La controversia en el Tribunal Constitucional en torno a las recusaciones sobre la amnistía ha cobrado más fuerza tras la exclusión de Juan Carlos Campo de las deliberaciones. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido analizar cada recusación pendiente (la suya, la de Laura Díez y la de José María Macías) de forma secuencial, lo que ha suscitado dudas sobre si busca consolidar una mayoría progresista ante la recusación de Macías.
Según algunas fuentes, si los cuatro magistrados en cuestión se abstuvieran de participar y se organizara un único debate, los resultados podrían variar significativamente.
La sesión prevista para el martes 8 comenzará con la recusación presentada por el PP contra Conde-Pumpido.
Este último ha incluido en la agenda exclusivamente su propio caso, dejando de lado los de Díez y Macías. Así, se anticipa que, tras una resolución negativa sobre su recusación, podrá unirse a la siguiente discusión. De esta manera, al resolver la recusación de Díez, ella también podrá participar en la de Macías.
Por lo tanto, cuando llegue el momento de decidir sobre la permanencia del magistrado conservador, el equilibrio inclinará hacia una mayoría progresista, con Conde-Pumpido y Díez de regreso: seis a cuatro. Como se ha señalado, si todos los recusados se abstienen, podría ocurrir un empate, lo que llevaría a que la vicepresidenta Inmaculada Montalbán tuviera un voto decisivo, aunque existen discrepancias sobre si este escenario realmente se daría.
En cualquier circunstancia, no es en ese lugar donde se concentran todos los esfuerzos; más bien, explican que la recusación de Macías genera diversas interrogantes, y piensan que en un cara a cara equitativo, podría suceder que algún miembro progresista no apoyara la votación.
Las diversas fuentes consultadas coinciden en que las recusaciones del presidente y de Díez casi con certeza no prosperarán. Ningún juez considera apropiado que Pumpido sea apartado por haber tomado decisiones en casos relacionados con el procés que carecían de conexión directa, ni que Díez deba hacerlo solo por haber sido parte del equipo del ministro de Justicia, Félix Bolaños. La jurisprudencia del Tribunal es clara al respecto: «De esta forma, confunden las instituciones con quienes las representan o asignan a alguien la condición de parte cuando es obvio que no puede tenerla».
El foco del análisis legal se centrará en la recusación de Macías. Los argumentos de la Abogacía del Estado señalan que él participó en informes durante su tiempo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando la inconstitucionalidad de la amnistía. Por lo tanto, ha comprometido su imparcialidad para ser parte del debate. El ala conservadora opina que, en estas circunstancias, los progresistas se aliarán para adoptar los argumentos del asesoramiento legal del Gobierno, buscando que Macías quede excluido del estudio sobre la Ley de Amnistía.
El caso de Espejel y el aborto
Algunos miembros de este bloque advierten que esto implicaría un cambio significativo en la jurisprudencia del Tribunal. El Constitucional desestimó en febrero del año pasado la solicitud de la conservadora Concepción Espejel para abstenerse de revisar el recurso sobre el aborto, que llevaba 12 años en espera. Ella deseaba apartarse porque creía que ya se había pronunciado previamente en un informe elaborado cuando era vocal del CGPJ, coincidiendo con la publicación de la norma.
Los siete integrantes progresistas manifestaron su oposición al no haber sido enviado el informe del Consejo al Gobierno, señalando que la base jurídica utilizada data de hace más de diez años. En contraste, los conservadores consideran que la situación de Macías es «similar». «La única distinción era que, en aquel momento, Cándido Conde-Pumpido también habría tenido que apartarse, pues participó en informes en su rol como fiscal general del Estado», señalan.
Esta semana, Macías ha dirigido un escrito al presidente solicitándole que evite «fraccionar» la resolución sobre las recusaciones presentadas, argumentando que eso podría resultar en la creación de un Tribunal «a medida». A su juicio, se ha adoptado un criterio «asimétrico» que compromete la neutralidad del resultado. «De acuerdo al criterio de organización que se ha decidido aplicar, los cuatro magistrados recusados y los que se han abstenido quedaremos lógicamente excluidos de participar en la resolución de nuestras propias recusaciones; sin embargo, si se rechazan, parece que usted tendrá la posibilidad de participar en una sesión posterior donde se evaluará la recusación de la magistrada Díez y la mía», expone el escrito al que este medio ha tenido acceso.
Para él, la solución es clara: «Cuando hay varios magistrados recusados, la decisión debería ser tomada por una Sala en la que ninguno de los recusados esté presente, para que no influyan en la resolución de su propia recusación ni en la de los otros». Los conservadores apoyan esta perspectiva, lo que sugiere que el debate que comenzará este martes será complicado.
