse como un partido independiente de la estructura política, especialmente del bipartidismo.
Resolver las diferencias con Espinosa de los Monteros.
Como se informó anteriormente, Iván Espinosa de los Monteros, quien fue exportavoz de Vox y actualmente está fuera de la política, está en proceso de crear una asociación civil con el objetivo de influir en el ámbito político. La intención es que dicha asociación se presente este mes de octubre. Según fuentes cercanas a El Independiente, numerosos concejales de Vox han solicitado a Espinosa considerar la opción de reconstituirse como partido político para participar en las próximas elecciones. Este entorno ha señalado que existe un «nerviosismo» dentro de Vox, dado que, a diferencia de la propuesta de Se Acabó la Fiesta, la iniciativa de Espinosa podría tener un impacto significativo. Sin embargo, este escenario ha sido descartado por su círculo cercano.
El eurodiputado Hermann Tertsch, figura destacada de Vox, expresó esta inquietud al comenzar la mañana del martes. Los aliados de Espinosa iniciaron el lunes mencionando las debilidades del partido. Destacadas personalidades de la formación, como Rubén Manso, su antiguo ideólogo económico, no perdieron la oportunidad de criticar a Vox, compartiendo un grafiti en la red social X y comentando que se sentían «engañados». Además, hizo referencia a un titular de ABC que comunicaba que Vox había solicitado al PP que postergara el trámite de una ley en el Senado, resaltando su preocupación sobre la situación actual. Juan Luis Steegmann, también exdiputado de Vox, hizo eco de la necesidad de que el partido reflexione seriamente sobre sus errores. En contraposición, Víctor Sánchez del Real pidió que se enfocara la crítica en Sánchez y sus aliados dentro y fuera del Gobierno.
Olona también señala que, durante la legislatura anterior, Vox ya había reconocido la posibilidad de que se produjeran reducciones de penas.
Macarena Olona no escatimaba esfuerzos para hacer más impacto. Resaltó que, actuando como portavoz del Ministerio del Interior, ya había comunicado al Gobierno que «esta medida permitiría que muchos condenados por terrorismo que hayan cumplido su pena en Francia se libraran de esos años en prisión». «Lo sabíamos, que nadie diga lo contrario», aseguró Olona, sugiriendo que se debería convocar al Secretario de Estado de Justicia para comparecer ante el Congreso el 22 de marzo de 2022.
En este contexto, Tertsch lanzó críticas hacia Espinosa. «Mucha de la indignación es genuina por el grave error de Vox al votar junto al resto de la Cámara a favor de una propuesta engañosa de un Gobierno cómplice de los terroristas. Pero el resto de los comentarios son solo elucubraciones de quienes buscan dañar a Vox», evaluó el eurodiputado. Para suavizar las acusaciones y eclipsar al exparlamentario y a sus leales, Tertsch manifestó que en cinco años solo ha habido dos fallos de Vox. Uno de ellos, sin intención, y el otro, directamente atribuido a Espinosa: «la abstención que evitó que el Gobierno enfrentara una crisis en la votación sobre los fondos europeos» del 28 de enero de 2021.
«Fue otro error monumental con consecuencias, tal vez más graves. Ocurrió bajo la dirección de líderes parlamentarios que ya no están en Vox o no ocupan lugares prominentes. Observen a Espinosa, responsable de aquella abstención, tratando de justificar lo injustificable. La lección es contundente: hay que tener más atención y reflejos ante un enemigo engañoso y traicionero», añadió el eurodiputado.
A pesar de que la dirección nacional de Vox había decidido no apoyar el modelo de gestión necesario para acceder a los fondos europeos, el equipo encabezado por Espinosa y Olona consideró que sería estratégico permitir que el PP asumiera solo la negativa, mientras Ciudadanos sugería una abstención, con el fin de que se presentara como poco solidario frente a un Vox que se mostraba patriótico en medio de la crisis post-pandemia. Finalmente, después de que la mayoría de sus diputados votaran de forma telemática, los naranjas comunicaron su oposición, junto al PP, argumentando la falta de acuerdos con el PSOE. Ellos fueron la única formación de derecha que se abstuvo y facilitó que se llevara a cabo la iniciativa. La reacción del ex-portavoz fue moderada: «Entiendo las dificultades que están atravesando, pero lamento que personas a quienes aprecio pierdan la prudencia. Es probable que lo hagan asumiendo que yo la mantendré, a pesar de las circunstancias. En eso, no se equivocan. Sin embargo, Vox está confundiendo su adversario. El verdadero enemigo está frente a nosotros; no disparéis a los costados».