En este momento, es probable que algunos de los etarras más violentos, aquellos con largas penas y sin signos de arrepentimiento, consigan que sus condenas sean reducidas si han acumulado tiempo en prisión en Francia. La modificación a la ley que aborda el intercambio de información sobre antecedentes penales en la UE, promovida por Sumar, estará en vigor pronto, aunque no este martes, que era la fecha prevista para su último trámite en el Senado, dado que el partido popular decidió retirar este asunto de la agenda.
Sin embargo, este proyecto no se alejará demasiado. La votación se llevará a cabo a más tardar la próxima semana. El Senado tiene un máximo de 20 días para procesar esta ley debido a su carácter urgente.
Jurídicamente, tanto fuentes políticas como legales en el Parlamento sostienen que para revertir esta reforma se necesitaría una nueva legislación; mientras tanto, los implicados se beneficiarán de la normativa actual, tal como ocurrió con la ley del «sí es sí».
No hay manera de revertir su aprobación y publicación en el BOE. La última votación en el Senado, reconocen fuentes de la Cámara Alta, «no tiene relevancia jurídica», ya que solo refleja un posicionamiento sobre el dictamen. Aclaran que el Senado «no aprueba leyes» en una segunda vuelta, su función es «enmendarlas o vetarlas», y en este proceso no ha realizado ninguna de las dos acciones en el Palacio de la Marina Española.
Existen interrogantes acerca de la posibilidad de que el Gobierno decida retirarla por completo.
Se ha iniciado un debate sobre si Moncloa podría optar por retirar la ley. Según el artículo 127 del Reglamento del Senado, el Gobierno tiene la facultad de retirar legislación en cualquier etapa antes de su aprobación final en la Cámara. Sin embargo, dado que el Congreso ha dado su aprobación y el Senado no ha planteado objeciones, el proyecto ya se encuentra en manos del legislativo. A pesar de eso, el Partido Popular sostiene que Moncloa y el PSOE podrían «detener este desatino». Será revelador lo que el Gobierno comente hoy durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Los populares reaccionaron alarmados el pasado viernes, aunque algunos juristas no compartieron la interpretación que El Confidencial realizó este lunes, medio que adelantó la situación a pesar de la imposibilidad de actuar en consecuencia. «Es una interpretación posible, pero hay diversas opiniones en el ámbito jurídico que no la avalan», señalaron fuentes de Génova a El Independiente. De todos modos, son conscientes de que la atención se está dirigiendo hacia ellos, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contactó a la presidenta de la AVT, Maite Araluce, para expresar sus disculpas.
En el Grupo Parlamentario de la Cámara Baja, liderado por Alicia García, están evaluando diversas alternativas legales, políticas y parlamentarias para intentar bloquear la reforma en cuestión. Hasta ahora, decidieron retirar del orden del día el proyecto de Ley Orgánica, aunque la impresión general es que poco se puede hacer para evitar su implementación, más allá de criticar al Gobierno por no haber sido transparente en sus intenciones, especialmente en lo que respecta a su estrecha relación con Bildu. Además, no se descarta la opción de presentar una proposición de ley con el fin de mitigar las repercusiones de la reforma para más de 40 etarras que han cumplido parte de su condena en Francia y ahora podrían beneficiarse de la reducción de penas.
Por otro lado, Vox se puso en contacto con el PP para presionarlo a que posponga el debate.
Este lunes, la dirección nacional de Vox intentó comunicarse con los líderes del PP para solicitar el aplazamiento del debate. Ambos partidos reconocieron haber cometido un error al votar a favor y pasar por alto los detalles de la enmienda presentada por Sumar. Según informaciones de la dirección nacional, a mediodía se volvió inviable realizar la conversación debido a la celebración del habitual comité de dirección del PP. Por ello, se decidieron a intentar nuevamente más tarde, aunque los detalles de este reintento aún no son claros. Vox instaba al PP a retirar este tema de la agenda y reprogramarlo para la semana que viene.
La solicitud de Santiago Abascal se centraba en que el PP cambiara la fecha para el debate y la votación, de modo que se pudiera interpelar al Ejecutivo durante la sesión de control del miércoles, por lo menos al presidente Pedro Sánchez. Se quería aclarar si el apoyo del PSOE a dicha enmienda se debía a un fallo involuntario o si fue intencionado. «Sánchez ha manifestado que no habrá beneficios para los reclusos de ETA. Necesitamos preguntarle si está de acuerdo con una enmienda que podría reducir la pena en seis años para el asesino de Miguel Ángel Blanco, Txapote. Si su respuesta es afirmativa, ni el PP, ni Vox, ni UPN podremos hacer nada, ya que no hay posibilidad de mayoría si el PSOE no se opone», enfatizan fuentes de Vox a nivel nacional.
Vox considera que no hay una vía viable para detener la iniciativa en conjunto con el PP y UPN si el PSOE no muestra disposición a respaldar una ley en el futuro.
El martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intentó reducir la cuestión a la implementación de una directiva europea y desvincularla de los presos de ETA: «No tiene relación alguna». Sin embargo, Bolaños no aclaró si el Gobierno estaba al tanto de esta implicación relacionada con la adaptación del texto y la enmienda presentada por Sumar, algo que tanto el PP como Vox cuestionan. Asimismo, no se pronunció sobre la posibilidad de realizar conmutaciones de pena ni si eso sería considerado positivo o negativo para el Gobierno.
Se evitan informes obligatorios.
Según la percepción de Vox, el Gobierno intentó evitar controversias públicas al omitir la enmienda de Sumar en la versión inicial del proyecto de ley. Esta enmienda se acordó solo más tarde en el Consejo de Ministros, donde se encuentran socialistas y miembros de Unidas Podemos. La presentación tardía de esta enmienda por parte de Sumar hizo que el partido de Abascal sospechara que se trataba de una estrategia deliberada para eludir una advertencia de organismos consultivos, como el Consejo de Estado, que habría emitido un informe necesario.
A diferencia de las proposiciones, los proyectos de ley deben ser revisados por esta entidad sin excepción, lo que lleva a Vox a creer que el PSOE era plenamente consciente de las repercusiones de su aprobación. Temían que se generara “ruido” debido a una publicación adversa, similar a lo sucedido con la ley de amnistía y la ley integral de garantía de libertad sexual. En ese contexto, fue el CGPJ el que advirtió sobre la posibilidad de una revisión desfavorable. El Consejo de Estado no abordó esa cuestión en su evaluación. Desde Vox afirman que cuando el Gobierno dio luz verde a la ley del «sí es sí», estaban al tanto de las implicaciones, ya que disponen de los mejores “servicios jurídicos” y pasan por numerosos filtros. Además, vinculan esta situación a un consenso previo con EH Bildu, oculto, por la investidura de Sánchez el año pasado, que incluiría cuestiones como la retirada de la Guardia Civil de Navarra o la derogación de la ley mordaza.
Dentro de Vox consideran «inaceptable» y «bochornoso» que el PSOE no actúe y retire la normativa tras enterarse de la situación. Esta decisión puede tomarse en cualquier momento antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, similar a lo que sucedió recientemente con la ley de Suelo, cuando surgió el temor de que Junts pudiera paralizarla. Se exige que este asunto «regrese al principio del proceso legislativo», lo que implicaría la necesidad de presentar nuevamente el proyecto y dar los pasos iniciales correspondientes. Si no se actúa de esta manera y el proyecto avanza, su capacidad de maniobra quedaría restringida a manifestaciones y denuncias continuas. Por otro lado, el Partido Popular, al haber conseguido más de 50 asientos en el Congreso, tiene la opción de llevar la ley al Tribunal Constitucional. En esa misma instancia, ya se encuentra un recurso relacionado con la amnistía. Hoy se está discutiendo la posible recusación del presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
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