El Ministerio del Interior ha llevado a cabo la deportación de un grupo de 25 solicitantes de asilo saharauis, que habían permanecido durante un mes en las áreas de inadmisión en el aeropuerto de Barajas. Esta acción del ministerio, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ignora la recomendación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien había solicitado que se permitiera su entrada a España mientras se procesaban sus solicitudes de asilo.
Según informaron fuentes jurídicas a El Independiente, estos 25 saharauis fueron forzados a abordar un vuelo comercial con destino a Marrakech, que salió de Madrid en las primeras horas de la madrugada. De ellos, 16 se encontraban en la Terminal 1, mientras que el resto estaba en la T4.
Entre los deportados se encuentran Rbab al Tarad Yahi, de 27 años; su esposo Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34; y su pequeña hija Aziza, de solo un año y medio. Rbab, en una conversación con el activista saharaui Taleb Alisalem, suplicó por la posibilidad de entrar en España, ya que parte de su familia ha obtenido asilo en Francia hace cuatro años. «Culpamos al gobierno español de lo que nos pueda suceder si somos enviados de regreso a Marruecos», afirmó en una charla que fue divulgada en la página web Contramutis. «Vinimos en busca de protección y nos han tratado como criminales. La comida es terrible, hay escasa atención médica; tenemos niños enfermos y la atención sanitaria tarda entre 24 y 48 horas en llegar. Pasamos frío, hay chinches que han picado a los niños, algunos ya tienen infecciones. Podrías estar al borde de la muerte o ver a tu hijo morir en tus brazos, y nadie te auxilia», relató la joven. Su madre, Aicha Talbi, viajó a Madrid tras la llegada de su hija el 9 de septiembre y trató de establecer un campamento en Barajas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió una solicitud para permitir la entrada en el país de varios activistas saharauis. El pasado viernes, el Ministerio del Interior llevó a cabo una orden de expulsión, enviando en un vuelo comercial a Marrakech a dieciséis de estos activistas, quienes fueron obligados a embarcar con las manos atadas con bridas de plástico, y se contrató a una compañía de seguridad marroquí para el traslado. Tras el aterrizaje, dos de los activistas fueron detenidos y sometidos a interrogatorio por las autoridades marroquíes. Los saharauis que aún están en el aeropuerto de Barajas tienen programado un vuelo de deportación para el 10 de octubre.
Todos los deportados poseían documentos que confirmaban su origen saharaui, los cuales fueron emitidos por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por España a partir de un censo de 1974. Además, contaban con una recomendación positiva de Acnur para que se les permitiera la entrada con el fin de completar su solicitud de apatridia, que va paralela a la de protección internacional. Sin embargo, el Ministerio de Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha intentado restar importancia a su condición de saharauis en varias ocasiones.
Acnur había argumentado en varios informes la conveniencia de permitir temporalmente su ingreso en el país, citando las dificultades relacionadas con los plazos del procedimiento de apatridia y la imposibilidad de resolver el caso de manera expedita mientras el solicitante permaneciía en el aeropuerto. Este argumento se apoyaba en una decisión reciente del Tribunal Supremo, que determinó que se puede iniciar un procedimiento de apatridia en un punto fronterizo mientras se tramita una solicitud de protección internacional. Entre el viernes y el sábado, el Gobierno accedió a admitir temporalmente a dos activistas saharauis que se encontraban en Barajas, permitiéndoles permanecer en el país mientras se analizan sus respectivas solicitudes de protección internacional.
Un activista saharaui está relacionado con otro que ya ha recibido asilo en España. Aunque en un primer momento su entrada fue rechazada, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha decidido tramitar su petición de protección internacional.