Finalmente, el Senado no llevará a cabo el debate programado para este martes en el pleno sobre la ley que regula el intercambio de antecedentes penales, la cual facilitaría la liberación anticipada de hasta 44 reclusos de ETA. Este aplazamiento se debe a una decisión del Partido Popular.
Sin embargo, este retraso no significa que el proyecto se retire, ya que el Gobierno tiene la opción de anular cualquier iniciativa en cualquier etapa del proceso legislativo, y ha decidido mantener el texto en circulación. El Ejecutivo sostiene que no ha habido ningún tipo de «engaño» hacia el Partido Popular, argumentando que la formulación es «idéntica» y «literal» a la que fue aprobada en 2014 por el Consejo de Ministros bajo la dirección de Mariano Rajoy.
Los socialistas instan a los populares a dejar de utilizar el terrorismo de manera «indigna», afirmando que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien asegura que ETA «está más fuerte que nunca», resultan ser un «insulto» a las víctimas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la sociedad en general.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tuvo que responder durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a múltiples interrogantes sobre este tema. La ministra de Educación se esforzó en defender la tramitación del proyecto a lo largo de todo el proceso, aunque no aclaró por qué la coalición Sumar presentó la enmienda fundamental que permitirá que los etarras convaliden las penas cumplidas en otros países. En cualquier caso, el Gobierno se adueña de esta enmienda y ha decidido no retirar el proyecto, el cual actualmente se encuentra en el Senado.
Alegría subrayó que el PP no ha cometido «despistes ni errores» y que ahora se siente «engañado» por el Gobierno. Según explicó, la ley proviene de la adaptación de una directiva europea (2019/884), la cual es «indiscutible» y se refiere al intercambio de información sobre antecedentes penales. La ministra destacó que el Consejo de Estado aprobó «unánimemente» la redacción en su informe del 16 de diciembre de 2023, específicamente en las páginas 53 y 54. Sin embargo, este dictamen se emitió antes de las enmiendas que Sumar presentó en el Congreso, las cuales fueron aceptadas por los grupos durante la ponencia, en la comisión y en el pleno, sin recibir objeciones.
Alegría también mencionó una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 3 de enero de 2024. En esta se alertaba sobre la necesidad de «ajustar la normativa europea», destacando también la importancia de «evitar la desproporcionalidad de las penas en la sanción de delitos cuando hay sentencias internacionales coincidentes».
La ministra enfatizó que el proyecto ha sido «discutido, tratado y acordado de manera unánime en ponencia, comisión y pleno del Congreso», y que en el Senado no se presentaron enmiendas ni vetos. Insistió en que la enmienda de Sumar, que resultará en la reducción de penas para presos etarras, es «exacta», «idéntica» al texto aprobado en 2014 por el Consejo de Ministros bajo Rajoy. Por lo tanto, Alegría instó al PP a «dejar de engañar y de mentir», afirmando que «no existe error ni fallo alguno».
