El Partido Popular intensifica su ataque contra el PSOE en el Congreso luego de que la Mesa del Senado decidiera postergar el debate sobre la ley de intercambio de información sobre antecedentes penales y las resoluciones penales de la Unión Europea.
Esta ley ya fue aprobada en la Cámara Baja y ahora debe superar su tramitación en el Senado. La fecha límite para ello es de dos semanas, dado que fue enviada con carácter urgente, con un máximo de 20 días para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, hizo hincapié en este asunto este martes, previo a la Junta de Portavoces.
«Es una vergüenza. El PSOE debe aclarar su posición», comentó Tellado, quien destacó que, a través del diputado Enrique Santiago, «Sumar ya ha admitido una clara intención» de incluir dicha enmienda. Ahora corresponde al otro sector de Gobierno «aclarar si Sumar ha llevado a cabo un engaño con la ayuda de EH Bildu», si se trata de un error, o si «están en un compás de espera y esto es una concesión a los de Arnaldo Otegi» relacionada con la investidura de Sánchez el año pasado. Tellado cuestionó si esto era otro elemento del «pacto oculto». Demandó que «si no apoyan esos beneficios a los presos de ETA, el PSOE tiene hasta el 14 para retirarla». «Que lo haga si realmente quiere enfrentar a las víctimas y ser responsable con su electorado», agregó el diputado gallego, quien considera que «sería incomprensible que el PSOE no aproveche esta ocasión».
El Partido Popular (PP) enfatiza, según lo señalado por El Independiente, que no existen alternativas para detener la ley, salvo que el Gobierno contacte al presidente del Senado, Pedro Rollán, para que paralice la normativa. «La responsabilidad recae en el Ejecutivo, que tiene la capacidad de solicitarlo», destacó. Los populares, junto con otros partidos como Vox y UPN que apoyaron la votación, han reconocido su parte de responsabilidad por no haber comprendido adecuadamente el contenido de las enmiendas. En particular, Tellado defendió a sus colegas de la Comisión de Justicia, apuntando que «Junts presentó enmiendas que beneficiaban al señor [Carles] Puigdemont, y los representantes del PP se enfocaron en ellas por su relevancia, perdiendo probablemente de vista otras que venían de Sumar y que parecían inofensivas». Tellado afirmó que «no es momento de buscar culpables», sino de exigir al Gobierno que, sobre todo el PSOE, tome medidas y frene la situación.
Cuca Gamarra ha dirigido una carta al ministro de Justicia, Bolaños, con el fin de entablar un diálogo sobre este tema durante el martes.
En la actualidad, el Partido Popular se encuentra en una situación en la que intenta «ganar tiempo mediante el aplazamiento del tema en agenda», aunque la decisión final recae en Moncloa. La oposición plantea la idea de retirar la ley vigente y reiniciar el proceso, con la intención de proponer un nuevo proyecto sin los elementos cuestionados, una vez se presente el dictamen completo para votación. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho declaraciones relevantes, salvo por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Este lunes, tras su encuentro con Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, mencionó que la ley en cuestión «no se basa en eso». Las enmiendas presentadas por sus socios de coalición son, por lo menos, poco claras. El Partido Popular admitió, horas después de las declaraciones de Bolaños, que estaban al tanto de estas desde el pasado viernes y que sus asesores legales indicaron un posible favoritismo hacia los etarras, tal como informó El Confidencial. Sin embargo, hay voces que contradicen esta afirmación.
Según fuentes de este medio, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha dirigido una carta a Bolaños para discutir este asunto durante el día. Es probable que esto ocurra después del Consejo de Ministros.
Si el Gobierno decide no retirar la legislación en el Senado, será complicado corregir el error con un nuevo documento, similar a lo que ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’, aquellas modificaciones que surgieron debido a las reducciones de penas a agresores sexuales. Actualmente, no existe una mayoría alternativa que no incluya a los socialistas junto con el PP, Vox y UPN, al menos por ahora. Si llegara a ser posible, esto no evitaría que ciertos etarras, como Txapote, responsable de la muerte de Miguel Ángel Blanco, pudieran buscar un recurso para reducir su condena. Se calcula que esto podría ser unos seis años. El PP asegura que, en tal caso, utilizaría todos los recursos a su disposición, incluyendo un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque Tellado no ha especificado las opciones concretas.