Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, enfrentó un día desfavorable al recibir noticias sobre su situación legal. La Audiencia Provincial de Madrid ha restringido la indagación relacionada con su imputación por tráfico de influencias y corrupción. Sin embargo, ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a continuar con la pesquisa sobre sus actividades, lo que sugiere que podría haber un juicio pronto.
Además, la Universidad Complutense ha decidido cerrar el máster en el que ella participaba como docente. En otro ámbito, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está considerando la demanda que Pedro Sánchez presentó contra un magistrado, acusándolo de prevaricación.
El informe de la sección 23 de la Audiencia Provincial es claro y organiza la causa en tres categorías principales, con la posibilidad de una cuarta. En primer lugar, se menciona una supuesta concesión de subvención a Begoña Gómez que resultó ser falsa. En segundo lugar, se alude al rescate de Air Europa por parte del Gobierno, vinculado a una presunta relación entre Gómez y su antiguo jefe, Javier Hidalgo. Finalmente, se menciona la entrega de contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, apoyados por cartas de recomendación de la esposa del presidente.
Los primeros dos aspectos han sido excluidos de la investigación. El juez Peinado, quien lleva el caso, no está autorizado a realizar más diligencias que busquen verificar si existió influencia de la relación entre Gómez e Hidalgo en la asistencia financiera destinada a la aerolínea durante la pandemia. Este asunto se considera cerrado.
El tercer bloque relacionado con Barrabés y un cuarto vinculado al software creado por Gómez para la Universidad Complutense siguen avanzando en su proceso judicial. Esta situación es particularmente desfavorable para la investigada, ya que ha perdido la opción de presentar un recurso. Desde este momento, deberá afrontar la mayoría de las acciones que decida el juez Peinado, dado que la Audiencia Provincial ya realizó su labor, dejando claro que el magistrado tiene plena autoridad para manejar el caso a su conveniencia.
Los jueces han señalado que la instrucción es un proceso dinámico, que no puede quedar limitado a los hechos denunciados en un principio. En esta etapa de investigación, es necesario continuar indagando, y se considera que esta fase es «flexible» y «variable». Es un mensaje para el abogado de Begoña Gómez: cualquier protesta que desee presentar deberá esperar a la siguiente fase, donde el procedimiento cambiará para dirigirse hacia el juicio, lo que en la práctica facilita esa posibilidad.
El objetivo de la investigación es evaluar si se han tomado decisiones de manera libre, respetando un proceso acorde con las normas empresariales y las prácticas del sector, con el fin de determinar si hay indicios suficientes para avanzar hacia la siguiente fase del caso. Aún no hemos llegado a ese punto, y, si llegamos, también se deberá realizar una valoración sobre cómo proceder.
La decisión judicial es muy clara y permite que se aborde una investigación completa sobre la Universidad Complutense. Se menciona que hay comportamientos vinculados a otras organizaciones en relación con la creación y desarrollo de la cátedra de los másteres, lo cual merece ser analizado. Además, es importante señalar que no solo Barrabés está bajo sospecha, sino también el rector Joaquín Goyache.
Los jueces consideran que el concepto de tráfico de influencias debe interpretarse de manera amplia. Subrayan que la normativa europea exige sancionar este tipo de conductas, sin importar si la influencia se ha ejercido de forma efectiva; basta con el intento. También aclaran que esta investigación no es prospectiva, como había sostenido Gómez. Para ellos, la investigación debe iniciarse a partir de indicios concretos de posibles delitos, y no ser un simple rastreo general sin fundamentos claros. El enfoque es investigar a fondo cualquier circunstancia que pueda afectarlo.
Peinado ha superado su primer examen, aunque todavía enfrenta otro. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzará a analizar la demanda que Sánchez presentó en su contra, debido a que lo convocó de manera presencial en La Moncloa, cuando este prefería ejercer su derecho a declarar por escrito. Expertos legales tienen serias reservas sobre la viabilidad de la demanda planteada por la Abogacía del Estado. Sin embargo, la situación se complica más con la denuncia que Gómez ha presentado, en la que argumenta que el juez violó el secreto de sumario al comunicar a las partes ciertos aspectos de la investigación.
