Un diplomático español, llamado José Lorenzo Outón, albergó durante un año a una familia originaria de Sudán en el garaje de la embajada de España en Mauritania. Un funcionario con amplia trayectoria en la Administración General del Estado ha presentado una denuncia en los tribunales de Plaza de Castilla, y, si se admite, será la Audiencia Nacional la encargada de la investigación.
Los acontecimientos se sitúan en abril de 2023, cuando Lorenzo Outón ocupaba el puesto de segundo al mando en la embajada española en Nuakchot, la capital de Mauritania. Este rol es el segundo más relevante después de la embajadora. De manera inesperada, una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijos, provenientes de Sudán, se instaló en el garaje de la residencia oficial.
Fotos en poder de este medio muestran que en el espacio había un colchón y un camping gas.
El garaje, que abarcaba «alrededor de 15 metros cuadrados», de acuerdo con el denunciante (quien trabajó con Outón entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024), estaba conectado directamente a la cocina. El padre de familia desempeñó diversas tareas para Outón, que incluían conducir su auto, realizar diligencias y colaborar en eventos de la embajada. Además de la denuncia, este periódico ha podido confirmar la información con tres testimonios directos.
«Los adultos han ofrecido sus servicios a la familia del diplomático sin un contrato formal ni compensación económica definida, aprovechándose de la vulnerabilidad y la dependencia de estas personas. A esto se suma que el alojamiento proporcionado genera una situación que no es compatible con la dignidad humana», se señala en la denuncia.
Antes de establecerse en Mauritania en 2021, Outón estuvo varios años en Sudán. Durante su estancia, se encontró con una familia a la que, prometiendo un futuro mejor, decidió llevar a la embajada de Mauritania. Según las informaciones recabadas, su plan al salir de África era trasladar a la familia a una finca de su propiedad en Cádiz, donde podrían trabajar.
De acuerdo con la legislación vigente, los diplomáticos están autorizados a llevar consigo a personal de servicio cuando se encuentran en el extranjero. Los tratados internacionales los llaman «criados». Para ello, es necesario registrarlos en el régimen de seguridad social en España o en el país donde se encuentran. Si los trabajadores son extranjeros, como la familia sudanesa en esta situación, el registro debe llevarse a cabo a través de organismos españoles. La denuncia presentada solicita que se investigue en la Tesorería General para saber si en algún momento se les dio de alta.
Además, se exige a los diplomáticos que informen a la embajada sobre la presencia de personas externas viviendo con ellos, ya sea por cortas visitas o por períodos más prolongados. Fuentes consultadas indican que al entrar y salir del recinto no se registraban sus datos ni se llevaba un control. Outón, dado su puesto, era responsable de la seguridad en dicho lugar.
La embajadora estaba al tanto
El informe de denuncia afirma que la situación era conocida por los habitantes de la embajada, incluyendo a la embajadora, Míriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, quien también enfrenta acusaciones por su conocimiento de estos hechos. Asimismo, se menciona que «policías nacionales» que residían a poca distancia del diplomático, así como otros funcionarios de la embajada y personal de la Agregaduría Económica y la Guardia Civil, también fueron testigos de lo ocurrido.
Las informaciones recopiladas indican que la familia sudanesa ya no se encuentra en la embajada situada en Mauritania. Lorenzo Outón abandonó ese lugar este año. De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado, fue designado como consejero en la embajada de París el 18 de abril, donde percibe un complemento salarial de 22.910,30 euros.
«Estaba desconcertada sobre la razón de su presencia allí y deseaba retornar a su país», relata un testigo que estuvo en la embajada durante esa época. Esta persona escuchó al diplomático señalado declarar en múltiples ocasiones que «podía llevarlos a España» cuando él quisiera y que su intención era trasladarlos a su propiedad en Cádiz.
Este medio ha intentado contactar tanto a Lorenzo Outón como al Ministerio de Asuntos Exteriores, sin embargo, no ha recibido respuesta.
Denuncia adicional
Este caso representa la segunda acusación relacionada con la embajada de España en Mauritania en los últimos tiempos. La primera, revelada por este periódico, se centró en delitos medioambientales en conexión con una de las piscinas del complejo donde reside la delegación española.
A lo largo de dos años, desde 2022 hasta el verano pasado, una de las piscinas ha experimentado pérdidas significativas de agua a diario. La fuga era tan severa que la piscina se vaciaba casi por completo cada día. La solución adoptada por la embajada durante estos dos años ha sido abrir un grifo para llenarla cada 24 horas.
La piscina está adyacente a las residencias de los funcionarios que sirven en la Cancillería. Sus dimensiones son aproximadamente 18 metros de largo por 9 de ancho, y su profundidad máxima alcanza unos 2 metros, tal como se detalla en la denuncia. El denunciante estima que se pierden alrededor de 14 metros cúbicos de agua al día, equivalentes a 14.000 litros.
El comunicado indica que quienes están al mando de la Embajada de España en Mauritania son plenamente conscientes de estas situaciones, tanto por la duración de los eventos como por las alertas emitidas por el personal encargado del mantenimiento, tanto interno como externo.
