Categorías: Política
|
4 octubre, 2024 12:51 am

Un experto forense ha detectado «señales» de falsificación en los papeles de Paula Ordovás en el caso que enfrenta por fraude

Compartir

El experto judicial encargado del caso que investiga a la influencer Paula Ordovás por presuntamente haber estafado más de 200.000 euros a un antiguo socio ha detectado «signos» de posible falsedad en varios documentos presentados por su defensa ante la autoridad judicial.

Advertisements

Aunque no es un especialista en la materia, al revisar la documentación del caso, ha llegado a la percepción de que estos podrían haber sido alterados. Fuentes del ámbito legal que estuvieron presentes el pasado jueves en el Juzgado de lo Social de Plaza de Castilla, en Madrid, informaron que el perito opinó que tanto en las facturas como en el contrato de préstamo aportados por la influencer, quien también es sobrina de Ramón Tamames, podrían existir indicios de manipulación.

Advertisements

La investigación se centra en determinar si Ordovás se apropiaron de más de 200.000 euros de una empresa de fitness que había constituido en sociedad con el conocido entrenador personal Miguel Peinado. Durante la pandemia de Covid-19, Ordovás y Peinado fundaron la empresa Better Naked, que ofrecía una aplicación con clases de entrenamiento en línea, logrando un notable éxito al generar más de 50.000 euros mensuales en sus primeros tiempos. El atractivo principal era que los seguidores de Ordovás, que suman más de medio millón en Instagram, podían entrenar con la guía de Peinado. Ambos socios se repartieron la sociedad al 50%, aportando uno su capacitación y el otro su notoriedad.

Sin embargo, la situación cambió en 2021, cuando Paula Ordovás y su esposo, Eduardo Nieto, solicitaron a la Oficina Española de Patentes que registrara «Better Naked» a su nombre. Adicionalmente, comenzaron a exigir a Peinado una serie de pagos para poder seguir utilizando el nombre de la empresa. Según se ha informado, Miguel Peinado sufrió «hostigamiento personal» por parte de la pareja, quienes intentaban que les vendiera su parte de la sociedad por una cantidad ínfima, aproximadamente 40.000 euros.

Recibió burofaxes considerados como «coacciones» en su domicilio y en el de sus padres. De manera abrupta, la tarjeta que utilizaba el entrenador para acceder al estudio de grabación dejó de funcionar, además de que se le impidió el acceso a su cuenta bancaria. Al inicio, el juzgado investigó a la pareja por la apropiación ilegal de la marca, pero Peinado amplió la denuncia al considerar que la influencer había transferido a su beneficio un total de 207.008,12 euros de los fondos de la empresa. En una resolución del caso, el juez observó que dichos retiros de dinero eran «inexplicables y totalmente desvinculados de la actividad» de la compañía de entrenamiento, lo que provocó una «desconexión patrimonial» de la sociedad. La parte acusadora sostiene que Ordovás utilizó esos fondos para establecer Casa Manuela, un negocio en el sector hostelero. En enero del 2023, el juez solicitó a un perito que verificara si las transferencias recibidas por Ordovás estaban justificadas, es decir, si correspondían a servicios «efectivamente proporcionados» y si eran coherentes con la actividad empresarial. El perito designado por el juez indicó el jueves que detectó «indicios» de falsedad documental en las facturas, según informaron las fuentes consultadas.

En cuanto al contrato presentado por Ordovás ante el juzgado como justificante de los 207.000 euros, este se refería a un préstamo entre ella y su marido. Según este acuerdo, la empresa deportiva transfería dinero a la influencer, quien se comprometía a devolverlo mediante el uso de su imagen. Aunque el contrato está fechado el 1 de abril de 2022, la defensa contrató un análisis del Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE), que reveló que en realidad fue creado el 5 de febrero de 2023. Por lo tanto, «el contrato ha funcionado como un documento que aparenta haber sido firmado el 1 de abril de 2022, cuando en realidad se elaboró en 2023».

Según los especialistas, se trata de un contrato que carece de autenticidad y no se trata de un archivo escaneado. Fuentes consultadas indican que esto podría ser considerado un delito de falsificación documental. El perito judicial expresó su opinión este jueves, alineándose con lo que dijo sobre las facturas.

';