Los llevaron a todos. Este es el mensaje que ha estado circulando durante horas entre los activistas que abogan por la causa saharaui, quienes han intentado sin éxito detener lo que ocurrió a medianoche del viernes. Después de varios intentos fallidos, el Ministerio del Interior deportó a Marruecos a una veintena de solicitantes de asilo saharauis que llevaban semanas en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas.
El ministro Fernando Grande-Marlaska busca cerrar un capítulo en el que ha evitado mencionar públicamente la nacionalidad saharaui de los deportados, en medio de denuncias sobre los intérpretes de origen marroquí asignados, las pésimas condiciones sanitarias del lugar y la información que su oficina ha proporcionado a los medios.
Las imágenes de los momentos finales en Barajas retratan a Hammou Ali, un hombre sordo y gravemente enfermo de cáncer, esposado con bridas de plástico en el avión que lo trasladó a Marruecos, a pesar de las protestas de asociaciones judiciales y sociales, así como de partidos políticos que alertaron sobre el riesgo que enfrenta su vida con esta expulsión, que podría llevarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ya había sancionado a España en 2014 por situaciones similares. A lo largo de la última semana, el ministerio liderado por Grande-Marlaska canceló en dos ocasiones la visita de miembros de la Comisión de Interior del Congreso a las instalaciones de Barajas donde se encontraban los solicitantes, además de bloquear el acceso de varios diputados de Sumar y Podemos. Entre los que tenían orden de expulsión para este jueves estaban la familia de Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, y Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 años, junto a su hija Aziza, de tan solo año y medio.
Rbab experimentó un aborto mientras se encontraba en Barajas, y los oficiales de la Policía Nacional se negaron a permitir que ella permaneciera en el hospital durante la noche, a pesar de lo recomendado por los médicos. En la lista de afectados figuran Hammou Ali, quien es sordo y padece cáncer, así como Abderahman Aliat, un activista cuyo caso ha sido ampliamente informado. Este último fue secuestrado y brutalmente torturado por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Cabe mencionar que, a finales del domingo, la Policía Nacional, bajo críticas por denuncias de malos tratos y la falta de condiciones higiénicas en la sala de inadmitidos, intentó llevar a cabo la expulsión de decenas de personas, entre ellas varios individuos con órdenes de deportación este jueves. Según fuentes próximas a los activistas, cuando ya estaban en la pista, más de diez de ellos se negaron a embarcarse en el vuelo y fueron devueltos a la sala de inadmitidos en el aeropuerto de Madrid, donde continúan desde entonces.
En cuanto a la visita de los miembros del Congreso, esta ha sido aplazada en dos ocasiones. La primera estaba programada para el domingo pasado, pero fue cancelada por el Ministerio de Interior, dirigido por Grande-Marlaska. La segunda visita, planeada para el lunes por la tarde, también fue suspendida. Fuentes cercanas a los diputados involucrados han confirmado que no se llevó a cabo. El lunes, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, denunció nuevamente la postergación de la visita.
En una conferencia de prensa, la representante de Más Madrid explicó que, durante la semana pasada, siguiendo las recomendaciones de la presidenta de la Comisión de Interior del parlamento, Carmen Castilla, solicitaron al ministerio el permiso necesario para visitar a los activistas en el aeropuerto. En un primer momento, el Ministerio del Interior permitió el acceso a Tesh, el portavoz adjunto de Sumar, así como al diputado de Bildu, Jon Iñarritu. Sin embargo, nos han informado que dicha visita se pospondrá, y Sidi expresó su esperanza de que no sea demasiado tarde. La diputada también enfatizó que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había presentado informes positivos sobre la entrada de solicitantes a España, incluyendo casos de menores y situaciones de emergencia humanitaria que requieren atención. Señaló que España tiene una obligación histórica con el pueblo saharaui y recordó que la nacionalidad que Marruecos otorga a los saharauis es una imposición.