Desde el pasado viernes, el Partido Popular tenía conocimiento de una modificación legal que podría beneficiar a más de cuarenta prisioneros de ETA con reducciones en sus penas. Esto se debe a una enmienda de Sumar que se ha incorporado a la ley orgánica 7/2014, la cual regula el intercambio de información sobre antecedentes penales y reconoce resoluciones penales de la Unión Europea.
Fuentes del partido han confirmado esta información a El Independiente.
La reforma se aplica a aquellos reclusos que cumplieron sus condenas en Francia, lo que podría resultar en una reducción de la pena para Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote, y potencialmente liberar a más de diez etarras.
Sin embargo, los populares se muestran escépticos sobre la interpretación presentada por El Confidencial, que reveló la noticia en la jornada de ayer. Algunos expertos legales creen que el análisis del diario no es el adecuado. Si bien «hay una posible interpretación», también existen otras opiniones dentro del ámbito judicial que difieren, según han comentado fuentes del PP.
Actualmente, el Partido Popular está intentando retrasar la discusión y votación de esta legislación en el Senado, donde poseen mayoría absoluta. Esta etapa es crucial para evitar que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su paso por el Congreso. Las limitaciones temporales complican este proceso, ya que la tramitación se realiza por vía urgente y debe completarse en un plazo de 20 días, dejando muy poco tiempo hasta la próxima semana.
Una posible opción sería que el Gobierno decida por su propia iniciativa anular la norma si la considera incorrecta tras la aceptación de la enmienda de Sumar. No obstante, esto sigue siendo incierto y supone un riesgo de tergiversación. Enrique Santiago, un diputado del grupo magenta, ha manifestado su intención de retirar la enmienda. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del PSOE ha limitado su comentario a calificar la normativa como una adaptación de una directiva de la UE, asegurando que no tiene relación con ETA.
En relación a la enmienda presentada por Sumar al artículo 14.1 de la norma, esta estipula que: «Las condenas firmes previas emitidas en otros Estados miembros para la misma persona por diferentes hechos tendrán los mismos efectos legales que las condenas firmes dictadas en España, tanto en la fase previa del proceso penal, durante el proceso mismo como en la ejecución de la sentencia». La falta de claridad en la interpretación de esta enmienda ha provocado dudas entre los miembros del Partido Popular, quienes apoyaron el dictamen en el Congreso sin haberse percatado de estas implicaciones. Esta falta de atención también se reflejó en el equipo de letrados de la Cámara Baja, según indican diferentes fuentes.
Vox ha admitido su equivocación y ha solicitado al PP que evite que se vote este asunto.
En las primeras horas de la tarde, Pepa Millán, la representante de Vox en el Congreso, ofreció una conferencia de prensa asumiendo la responsabilidad del partido por no haber notado la inclusión de una enmienda. Este asunto también fue señalado anteriormente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Millán expresó sus «más sinceras disculpas» por este desliz y subrayó que, debido a la distribución de fuerzas, la oposición por parte de Vox, PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) había hecho imposible que esta propuesta prosperara. La aprobación fue unánime.
En su opinión, esta normativa y la falta de revocación por parte del Gobierno en este momento reflejan la «corrupción moral» a la que se enfrenta. Calificó al Gobierno como «extremista, golpista y vinculado a terroristas tanto nacionales como internacionales». Este movimiento, solicitado por EH Bildu, según Vox, responde a la urgencia de aprobar los Presupuestos, justo después de que se eliminara la ley mordaza. Por ello, se insta al PP a dejar de ser un apoyo ocasional del PSOE y posicionarse como una «oposición total».
Millán hizo un llamado al Gobierno para que revierta su decisión y retire este proyecto de ley, el cual considera «engañoso». Además, insistió en que su apoyo no se alinea con la «verdadera» voluntad del Congreso. Desde su partido, exigen la aplicación del artículo 127 del Reglamento del Senado para obligar al Ejecutivo a retirar la propuesta.
