El Parlamento Europeo ha decidido analizar cómo afectaría el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales durante sus sesiones plenarias. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, busca reunir información suficiente antes de abordar la recurrente solicitud del Gobierno para oficializar estas lenguas en la Unión Europea.
Durante una reunión celebrada en Estrasburgo (Francia) este lunes, Metsola compartió con la Mesa del Parlamento la última comunicación del Gobierno español que respalda esta propuesta, según señalaron fuentes parlamentarias a Europa Press.
El análisis estará a cargo del Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, que incluye a cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos de origen español: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).
Este grupo fue constituido el pasado mes de septiembre, antes de que se enviara la carta de Albares, y está presidido por el eurodiputado liberal eslovaco Martin Hojsík. También participan representantes de la Izquierda europea y de los ultraconservadores del ECR, como Younous Omarjee de Francia y Antonella Sberna de Italia.
Aunque Metsola no ha especificado un plazo para finalizar el análisis, las fuentes consultadas mencionan que se espera que el proceso tome «meses más que semanas», y se descarta cualquier extensión más allá de este periodo legislativo. El propósito del estudio es obtener información detallada sobre el costo que implicaría la traducción en las sesiones plenarias, en términos de recursos humanos e infraestructura, así como evaluar si hay suficiente personal calificado para garantizar las interpretaciones de las tres lenguas mencionadas.
La búsqueda de una solución y la capacidad de «tomar decisiones» basadas en las conclusiones y sugerencias del grupo de trabajo son temas destacados por diversas fuentes. Este asunto es considerado fundamental en la agenda del gobierno español, aunque los desafíos relacionados con las lenguas minoritarias trascienden las fronteras de España. A pesar de que el gobierno sostiene que la particularidad de la situación española y sus lenguas cooficiales no se puede aplicar a otros países de la UE, desde Bruselas se observa este debate como un tema que podría influir en los 27 estados, especialmente en lo que respecta a otras lenguas minoritarias.
Respecto a la oficialidad del catalán, euskera y gallego, esta discusión ha llegado a la Mesa por tercera vez, pero es la primera vez que se le da seguimiento, ya que anteriormente no había un interés real por profundizar en el tema. Este momento se da tras un cambio legislativo que ha modificado el equilibrio de partidos en el ‘Bureau’ del Parlamento Europeo. Desde septiembre de 2022, la presidenta Metsola ha recibido tres misivas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitando que se reconozcan las tres lenguas cooficiales dentro de la Eurocámara, en línea con las regulaciones que ya se aplican en el Consejo y la Comisión Europea. Además, el gobierno ha tratado de avanzar una propuesta para reformar las normativas lingüísticas de la UE, buscando el estatus oficial de estos tres idiomas a nivel comunitario, una de las demandas que figura en el acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
A pesar de los esfuerzos, la negociación se encuentra bloqueada en el Consejo debido a las reservas planteadas por diversos países. Estas reticencias giran en torno a cuestiones legales, prácticas y financieras relacionadas con el reconocimiento de las tres lenguas. Para tratar de resolver estas inquietudes, el Gobierno ha sugerido que España cubra los gastos de traducción que implicaría hacer oficiales estas lenguas en la UE. La Comisión Europea ha estimado que el costo anual podría alcanzar los 132 millones de euros, aunque este cálculo se basa en la experiencia con el gaélico y su aplicación en las instituciones europeas, lo cual no se puede comparar directamente con la implementación del catalán, gallego y euskera en los plenos.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país