La representación del PP español en Estrasburgo ha presentado una consulta a la Comisión Europea, en la que señala que España ha hecho poco progreso en su lucha contra la corrupción. Atribuyen esta falta de avances a que «Pedro Sánchez enfrenta actualmente varios escándalos relacionados con su esposa, su hermano y exministros de su gobierno, los cuales incluso involucran fondos europeos».
Un ejemplo de esto es la investigación de la Fiscalía Europea sobre si el empresario Juan Carlos Barrabés se benefició de ayudas comunitarias debido a su relación con Gómez.
Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha cuestionado a la Comisión sobre «qué acciones tomará para instar al Gobierno español a actuar».
Además, subraya que los informes sobre el Estado de Derecho en la UE destacan la urgencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los populares recuerdan que el Ejecutivo debería haber aprobado dicha reforma antes de septiembre de este año, pero «no se ha presentado ningún texto y no se ha progresado» en las acciones que definirían la duración de las investigaciones y procesos judiciales.
Asimismo, el Greco ha solicitado mayor rapidez en las acciones de España. «No es una coincidencia que el Gobierno de Sánchez retrase la implementación de la ley para fortalecer la lucha contra la corrupción, al tiempo que los casos de corrupción lo acosan cada vez más. Si no lo hace por su cuenta, el PP está aquí para solicitar a la Comisión Europea que intervenga en defensa de los intereses económicos de los españoles y sus instituciones», afirma la portavoz popular, coincidiendo con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que respalda la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre los contratos de Barrabés y el máster de la Universidad Complutense.
El Grupo de Estados contra la Corrupción, también llamado Greco, ha subrayado la importancia de intensificar los esfuerzos en la lucha anticorrupción, que es un asunto crucial para la Unión. Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha estado desinteresado en esta causa. En vez de ello, ha disminuido las sanciones y simplificado los tipos de delitos, además de otorgar amnistías a criminales. Esto va en contra de lo que solicita la Unión Europea, que aboga por una política de cero tolerancia hacia la corrupción.
