La cúpula de Vox se reunió este lunes en su sede principal con todos sus líderes regionales para discutir la negociación de los presupuestos autonómicos junto al Partido Popular. Este encuentro es especialmente relevante en aquellas regiones donde Vox tiene un papel clave.
Esto se torna más crítico después de la salida de cinco miembros del consejo de gobierno y la pérdida de apoyo en Baleares durante junio, así como las mayorías simples que han emergido en las filas del PP. Tales circunstancias complican la aprobación de los presupuestos, especialmente debido a las relaciones tensas con el PSOE, que a nivel nacional también enfrenta la falta de apoyo por parte de Alberto Núñez Feijóo, en lugares como Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia.
En Baleares, la posible deserción hacia el Grupo Mixto y los conflictos internos dentro de Vox crean dudas sobre el caso de Marga Prohens.
La información sobre esta reunión fue proporcionada por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, ante la mirada expectante de los responsables regionales que se congregaron en la sala multiusos de Bambú, donde tuvo lugar el encuentro. La capacidad de diálogo con el PP es complicada, sobre todo porque Vox se opone a las negociaciones que los populares han llevado a cabo con Coalición Canaria y el Gobierno de Pedro Sánchez para establecer un sistema de acogida y distribución de menores no acompañados. Este diálogo, sin embargo, se ha visto afectado recientemente. Según lo informado por El Independiente a mediados de septiembre, aunque Vox entrará a la negociación con un conjunto general de propuestas que sus líderes adaptarán, las fuentes regionales dentro del partido consideran que el PP probablemente no logrará avanzar con los presupuestos, interpretando esta situación como una estrategia de presión.
Fúster abordó recientemente el tema de la negociación con el PP a través de tres fundamentos y diez puntos clave, enfrentando así un panorama ya complicado. Estas bases incluyen la necesidad de «revisar las normativas de Vox que han sido derogadas o paralizadas tras el cambio en los gobiernos regionales», como ocurre con la ley de Concordia en Castilla y León, por citar un ejemplo. Además, se plantea «el rechazo claro y directo de las administraciones regionales a las políticas de recepción y distribución de inmigrantes irregulares que propone Sánchez». También se aboga por «el desarrollo de estrategias efectivas, ordenadas y completas para el retorno» en el marco de las competencias disponibles, con el propósito de «contrarrestar los repartos obligatorios y evitar el efecto llamada que promueven juntos la UE y Moncloa».
Es importante señalar que la implementación de las leyes de Concordia ha variado notablemente entre las distintas comunidades. En Baleares no se llegó a un acuerdo, en Aragón no se presentó ningún proyecto, aunque se retiró la ley de Memoria Histórica regional —la cual ya está en manos del Tribunal Supremo—. En Extremadura se discutió sin avanzar hacia una legislación definitiva, ya que María Guardiola decidió no continuar, mientras que en la Comunidad Valenciana la ley se aprobó completamente. Allí se esperan ajustes una vez que se complete el trámite presupuestario para evitar descontentar a Vox. En Castilla y León, hace dos semanas se rechazó su consideración. Fúster, en una rueda de prensa, subrayó que «no se trata únicamente de Vox, también del PP. Son leyes beneficiosas para los votantes del PP. Las políticas que dieron lugar a los acuerdos de gobierno son positivas para todos».
Desde Vox se sostiene que las leyes que se acordaron con el PP para las coaliciones disueltas son ventajosas para toda la ciudadanía.
Si se logran superar esas complejas condiciones iniciales, Vox demanda, en un contexto general que podría adaptarse según la situación de cada zona, diez exigencias. Reitera su «compromiso firme contra la inmigración irregular y las políticas de atracción, enfatizando la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales». Exige un «refuerzo en la seguridad ciudadana» y una «solución ante la ocupación» y «los empadronamientos no regulados». Las otras ocho propuestas se relacionan con el ámbito económico o de servicios: reducciones fiscales «para toda la población», medidas «en apoyo de la familia, la natalidad y el acceso a la vivienda», así como «mejoras sustanciales en la calidad de los servicios públicos». Se solicita al PP que realice «recortes en el gasto público innecesario» y se pone de nuevo la mirada en los sindicatos. En este caso, podría ser más fácil alcanzar un acuerdo, aunque la cuestión migratoria es fundamental.
Se exige una «protección del campo y de las zonas rurales frente a las exigencias medioambientales». Es necesario invertir en sanidad con «criterios de sostenibilidad y eficacia del sistema». Se destaca la importancia de fortalecer, entre otros aspectos, para «salvaguardar la vida». Esta mejora en «la calidad» también se aplica a la Educación. Además, se solicita «la eliminación de normativas que sean incompatibles con la libertad y la igualdad de los españoles». Para finalizar, se demanda la «protección de la unidad e integridad de nuestro país».
Reconocen la complejidad de lograr acuerdos.
Al ser cuestionado sobre la interrupción del diálogo entre el Gobierno y el PP en relación a la crisis migratoria, el portavoz nacional, Fúster, no consideró que esto fuera un factor determinante para el inicio de las negociaciones. En Vox se manifiesta que la disposición para dialogar con el PSOE se mantiene, al igual que en otros temas, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, volvió a utilizar el término «estafa», afirmando que «el PP sigue la misma estrategia», similar a la que empleó antes del verano en la renovación y el colapso de los gobiernos.
Fúster indicó que continúan «realizando gestos, pero conspiran con el PSOE en lo fundamental, ya sea para el reparto de jueces o para las regulaciones masivas de inmigrantes». Mencionó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se está tramitando en el Congreso. El PP ya ha solicitado que esta iniciativa sea restringida y que todos los casos sean revisados, excluyendo la regularización de inmigrantes con antecedentes penales. El portavoz hizo hincapié en que cualquier gesto del PP hacia Vox debería emanar de los presidentes autonómicos, diferenciando así estas cúpulas de la de Génova. Afirmó que Feijóo «forzó la ruptura» con Vox y sugirió que, si los presidentes del PP están involucrados, podrían alcanzarse acuerdos, con la intención de provocar divisiones en el partido.
El tema de la excarcelación de etarras también fue mencionado.
En la comparecencia de Fúster, se le interrogó sobre la legislación relacionada con el intercambio de datos de antecedentes penales y cómo se consideran las resoluciones penales en la Unión Europea. Este proyecto de ley ya obtuvo aprobación en el Congreso y fue enviado al Senado, contando con el respaldo de Vox, y presenta una enmienda de Sumar que podría resultar en la disminución de penas para hasta 44 integrantes de ETA en Francia, lo que podría llevar a la liberación de siete de ellos. La inclusión de esta enmienda se realizó junto con la eliminación de una disposición adicional y la modificación del artículo 14.1 de la normativa. Así lo reveló este lunes el medio El Confidencial. Desde Vox hay incertidumbre acerca de si se trata de un descuido o de una clara intención, ya que la modificación presenta ambigüedades en su interpretación.
Fúster calificó esto como «una maniobra legal» para «introducir esa enmienda», refiriéndose a «un nuevo engaño del PSOE». En caso de que se trate de un error, confían en que se detenga para «reformar» la ley, según indicó el portavoz, quien aseguró que el Gobierno tiene la capacidad para ello. Ni el PP ni Vox, ni tampoco los funcionarios de los servicios jurídicos del Parlamento, advirtieron sobre los problemas de interpretación que podrían derivar en dichas reducciones de penas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) demanda que se tomen acciones al respecto.
