La cooperación entre países será esencial para aclarar lo sucedido y localizar los hasta 300 millones de euros que el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, afirma que podrían estar relacionados con la quiebra del Madeira Invest Club (MIC).
Este club de inversión, catalogado como un «chiringuito financiero», entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para su campaña. Calama ha comenzado una indagación dirigida hacia Álvaro Romillo, el fundador del club, y a cuatro de sus socios. Además, ha instaurado una pieza secreta para determinar las medidas cautelares pertinentes.
Se anticipa que la investigación será complicada, tal como lo ha indicado el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4. Es crucial desentrañar las operaciones de las numerosas sociedades vinculadas, que tienen ramificaciones internacionales. Estas entidades están conectadas con países como Estados Unidos, República Dominicana, Estonia, Albania y Portugal. Este último se considera una parte fundamental del rompecabezas, ya que allegados a Romillo sugieren que marca el inicio del fin para el Madeira Invest Club. Según el denunciado, el negocio se esfumó de repente cuando la cuenta principal, donde fluía gran parte del capital, ubicada en Portugal, fue bloqueada. Las razones de este bloqueo son inciertas: algunos mencionan un proceso de cumplimiento normativo y otros citan una causa judicial también en Portugal, aunque nadie puede ofrecer certezas. Esta será una de las primeras dudas que Calama deberá aclarar. La Audiencia Nacional ha recibido tres denuncias contra la empresa en cuestión, interpuestas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Afectados por Inversiones de Criptomonedas, representada por el despacho de Zaballos Asociados, y la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, defendida por Arángez Abogados.
El juez ha determinado que hay suficientes evidencias para proceder con las denuncias, ya que se puede identificar claramente un delito de estafa. La magnitud del dinero involucrado y el elevado número de perjudicados hacen que esta situación sea competencia del órgano judicial pertinente. La oficina de Emilia Zaballos representa al 90% de las víctimas y recientemente presentó una ampliación de la denuncia en la que solicitó que un administrador judicial del Estado asumiera la gestión de los bienes inmuebles relacionados con el caso. La operativa del Madeira Invest Club, tal como ha detallado este medio, incluía inversiones en restaurantes madrileños como el Carbón Negro, disponía de una sede en el exclusivo barrio de Salamanca dotada de cajas fuertes, así como un concesionario de coches de lujo. El fiscal se ha mostrado a favor de esta medida, de acuerdo con fuentes legales. Sin embargo, toda información relacionada con medidas cautelares, como la congelación de cuentas o acciones preventivas adoptadas por el juez, ha sido declarada como secreta. Las autoridades están investigando la magnitud de esta gran estructura, estimando que podría haber unos 27.000 implicados. Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como Luis Cryptospain, fundó el Madeira Invest Club (MIC) en 2023, alcanzando notoriedad por sus asesoramientos en evasión fiscal. El modelo de MIC se basaba en la compra de arte digital, inversiones en complejos turísticos en República Dominicana, así como en oro, criptomonedas y relojes, entre otros. Ante la atención mediática, Romillo se presentó personalmente en la Fiscalía General del Estado para declarar que había entregado dinero en efectivo a Alvise Pérez. Ahora, las indagaciones de la Audiencia Nacional están centradas en Romillo, aunque su denuncia contra Alvise sigue su curso y está siendo revisada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que el eurodiputado goza de aforamiento allí.
En su situación, enfrenta cargos por financiamiento ilegal de un partido. En lo que respecta a Luis Cryptospain, los denunciantes enumeran una serie de delitos: fraude, malversación, pertenencia a organización criminal, lavado de dinero, falsificación de documentos y publicidad engañosa. Diversas fuentes consultadas durante la indagación indican que los pasos que Calama busca tomar comenzarán con la implementación de medidas cautelares. Los datos que se obtengan de estas acciones proporcionarán información crucial para entender cómo operaba este «negocio financiero». Una vez que se disponga de toda esta información, Romillo será convocado a declarar para que se le pueda interrogar sobre todos los aspectos. Como él mismo dio a conocer en un video a inicios de esta semana, está ansioso por presentarse y compartir lo que sabe. El juez entonces determinará si lo mantiene en prisión preventiva o si le permite quedar en libertad mientras se prosigue con la investigación.
