El Defensor del Pueblo ha decidido hablar en medio de la crisis provocada por el rechazo del Ministerio del Interior a ofrecer protección internacional a los solicitantes de asilo saharauis, quienes han estado atrapados en el aeropuerto de Barajas durante semanas.
Después de que 16 de ellos fueran deportados a Marruecos este viernes, en condiciones denunciadas de agresiones y falta de higiene, Ángel Gabilondo ha instado al ministro Fernando Grande-Marlaska a reconsiderar su política de rechazos sistemáticos hacia los saharauis y a permitir la entrada al país de quienes continúan en la sala de inadmitidos.
En un comunicado enviado a la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Gabilondo menciona que ha propuesto a la dirección general de Protección Internacional que se permita la entrada a todas las personas provenientes del Sáhara Occidental que están en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esto se solicita conforme al artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, ya que se ha iniciado un procedimiento automático para el reconocimiento del estatus de apátrida en la frontera de dicho aeropuerto, con el objetivo de garantizar que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías legales, tal como se establece en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el mencionado Real Decreto y la Sentencia número 1091/2020 del Tribunal Supremo del 23 de julio de 2020.
La entidad que forma parte del Ministerio del Interior no ha ofrecido respuesta al Defensor del Pueblo. Hace años, el mismo departamento, liderado por Grande-Marlaska, desatendió la sugerencia del Defensor de evitar asignar intérpretes de origen marroquí o en dariya, el dialecto árabe de Marruecos, a los solicitantes saharauis, debido a la clara tensión entre ambas regiones y la necesidad de que los solicitantes de asilo realicen sus declaraciones en un ambiente favorable y seguro, como exige la ley.
“Esta acción no interrumpirá en ningún caso los plazos para presentar recursos administrativos o judiciales que se consideren necesarios, ni la implementación de las resoluciones o acciones implicadas”, enfatiza el alto comisionado de las cortes generales, en relación con la crisis que desde hace varias semanas se desarrolla en el aeropuerto de Madrid. En la mañana del viernes, el Ministerio del Interior llevó a cabo una orden de expulsión que resultó en el envío de 16 activistas saharauis en un vuelo comercial hacia Marrakech. Estos solicitantes fueron obligados a abordar con las manos atadas con bridas de plástico, y se contrató a una firma de seguridad marroquí para supervisar el vuelo. Al llegar, dos de los solicitantes fueron arrestados y sometidos a interrogatorio por la policía de Marruecos.
Falta de presión eficaz.
Durante varias semanas, organizaciones sociales, partidos políticos y asociaciones judiciales han estado pidiendo a Grande-Marlaska que permita la entrada a España de personas que están en proceso de solicitar asilo y apatridia. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha ignorado estas solicitudes. Cuando se le ha preguntado acerca de la situación, el ministro no ha hecho referencia al origen saharaui de estos solicitantes, a pesar de las denuncias sobre las deplorables condiciones en las salas de inadmitidos, donde se han reportado problemas de higiene, presencia de chinches y malos tratos por parte de los funcionarios encargados. Además, las respuestas negativas del Ministerio han sido meras repetidas que no evalúan de manera individual cada caso, contraviniendo la normativa existente.
En el aeropuerto de Barajas, hay actualmente 15 saharauis en las áreas de asilo. Un grupo de ellos ya tiene programada su deportación para el próximo domingo 6, en un vuelo con características similares al anterior. Todos los deportados cuentan con documentos que certifican su origen saharaui, ya sea emitidos por la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) o por España, mediante un censo realizado en 1974. Además, disponen de una recomendación positiva por parte de ACNUR para que se les permita la entrada con el fin de completar su solicitud de apatridia, que está vinculada a la protección internacional. A pesar de ello, el Ministerio de Grande-Marlaska ha intentado desestimar su condición de saharauis en múltiples ocasiones.
ACNUR, en varios informes, ha abogado por permitirles la entrada temporal a España, argumentando que los plazos para el procedimiento de apatridia son muy limitados, y que no es posible resolverlo en un tiempo razonable mientras los solicitantes permanecen en el aeropuerto. Esta postura se fundamenta en una sentencia reciente del Tribunal Supremo que permite iniciar un procedimiento de apatridia mientras el solicitante está en un puesto fronterizo, a la vez que tramita otro de protección internacional.